La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) expresó su preocupación con respecto al proyecto de ley “Que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social para mitigar el impacto de la pandemia COVID-19 o coronavirus”, presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.

Dicha iniciativa, que fue remitida el pasado lunes, plantea la suspensión de la devolución de créditos fiscales al exportador. Desde el inicio de la pandemia, la industria aceitera nacional fue un soporte importantísimo para evitar una caída más significativa de la actividad económica, ya que sus condiciones particulares permitieron que las actividades se sigan desarrollando, dice el gremio.

“Esto incluso en los momentos de mayores restricciones gracias a la implementación de protocolos sanitarios que permiten precautelar la salud de todos los colaboradores, directos e indirectos, a lo largo de la cadena de valor”, agrega la Cappro.

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En ese sentido, manifiesta que desde la vigencia de la Ley de Emergencia Sanitaria hasta finales del año pasado, las industrias aceiteras contribuyeron de manera significativa con la financiación de los planes para mejorar la salud y colaborar con los sectores sociales más afectados.

“Rechazamos el proyecto de ley mencionado que limita la posibilidad de obtener la devolución de los créditos fiscales generados por las industrias exportadores a la hora de adquirir productos y/o servicios en el mercado interno, que están directamente vinculados a las actividades industriales y de exportación”, reza parte del comunicado de la Cappro.

Indica además: “Ya que se estará desalentando a uno de los sectores más importantes para la reactivación económica que se prevé este año, como es el exportador, y en nuestro caso, a la industria aceitera que exporta productos industrializados a partir de las materias primas que produce nuestro país, las oleaginosas y cereales”.

Por último, el gremio dice confiar en que el Congreso podrá rever esta situación y aprobará una ley que permita al Ejecutivo mantener encaminados los esfuerzos por superar los efectos negativos de la pandemia, sin afectar la competitividad de las agroindustrias exportadoras ni a las exportaciones en general.

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