La Cámara de Diputados tiene previsto analizar como primeros puntos del orden del día en su próxima sesión ordinaria, dos proyectos de ley que plantean la exoneración de pagos de las tasas de peajes en todo el país, por un lado y por otro, la exoneración de la misma tasa en los peajes del departamento de Itapúa.

Durante la última reunión de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, establecieron el orden del día para la plenaria ordinaria del próximo martes 1 de abril. Como primer punto incluyeron el proyecto de ley “Que establece el procedimiento jurídico marco para la exoneración del pago de la tasa de peajes en todo el país”.

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Esta propuesta busca que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tenga una herramienta legal a la hora de exonerar el pago de la tasa de peaje a los ciudadanos. El documento expone que la iniciativa surge en respuesta a las constantes manifestaciones de pobladores de diversos distritos, que se oponen al pago de la tasa de peaje y solicitan su exoneración en los puestos habilitados dentro de sus municipios.

El proyecto establece, además la exoneración total del pago del peaje a los habitantes de los distritos donde se encuentran los puestos de cobro. “Este beneficio aplicaría para un máximo de dos veces al día (ida y vuelta) y solo en los peajes ubicados dentro del municipio de residencia del beneficiario. Además, se propone una reducción del 50% en la tarifa para los residentes de distritos aledaños dentro del mismo departamento”, explica el documento.

Asimismo, la iniciativa que se encuentra en su primer trámite constitucional contempla la exoneración total del pago de peajes para ambulancias, unidades de emergencia médica, vehículos oficiales de las Fuerzas Públicas y cuerpos de bomberos, con el fin de garantizar la operatividad de estos servicios esenciales sin costos adicionales.

Por otra parte, se incluyó además una segunda propuesta similar, pero en este caso, se solicita la exoneración del pago de peaje dentro del Departamento de Itapúa. Plantea la exoneración de las tasas al tránsito automotor en la estación ‘Portal de Itapúa’, ubicada en el kilómetro 281 de la Ruta PY01, distrito de General Delgado del Departamento de Itapúa, a los vehículos de ciudadanos de la comunidad de San Ramón del distrito de Santiago (Misiones) y Gral. Delgado (Itapúa)”.

Según la exposición de motivos, la iniciativa tiene como objetivo aliviar la carga económica de los habitantes de la región, los que deben desplazarse diariamente por dicho tramo para cumplir con sus obligaciones laborales, comerciales, educativas y de salud.

Añade que la iniciativa surge en respuesta al Decreto Nº 3.420, emitido el 28 de febrero de 2025 por el Poder Ejecutivo, que ordenó el traslado del peaje del distrito de Coronel Bogado al distrito de General Delgado.

“Esta reubicación, que entró en vigencia el 4 de marzo del presente año, ha generado un fuerte rechazo por parte de los ciudadanos afectados, los que han manifestado su descontento y exigen alternativas que mitiguen el impacto económico de la medida”, expresa parte del documento de fundamentación del proyecto.

El proyecto de ley, que también se encuentra en su primer trámite constitucional, establece la exoneración del 100% del pago de peaje para los ciudadanos de San Ramón y General Delgado, siempre que presenten documentos que acrediten su residencia en dichas localidades.

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El director ejecutivo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Nelson Peralta, resaltó que la media sanción lograda para la modificación de la Ley de Patentes que el pasado martes aprobó la Cámara de Diputados es producto de un trabajo conjunto que llevaron adelante la organización, la Agencia Nacional de Transporte, legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.

En comunicación con La Nación/Nació Media, resaltó que desde el inicio del diálogo en la búsqueda de la modificación de la Ley que entró en vigencia en diciembre pasado han mantenido constantes reuniones y diálogos tanto con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, como con diputados y senadores. Incluso, destacó que ya se conversó con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus asesores, a fin de dar celeridad a su tratamiento, aprobación y finalmente promulgación.

“Esperamos que el Senado pueda tratarla esta semana y de ser posible aprobarla, de tal modo que antes del 31 de marzo el presidente de la República pueda promulgar la nueva Ley modificada. Esto, teniendo en cuenta que hay municipios en los que este 31 de marzo ya vencen las patentes. Entonces, con los nuevos precios los ciudadanos podrán acercarse a pagar”, precisó.

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Nelson Peralta resaltó que desde la organización están conformes con lo resuelto por la Cámara de Diputados, que aprobó esta semana las modificaciones que habían planteado a la legislación que entró en vigencia en diciembre del año pasado. Indicó que desde la Opaci han trabajado en la elaboración de las modificaciones.

“Nosotros habíamos elaborado una propuesta que decía que el costo más bajo no podría ser inferior al 0,4% del jornal mínimo,y que el porcentaje máximo no debería superar el salario mínimo vigente. Esto fue lo que finalmente ellos sacaron de lo que nosotros presentamos”, explicó.

Remarcó que con el equipo técnico de la Opaci, junto al equipo técnico de la Agencia Nacional de Transporte, se reunieron con los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, además del vicepresidente primero Marcelo Salinas y los miembros de los consejos departamentales de intendentes municipales, para acordar los puntos que fueron tratados y modificados por el plenario en la sesión ordinaria del martes pasado.

Peralta destacó que en la nueva ley que está siendo estudiada por el Congreso se establece, en uno de sus artículos, la instalación de un ente de control que deberá velar por el cumplimiento de la Ley, que es la Agencia Nacional de Tránsito.

“Anteriormente no existía una institución que controlara a los intendentes para el cumplimiento de la Ley. Ahora es la Agencia la que estará a cargo de los controles, y esa ley con media sanción, si es que no la modifica el Senado, dice que el intendente que expida incorrectamente una habilitación o una patente será multado con un jornal mínimo diario por cada habilitación mal concedida”, precisó.

Respecto a la Agencia Nacional de Transporte, señaló que es la que está integrada con la presidencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que delega en el director general, rango de viceministro de Transporte. Cuenta con una junta o consejo nacional que integran además de la titular del MOPC; sus pares, los ministros del Interior, Salud Pública, Educación, los intendentes de Asunción y Guarambaré, el titular de Opaci.

El director Ejecutivo de la Opaci resaltó que con estas modificaciones que se están introduciendo, los costos de las patentes van a bajar, ya que al principio se establecía el 0,5 % sobre el valor imponible y ahora se estableció el 0,3 % sobre el valor imponible.

“En algunos municipios se les fue verdaderamente de las manos, llegando a cobrar G. 50.000 por la patente de un auto 2015 o 2020, eso no correspondía, pero lo hicieron. Ahora deberán cobrar conforme al valor imponible”, precisó.

Finalmente, indicó que una vez promulgada esta Ley con sus modificaciones, desde la Opaci ya cuentan con un programa que les permitirá a los municipios hacer los correspondientes cálculos de acuerdo al vehículo que solicite su habilitación. Precisó que a los 264 municipios del país se les entregará el programa que tiene cargado todas las marcas de los vehículos, modelos, años, procedencia; además si tiene 4 puertas, 2 puertas, es naftero, diésel, eléctrico o híbrido.

“Cada vehículo tiene un costo diferenciado y nosotros desde la Opaci vamos a entregar este programa a cada municipio, donde al introducir los datos de la cédula verde, ya le estará diciendo cuánto es su impuesto a la patente. Nosotros ya tenemos todo preparado, estamos esperando que se apruebe. A partir de ahí, queda a cargo de cada intendente cobrar el monto que se le indica. La Agencia Nacional de Transporte se encargará de controlar el cumplimiento de la Ley”, concluyó.

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El Ministerio de Industria y Comer­cio (MIC) informó que a través de las indus­trias maquiladoras las expor­taciones totales registraron envíos por USD 197 millo­nes durante los primeros dos meses del año. Este dato representa un aumento del 23 % en comparación con el mismo periodo de 2024, por un valor de USD 37 millones.

Con precisión, solo en el mes de febrero se exportó por un monto total de USD 98 millones lo que repre­sentó un aumento del 15 %. Este desempeño positivo muestra la capacidad del sector para generar valor agregado y contribuir a la balanza comercial del país, resaltan desde el MIC.

En lo que va del 2025, el 83 % de las exportaciones de las industrias maquilado­ras se concentran princi­palmente en: autopartes (30 %), productos de alumi­nio y sus manufacturas (18 %), confecciones y textiles (17 %), productos alimenti­cios (10 %), y plásticos y sus manufacturas (10%).

Desde Industria y Comer­cio indican que estos resul­tados positivos confirman la importancia del régimen de maquila como dinamizador de la economía paraguaya, impulsando las exportacio­nes, la generación de empleo y el desarrollo de diversos sectores productivos. Hoy, el rubro emplea directamente a unas 32.232 personas, lo que significa un aumento del 26 % en comparación al mismo periodo de 2024; solo en febrero se generaron unos 1.542 nuevos empleos direc­tos vinculados al régimen. En términos anuales el cre­cimiento del empleo directo se ubica en 6.631 nuevos tra­bajadores.

El 73 % de los empleos gene­rados por las industrias maquiladoras se concen­tran en los sectores de auto­partes, confecciones, servi­cios intangibles, químicos farmacéuticos, y plásticos y sus manufacturas. Además, se destaca el compromiso con la igualdad de opor­tunidades, con un 45 % de los empleos ocupados por mujeres.

El 77 % del total de las exportaciones tuvo como destino a países del Mercosur. Bra­sil se consolida como prin­cipal destino, absorbiendo un 64 % de las exportacio­nes, seguido por Argentina con un 12 %. El restante 23 % se distribuye entre Paí­ses Bajos, Estados Unidos, España y Bolivia, cada uno representando un 3 % del total exportado.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Manuel Diesel Junghanns, la vicepresidenta primera, Carolina Llanes; y los ministros Gustavo Santander Dans, Luis María Benítez Riera, Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón, recibieron al vicepresidente del Supremo Tribunal Federal de la República Federativa del Brasil, Luiz Edson Fachin.

En el encuentro entre los altos magistrados se trataron proyectos de cooperación judicial y el relanzamiento del Foro de Cortes Supremas del Mercosur, así menciona el sitio web del Poder Judicial. Durante el encuentro, el presidente dio la bienvenida a la delegación visitante, destacando el buen relacionamiento institucional y la cooperación existente en el ámbito judicial entre Paraguay y Brasil.

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Por su parte, Fachin indicó que el encuentro tuvo tres ejes principales: el desarrollo de actividades conjuntas entre las salas constitucionales de ambas cortes supremas; la reapertura del Foro de Cortes Supremas del Mercosur, con miras a un encuentro previsto para el próximo año y el impulso de programas de intercambio de magistrados, funcionarios y estudiantes del Poder Judicial.

Respecto a este último punto, el alto magistrado brasileño destacó que la Sala Constitucional y el Supremo Tribunal Federal de Brasil ya iniciaron actividades en el marco de estos programas, considerando los desafíos que la revolución tecnológica y la inteligencia artificial plantean al funcionamiento del sistema de Justicia.

Estas iniciativas marcaron la agenda de la visita. Asimismo, se anunció la participación de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en el próximo Encuentro de Cortes Supremas de Salas Constitucionales, que se llevará a cabo en Brasilia en mayo del próximo año.

La reunión representó un paso significativo en la consolidación de las relaciones judiciales entre Paraguay y Brasil, en el marco de una agenda de cooperación regional orientada al fortalecimiento del Estado de Derecho y al posicionamiento institucional de la Corte Suprema en el ámbito internacional.

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