La Asociación de Casas de Cambios del Paraguay elaboró un Código de Ética y Conducta para dar a conocer en qué principios se fundamenta el ejercicio de las actividades comerciales cambiarias de las entidades asociadas.

En el documento refieren que esto se da a fin de fomentar un ambiente de integridad, transparencia y respeto en todas las actividades relacionadas con la asociación y sus miembros concordantes con las disposiciones legales y los principios de la libre competencia.

Al respecto, el presidente de Casas de Cambios, Gregorio Mayor, explicó a La Nación/Nación Media que este código se creó por dos razones principales. La primera fue por la modificación de los estatutos sociales, que ya tenían más de 20 años de vigencia. Por eso, establecieron nuevos requisitos y estándares elevados para que las casas de cambio asociadas cumplieran con sus obligaciones, especialmente en el trato preferencial a sus clientes.

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La segunda razón tiene que ver con la posibilidad de que el rubro obtenga un certificado de conformidad expedido por una empresa auditora externa. Esto fue gestionado y presentado a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y el Banco Central del Paraguay (BCP).

“Esta propuestos pusimos a consideración del BCP y Seprelad para que nosotros, como entidades del sector privado, podamos autorregularnos y establecer esas exigencias para poder cumplir con los estándares de las normas internacionales en lo que refiere a materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, precisó Gregorio Mayor a LN.

En el documento, las casas de cambio asociadas afirman que tienen el propósito principal de custodiar los intereses y objetivos diversos de todas y cada una de las entidades miembros del gremio, conforme a las leyes vigentes. “Aspiramos a ampliar el relacionamiento social solidario entre nuestros socios, fomentar el desarrollo cultural y técnico-administrativo y alcanzar estándares internacionales de excelencia en servicio al cliente”, remarcan.

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El código consta de 4 capítulos y en el capítulo 2 hablan sobre cómo trabajarán para la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, el respeto a la libre competencia, así como el respeto a la diversidad. “En las relaciones con sus clientes, ninguna entidad asociada, que forma parte de la asociación usará mecanismos o insinuaciones o afirmaciones directas o indirectas, que dañen la imagen de otra entidad asociada, no debiendo recurrir de ninguna manera, al descrédito o al maltrato de la competencia o de los clientes de ésta”, reiteran.

El presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez, confirmó a la prensa que el desafuero del expresidente Mario Abdo Benítez no será tratado en la sesión de este miércoles y que se podría definir recién la siguiente semana. El propio exmandatario anunció el pasado 12 de marzo que solicitaría el retiro de sus fueros legislativos para someterse a la justicia, sin embargo, sus aliados parlamentarios trabaron con diversas artimañas el trámite que lleva un año en espera.

“No está en el orden del día, ni en la agenda del movimiento Honor Colorado, el desafuero de Abdo Benítez. La prioridad del cartismo es tratar temas de interés nacional como, por ejemplo, el combate al crimen organizado instalado por el gobierno anterior”, indicó Núñez a los medios de comunicación, antes del comienzo de la sesión del Senado.

“Mario Abdo es un paquete de la oposición, son sus aliados. Si ellos quieren obstruir la labor de la justicia, entonces que lo hagan. Tenemos que recordar que el propio expresidente y senador vitalicio pidió su desafuero para someterse a la justicia, entonces quiénes somos nosotros para obstruir”, comentó el legislador ante las trabas presentadas por sus colegas abdistas.

El pasado 12 de marzo, a través de un vídeo compartido en sus redes sociales oficiales, Abdo Benítez había anunciado que solicitará su desafuero al Senado. Esto ocurrió luego que el Ministerio Público presentara acusación y pidiera juicio oral y público contra sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.

Los exministros junto con Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola son sindicado de participar en un esquema de filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y están imputados por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

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Sin embargo, a diferencia de sus leales, Abdo Benítez y su exsecretario siguen escudándose en sus fueros alegando ser víctimas de una persecución política. “Como presidente del Congreso Nacional puedo decir que será incluido en la próxima semana, no hay ninguna estrategia de tratar su desafuero en sobre tablas, es más, tuvimos una reunión de bancada, con la presencia de 15 legisladores y no se trató este tema”, comentó Núñez.

Al desgastado discurso abdista se suma la catarata de chicanas que fueron presentadas por Abdo Benítez y sus exministros para impedir el avance de las investigaciones en busca de impunidad. “Si sus amigos del Senado votan en contra del desafuero, no cumpliendo el deseo del senador vitalicio Mario Abdo Benítez, significa que era todo un circo, una farsa, como fue siempre Mario Abdo Benítez, mentiroso, farsante y por sobre todas las cosas, un presidente de la República que pateó, rompió, utilizó todas las instituciones para perseguir a sus adversarios políticos ocasionales”, comentó el senador Javier Zacarías Irún a la 650 AM, sobre este caso.

Los pedidos de desafuero de Abdo Benítez y Espínola fueron remitidos al Congreso Nacional el 14 de marzo del año 2024, tras la decisión de la jueza penal de garantías, Cynthia Lovera, en admitir la imputación formulada por la Fiscalía. Desde entonces, los aliados del anterior gobierno se negaron a que el exmandatario sea sometido a la justicia mediante diversas maniobras en el Legislativo.

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La jueza penal de garantías Cynthia Lovera ya se encuentra habilitada para estudiar las chicanas impulsadas los exministros de Mario Abdo Benítez en la causa conocida como filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), se reportó este miércoles a través del programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, desde el Poder Judicial.

Lovera deberá estudiar un total de 12 chicanas planteadas desde el 14 de marzo del 2024 por las defensas de Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, acusados por la Fiscalía, el pasado 11 de marzo. Mientras el exmandatario Mario Abdo Benítez y su exsecretario, el diputado Mauricio Espínola, continúan escudados en sus fueros legislativos.

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Los siete imputados se encuentran acusados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

La acusación fue presentada por los fiscales Silvia González y Christian Benítez ante la jueza Penal de Garantías, Cynthia Lovera. El caso inició tras la denuncia presentada el 31 de julio del 2023 por el expresidente de la República, Horacio Cartes, a través de su abogado Pedro Ovelar, quien amplió la denuncia en dos oportunidades: el 30 de agosto y el 30 de octubre de 2023.

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El senador Gustavo Leite sostuvo que la farsa del abdismo fue desmontada con una firme acusación contra siete exministros y funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez, que habrían incurrido en filtraciones a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). El legislador puntualizó su premisa “venganza nunca, justicia siempre”, al referir este caso en que también están imputados el exmandatario y su exsecretario, refugiados en fueros parlamentarios.

“Yo, sin ser juez, leí la acusación y, en lenguaje pagano, están al horno. La pregunta del millón es ellos (ministros de Abdo) actuaron de manera espontánea o alguien les dio la orden, eso es lo que falta saber, porque de que se incurrieron en violaciones macabras a la ley, manipulaciones a los pedidos de la Fiscalía de Panamá, filtraciones de Seprelad, hasta hubo una reprimenda del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) al respecto, eso hubo. Esos son datos objetivos y los jueces medirán y darán la pena y demás”, sostuvo el legislador.

El parlamentario colorado, manifestó ante Unicanal, que el rol del Ministerio Público y el Poder Judicial es clave en este caso, puesto que no se puede hablar de la construcción de un país mejor si la justicia no funciona. “Yo tengo una premisa, venganza nunca, justicia siempre”, indicó y ratificó que es innegable que el aparato estatal fue utilizado en la era Abdo para la persecución a sus adversarios políticos.

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“En la construcción de un mejor Paraguay para todos, la justicia no puede no funcionar y la misma justicia que absolvió a Mario Ferreiro y que acaba de hacer lo mismo con Rafael Filizzola, sin que él haya pisado un juzgado, es la que va a juzgar a los secuaces de Marito” enfatizó Leite quien recordó que tanto Abdo como sus exministros, tendrán la oportunidad de defenderse ante la acusación de comisión de delitos como asociación criminal, revelación de secretos e inducción a cometer hecho punible.

El senador manifestó que mientras los paraguayos no vean a “bandidos tras las rejas”, será difícil materializar su destino de grandeza. “Creo que el Poder Judicial y la Fiscalía están en deuda con la gente”, cuestionó. El Ministerio Público acumula un gran volumen de causas que son resueltas por varios motivos, entre ellas por presiones políticas, por lo que es tiempo de dar un cambio de rumbo, señaló. “Creo que es momento de instarles a que tengan valentía”.

Cabe mencionar que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores resolvió, por mayoría, recomendar el desafuero al expresidente Mario Abdo Benítez. En este sentido, Javier Zacarías Irún, presidente de la mencionada comisión afirmó que existen los méritos suficientes para otorgar el desafuero y que como legisladores, no corresponde obstruir el proceso a la justicia.

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