El proceso de aplicación de la "ley antihule" avanza positivamente, costó porque data del 2015, pero el sector privado está comprometido, afirman. Foto: Ilustrativa.
El INTN admite que recién ahora están preparados para la aplicación de la ley antihule
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La directora del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), Lira Giménez, admitió que pese a la creación de la Ley 5414, que ya data desde el 2015, pero que recién se empezó a aplicar desde el 1 de julio del 2021, el mercado local recién ahora está preparado para dicho empleo.
Pero destacó que el proceso de aplicación avanza a buenos pasos y que el sector privado está comprometido, lo cual es muy importante para el cumplimiento de la atrasada Ley de “Promoción de la Disminución del Uso de Plástico Polietileno”, más conocida como ley antihule.
“El proceso avanza positivamente; costó, es una ley del 2015, pero ahora empezó a aplicarse y recién estamos todos preparados, incluso el INTN y el sector privado están comprometidos a cumplirla”, expresó Giménez esta mañana en contacto con la 1020 AM.
Las empresas productoras como también comercios tendrán un periodo de adecuación desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre del 2021. Foto: Archivo.
Firmas certificadas
En cuanto al avance por parte de las empresas del sector privado que se dedican a elaborar las bolsas de plástico de un solo uso y que ahora tendrán que producir una más gruesa y resistente a modo de que puedan ser reutilizables en varias ocasiones, que son las que tendrán que pasar por un proceso de certificación del INTN, la directora indicó que están en eso unas doce firmas y otras diez que ya fueron aprobadas.
Así mismo, la titular del INTN explicó que todas las bolsas que no van a ser de un solo uso; es decir, las que serán reutilizables y certificadas contarán con el sello del INTN, lo cual avalará que esa bolsa de plástico puede ser usada varias veces. “Esta bolsa es más gruesa y más resistente, pasa por un ensayo y luego se le aprueba”, agregó Giménez.
Uno de los sectores más involucrados en el proceso de transición de bolsas de un solo uso a las reutilizables son los supermercados, que vienen cumpliendo con la normativa, aseguró. Las bolsas tienen un costo de G. 200.
Hay que mencionar que la aplicación de la ley rige desde el 1 de julio, todas las empresas productoras, como también comercios tendrán un periodo de adecuación desde la fecha indicada hasta el 31 de octubre del 2021, bajo el monitoreo del MIC, tiempo en el que todas las industrias productoras de bolsas reutilizables deberán encontrarse en proceso de certificación.
Diputados otorgó el visto bueno para ampliar la vigencia de la Comisión Antilavado
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El pleno de la Cámara de Diputados también otorgó su visto bueno a la propuesta que establece la prorroga por 60 días más de la Comisión Antilavado, encabezada por el senador opositor Dionisio Amarilla. El requerimiento surgió por parte de sus miembros con la finalidad de continuar con las indagaciones.
La votación arrojó como resultado 36 votos a favor, 9 en contra y una abstención. De esta manera la comisión bicameral estará en funcionamiento hasta el próximo 20 de diciembre y luego del receso parlamentario, desde el 2 de marzo, hasta completar el plazo solicitado.
Días atrás un total de 21 senadores acompañaron la extensión de vigencia, mientras que 18 parlamentarios principalmente de los partidos y movimientos de la oposición se opusieron al requerimiento.
ONG, punto clave de las indagaciones
Este último martes, uno de sus integrantes, el senador Gustavo Leite manifestó que el bloque recurrirá al auxilio de la Justicia para intimar a las organizaciones sin fines de lucro (ONG) a informar sobre el uso que le dieron al dinero proveniente de los fondos públicos o privados nacionales.
Esto teniendo en cuenta que durante las indagaciones la comisión bicameral no solo reveló el festín de las organizaciones no gubernamentales con el dinero público, sino también la financiación de candidaturas a aliados políticos de peso.
La construcción de la futura sede del juzgado de Capiatá se encuentra en etapa final
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La futura sede del juzgado de primera instancia de Capiatá avanza y ya se encuentra en etapa final, por lo que en meses ya podría culminar la obra. El ministro superintendente del departamento Central, Eugenio Jiménez, realizó días atrás una visita para verificar los avances en la construcción en la futura sede judicial de la mencionada ciudad.
Esta nueva sede albergará los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, Civil, Laboral, y Niñez y Adolescencia, con el objetivo de acercar los servicios judiciales a la ciudadanía y mejorar el acceso a la Justicia, en línea con los objetivos de la Corte Suprema de Justicia.
La obra culminada tendrá una superficie de 10.899 m2 y la apertura de dichos juzgados permitirá facilitar aún más el anhelado acceso a la Justicia por parte de la ciudadanía de la Circunscripción Judicial de Central, con lo que se cumplirá el mayor objetivo trazado por el máximo tribunal de la República, en el marco de la política de dotar de mejor infraestructura a todo el sistema judicial.
La Corte Suprema de Justicia tiene prevista la construcción de la nueva sede del juzgado de primera instancia de la ciudad de Fernando de la Mora. La obra cuenta con una superficie de 15.210 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles que albergarán a los Juzgados de Primera Instancia Penales, Civiles y Comerciales, Laborales, Penales Adolescentes y de Niñez y Adolescencia; cuatro tribunales de sentencias, cuatro salas de juicios orales, órganos de apoyo jurisdiccional, dependencias administrativas de seguridad y servicios.
En otro bloque independiente al principal de dos niveles funcionarán dos Juzgados de Paz y programas de apoyo como un salón múltiple para cien personas y una cafetería. Igualmente, contará con estacionamientos diferenciados. La nueva sede estará ubicada sobre la calle Jerusalén y Humaitá, de la ciudad de Fernando de la Mora.
El senador Gustavo Leite fue claro en que todos los fondos utilizados en nombre del Estado, deben ser transparentados a la ciudadanía. Foto: Captura de pantalla
Con ley de Transparencia de ONGs ponen el ojo en millonarios fondos para excelencia de la educación
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El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las ONG que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.
Unidad de Investigación Nación media
“Hoy se abre un camino hacia la transparencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillonarias inversiones. “Este es un curro de $800 millones al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los $775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación invirtió en nuestra educación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no descartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la distribución de esos recursos.
¿Qué es el FEEI y cuál ha sido su impacto?
El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa, la formación docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garantizar la inclusión educativa.
Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios problemas educativos. Más del 65% de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resultados son aún más alarmantes: solo el 13% supera los niveles mínimos establecidos por las evaluaciones internacionales como PISA. Además, los docentes enfrentan graves dificultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en condiciones deplorables.
Educación en crisis
A pesar de los millonarios desembolsos, la situación de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), más del 30% de las escuelas públicas tienen infraestructura precaria, y un 20% no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones adecuadas. Además, el abandono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10% de los estudiantes no culminan la educación primaria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.
Otro punto crítico es la falta de formación y capacitación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limitado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos innovadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.
USD 800 millones en proyectos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación bajo lupa, tras promulgación de Ley de Transparencia de ONGs. Foto: Gentileza
El desafío de la transparencia
El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las ONG a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.
El FEEI ha financiado proyectos como el programa de primera infancia “Abrazo”, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, y la dotación de tecnología para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magnitud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.
Un tema de interés nacional
La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacional. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado significativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la eficacia y la correcta ejecución de estos recursos.
El desafío no solo radica en determinar si hubo irregularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los programas de inversión educativa para que realmente beneficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la transparencia parece abrirse con fuerza, y el escrutinio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en beneficio del futuro de Paraguay.
El Poder Ejecutivo emitió el decreto 2868 que reglamenta la Ley de Manejo Integral del Fuego, con la finalidad de optimizar la gestión y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de su aplicación.
De esta forma se busca asegurar una respuesta integral, eficiente y oportuna hacia la prevención de los incendios forestales. A la vez refiere que el Instituto Forestal Nacional (Infona) será responsable de aprobar y publicar anualmente un calendario de quemas, que incluirá los distritos y requisitos necesarios para otorgar permisos. En caso de condiciones climáticas adversas, podrá suspender temporalmente las actividades de quema.
Asimismo, se establece la creación del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales, dependiente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF), como un conjunto de herramientas y procesos diseñados con el objetivo de recopilar, sistematizar, analizar y proveer información necesaria para la detección temprana, prevención, monitoreo y mejora en la capacidad de respuestas ante los incendios forestales.