La Asociación Rural del Paraguay (ARP) lamenta que se transgredan las leyes creadas en la Constitución Nacional, y que al hacerlo no generan avance alguno o resultados positivos. Manifiesta esto a través de un comunicado, con relación a la expropiación a favor del Estado, de que 4.305 hectáreas del área de la reserva Morombí serán transferidas a ocupantes provenientes de los asentamientos 6 de Enero y León Herido.

Con esta medida, se intercede en el área silvestre protegida, infringiendo los principios constitucionales, además de otras leyes de alcance administrativo y medioambiental, como la Ley 352/94, que se muestra clara y firme determinando que las áreas silvestres protegidas no pueden ser consideradas latifundios.

Asimismo, se incumple la Ley 6.676/20 que prohíbe la conversión de superficies con coberturas de bosques en áreas a ser destinadas a la agricultura o a asentamientos urbanos, recalca el gremio.

“Una ley que para nacer debe violentar otras normas del derecho positivo constituye un nefasto precedente de que la ley puede ignorarse, o de que una ley tiene un valor relativo, además de enviar un mensaje nocivo de que pueden orquestarse en ese marco de nuevas invasiones y expropiaciones”, expresa el comunicado.

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Asimismo, señalan que es una pena, ya que podría considerarse como un ilícito por incumplimiento de normas medioambientales aprobadas de origen internacional, y que forman parte del derecho de todos los ciudadanos.

El gremio se plantea la interrogante de considerar si esta expropiación, que violenta normas de la República, y que podría entenderse como una especie de confiscación, sería el final de un conflicto político social, o si simplemente es la apertura de una nueva grieta para generar nuevas invasiones.

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“Consideramos que esta ley de expropiación del área de reserva de Morombí podría ser un legado enormemente tóxico y nocivo al libre funcionamiento de las instituciones del país, y perjudicial al futuro económico, ya que puede interpretarse como un ítem negativo para las inversiones y la confianza de empresarios”, recalca el pronunciamiento.

Es por ello que los productores agropecuarios exigen en defensa de los intereses gremiales el respeto de la Constitución y de las leyes de la República, porque solo trabajando en un marco de seguridad y orden se tendrá paz, progreso económico y un bien común a compartir, concluyen.