• Washington, Estados Unidos. AFP.

Un hombre de Carolina del Sur condenado por asesinar a los padres de su exnovia fue ejecutado el viernes pasado por un pelotón de fusilamiento, en la primera muerte de este tipo en Estados Unidos desde 2010. Brad Sigmon, de 67 años, fue condenado a muerte en 2002 por matar a golpes a los padres de su expareja, David y Gladys Larke, con un bate de béisbol antes de intentar secuestrarla.

“La ejecución se llevó a cabo a las 18:05 horas (23:05 GMT) por un pelotón de fusilamiento de tres personas y fue declarado muerto por un médico a las 18:08 horas (23:08 GMT)”, dijo la portavoz de prisiones del estado, Chrysti Shain. Periodistas que presenciaron la ejecución desde detrás de un cristal blindado dijeron que Sigmon vestía un overol negro y estaba atado a una silla con una pequeña diana roja de papel o tela sobre el corazón.

En una declaración final leída por su abogado Gerald King, Sigmon dijo que quería enviar un mensaje de “amor” y hacer un llamado a sus “compañeros cristianos” para que “ayuden a acabar con la pena de muerte”. A continuación, se le colocó una capucha sobre la cabeza y, unos dos minutos después, el pelotón formado por voluntarios del Departamento Correccional local efectuó disparos a través de una rendija en una pared situada a unos 5 metros.

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Anna Dobbins, del canal de televisión WYFF News 4, dijo que los tiros “fueron hechos todos a la vez”, como si fuera “un solo sonido”. “La muerte de Brad fue horrible y violenta”, advirtió el abogado King en un comunicado. “Es incomprensible que, en 2025, Carolina del Sur ejecutara a uno de sus ciudadanos en este sangriento espectáculo”.

Se trató de la sexta ejecución en Estados Unidos en 2025. Todas las demás fueron por inyección letal, salvo una por inhalación de nitrógeno en Alabama (sureste), estado que en enero de 2024 inauguró este método hasta entonces nuevo y controvertido, comparado por los expertos de la ONU con una forma de “tortura”. Otro estado del sur, Luisiana, reanudará las ejecuciones después de una pausa de 15 años, también utilizando inhalación de nitrógeno, el 18 de marzo.

Las autoridades de Carolina del Sur fijaron hace un mes la fecha de ejecución de Sigmon. La ley estatal establece que la silla eléctrica es el método de ejecución predeterminado, pero otorga al condenado la opción de morir por fusilamiento o por inyección letal.

Los otros tres reos a los que se les aplicó la pena capital desde septiembre -después de una pausa de más de 13 años- en Carolina del Sur eligieron la inyección letal. Pero Sigmon, de 67 años, optó por el pelotón de fusilamiento por desesperación, según sus abogados. King había denunciado una “elección imposible” entre “la arcaica silla eléctrica de Carolina del Sur, que lo quemaría vivo” y “alternativas igualmente monstruosas”.

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Sigmon, que confesó los asesinatos de David y Gladys Larke en 2001 y admitió su culpabilidad en el juicio, solicitó a la Corte Suprema una suspensión de última hora de su ejecución, pero le fue denegada. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, también rechazó su petición de clemencia.

Esta es la cuarta ejecución por fusilamiento en Estados Unidos en 65 años, había dicho el abogado King. La última, en Utah (oeste), se remonta a 2010. En marzo hay seis ejecuciones previstas en el país. La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados estadounidenses. Otros seis estados (Arizona, California, Ohio, Oregón, Pensilvania y Tennessee) observan una moratoria.

En los dos primeros meses de este año, Itaipú Binacional transfirió al Estado paraguayo un total de USD 93,6 millones por royalties, compensación por cesión de energía y resarcimientos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande), contemplados en el Anexo C del tratado. Estos recursos son fundamentales para que gobernaciones, municipios y la estatal eléctrica puedan llevar adelante sus correspondientes obras en beneficio de la población.

De acuerdo con el reporte de la Dirección Financiera de la entidad, en los primeros dos meses del presente año fueron remesados USD 47,6 millones en concepto de royalties al Ministerio de Economía y Finanzas; mientras que, en compensación por cesión de energía fueron transferidos USD 42,3 millones. A su vez, la Ande recibió un total de USD 3,7 millones en carácter de resarcimiento de las cargas de administración y supervisión relacionadas con la Itaipú.

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La inyección de la Binacional en el mes de febrero de 2025 alcanzó un total de USD 24,8 millones en concepto de royalties; en tanto que, USD 23 millones fueron transferidos por compensación de cesión de energía y USD 1,9 millones fueron remitidos a la Ande por resarcimiento de las cargas de administración y supervisión, totalizando USD 47,7 millones.

Una parte de los royalties se destina para el financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN) y otra importante porción el Tesoro Nacional la transfiere a los gobiernos departamentales y municipales. Los aportes de Itaipú por Anexo C ayudan a los gobiernos departamentales y municipios para el desarrollo de programas, inversiones y obras esenciales; tales como merienda escolar, refacción de escuelas, centros de salud, infraestructura vial, entre otros.

En el caso específico de la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y un porcentaje también es distribuido a municipios y gobernaciones, según establecen las legislaciones nacionales.

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La ejecución presupuestaria del gobierno central ascendió al 12,5 % al cierre del primer bimestre del año, según informó el Viceministerio de Administración Financiera (VAF) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Las instituciones que componen la administración central ejecutaron G. 9,4 billones al cierre de febrero de 2025.

De acuerdo al Informe de Ejecución Financiera emitido por el MEF, el 28 % del total ejecutado fue en concepto de transferencias, en las que el mayor desembolso fue para el pago a jubilados y pensionados, incluido el pago a adultos mayores. Además, se registró el ingreso de más de 9.000 nuevos beneficiarios durante el segundo mes del año, quienes recibieron la pensión alimentaria por parte del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

Con respecto a la obligación financiera, mencionaron que esta fue de G. 2,3 billones de los cuales G. 2,2 billones fueron destinados al pago a jubilados y pensionados de la función pública, transferencia monetaria a gobiernos subnacionales, y el pago de la deuda pública. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) ejecutó G. 1,6 billones, cuyo desembolso fue principalmente para el pago de servicios personales y la compra de productos e instrumentos químicos y medicinales. Por su parte, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) tuvo una obligación total de G. 1,5 billones de los cuales destinó el 67 % a los servicios educativos del primer, segundo y tercer ciclo de la Educación Escolar Básica (EEB) y educación media, como también a la educación de jóvenes y adultos.

Los jueces de Ejecución Penal, funcionarios de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte Suprema de Justicia y representantes del Viceministerio de Política Criminal del Ministerio de Justicia, realizaron una jornada de trabajo interinstitucional en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde actualmente se encuentran recluidas 1.996 personas privadas de libertad.

De la visita a la mencionad penitenciaria participaron las juezas de Ejecución Penal de la Capital y la Circunscripción Judicial de Central, abogadas Sandra Silveira, Sandra Kirchhofer, Cynthia Sostoa y Silvia Knop, junto con el viceministro de Política Criminal, abogado Víctor Benítez. Durante la actividad, magistrados y funcionarios mantuvieron entrevistas con personas privadas de libertad para informarles sobre el estado procesal de sus causas, fechas de compurgamiento, libertad condicional y salidas transitorias.

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En el recorrido por los distintos pabellones, se verificaron áreas como la cocina y los espacios de trabajo, así como las planillas de asistencia. También se observaron avances en la distribución de alimentos y en la limpieza de las instalaciones. El director de la penitenciaría, abogado Luis Esquivel, destacó las mejoras implementadas tras el proceso de saneamiento llevado a cabo meses atrás.

Estas jornadas permiten a las personas privadas de libertad acceder a información sobre sus procesos y plantear inquietudes ante las autoridades competentes. El viceministro de Política Criminal subrayó la importancia de estas actividades para fortalecer el sistema penitenciario y garantizar el cumplimiento de los derechos de los internos.

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