El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.

Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.

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El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.

“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.

Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.

“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.

Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.

“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.

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El delicado estado de salud de Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre, imposibilitó realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se debía resolver si el autor del terrible accidente iba a ser derivado a la cárcel de Tacumbú. Sanabria Vierci está imputado luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino, donde fallecieron varias personas entre ellas una diplomática alemana.

La jueza penal de Garantía de Caacupé se constituyó hasta el sanatorio privado donde está internado el imputado Sanabria Vierci y debido al delicado estado de salud del mismo no se pudo llevar a cabo la diligencia judicial. Se esperará que mejore su cuadro clínico para que se pueda realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares.

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La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.

En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.

La única que hasta el momento pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. La niña está internada luchando por su vida en el área de terapia intensiva del Hospital de Trauma. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.

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De enero a octubre de 2024, la Itaipú Binacional transfirió al Estado paraguayo USD 462 millones en concepto de royalties, compensación por cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande).

Los desembolsos se realizaron en el marco de las condiciones establecidas en el Anexo C del tratado de la Binacional. Desde la hidroeléctrica remarcaron que se encuentran honrando en tiempo y forma sus compromisos financieros con el Estado.

De acuerdo con el informe de la Dirección Financiera de Itaipú, el Ministerio de Economía y Finanzas recibió USD 223 millones por royalties y USD 191 millones en carácter de cesión de energía. Por su parte, la ANDE recibió USD 48 millones por utilidades y resarcimientos de las cargas de administración y supervisión.

En lo que refiere solo a las transferencias efectuadas en el décimo mes del corriente año, los royalties representaron USD 21 millones, mientras que USD 20 millones fueron inyectados por cesión de energía. A su vez, la ANDE percibió USD 1,6 millones; sumando así unos USD 43 millones los desembolsos de la Binacional en octubre.

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Según establecen las legislaciones nacionales, una parte de los royalties es destinada al financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras que otra importante porción, el Tesoro Nacional la transfiere a los gobiernos departamentales y municipales.

En el caso específico de la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y un porcentaje también es distribuido a municipios y gobernaciones.

Por otro lado, los pagos de Itaipú a la ANDE, en tiempo y forma, le permiten a la empresa pública tener fondos garantizados y previsibles para así cumplir sus planes de inversión, con el fin de proveer un servicio de electricidad de calidad en todo el territorio nacional.

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Con un préstamo de USD 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la multilateral apoyará a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en la transformación digital de su administración tributaria y aduanera, para que los contribuyentes y las empresas se beneficien con mejores servicios.

Este programa mejorará la eficiencia en la recaudación de ingresos tributarios y aduaneros nacionales, y mejorará la calidad de los servicios de facilitación de comercio exterior y tributarios, indicaron desde la institución. También mejorará los procesos y la coordinación entre ambas áreas mediante la fusión de las bases de datos de contribuyentes y la mejora de la gestión de riesgos tributarios y aduaneros.

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En la administración tributaria se ampliarán los servicios en línea para los contribuyentes, se ofrecerán declaraciones prellenadas del impuesto al valor agregado para contribuyentes grandes y medianos, y se promoverá el uso de facturas electrónicas en las operaciones de comercio exterior.

En la administración aduanera, el préstamo del BID apoyará la reorganización de los procesos y operaciones aduaneras, la actualización del Código Aduanero y la adopción de tecnologías digitales para mejorar las operaciones.

Parte de esta iniciativa también financiará el despliegue de una arquitectura tecnológica fortalecida y mejorará las capacidades de ciberseguridad, almacenamiento y procesamiento de datos. Esto permitirá la implementación de una plataforma de análisis robusta para mejorar el cumplimiento tributario y reducir la evasión.

Cabe recordar que la DNIT fue establecida en 2023 con el objetivo de administrar eficiente y eficazmente el sistema tributario interno y aduanero, así como impulsar a la formalización y a la inclusión social. Al respecto, resaltan que se trata del primer préstamo firmado por la DNIT con el BID.

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