La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados dictaminó por la aprobación del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que plantea elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses).

Los integrantes del bloque asesor encabezado por Yamil Esgaib durante su tratamiento afirmaron que la propuesta tiene como finalidad modernizar y fortalecer el sistema previsional del país, adecuándose a las necesidades actuales y asegurando su sostenibilidad a largo plazo.

La iniciativa que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal de la previsional se enfoca en adecuar las normativas que regulan las jubilaciones y pensiones con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema y proteger los intereses de los afiliados y jubilados.

La propuesta trabajada conjuntamente entre las autoridades del Ejecutivo y el IPS, también prevé modificaciones en lo que respecta a la jubilación ordinaria y anticipada. Al respecto, para la jubilación ordinaria, se deberá tener al menos 60 años y 25 años de aportes, con un monto jubilatorio equivalente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salario registrados.

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Mientras que para la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aportes, con un monto inicial del 80 % que incrementará gradualmente en función de la edad del asegurado al momento de la solicitud.

El proyecto introduce, igualmente, la opción de jubilación proporcional para aquellos asegurados que, al cumplir 65 años, cuenten con un mínimo de 15 años de aportes. Esta modalidad se calcula en un 60 % del promedio salarial de los últimos 10 años, otorgando flexibilidad a los afiliados con carreras laborales más cortas.

A la vez se contempla el fortalecimiento gradual en el financiamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad con un aumento en el aporte que alcanzará un 12 % en un plazo de 5 años. Con relación a las jubilaciones por invalidez, en el documento se propone un esquema de cálculo ajustado a la situación particular del asegurado, considerando tanto el promedio salarial de los últimos 10 años como los años adicionales de aporte. En caso de accidentes laborales, establece que los beneficios se calcularán sobre la base de una tabla de incapacidades establecida por la previsional.

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y PRODesarrollo llevaron a cabo este martes el Foro de Formalización de la Economía, Empleo y Empresas en Paraguay, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), un sector pujante que enfrenta grandes barreras que lo someten a la informalidad. Los altos costos es una de ellas.

Fue uno de los aspectos conclusivos de la actividad realizada en las instalaciones del BID, en Paraguay, con exponentes internacionales y nacionales renombrados, que compartieron los mecanismos para acompañar el proceso de formalización.

Previo a los paneles, el representante del Grupo BID en Paraguay, Alonso Chaverri, mencionó que la formalización no es tarea de un solo sector, pues requiere del compromiso de todos, por lo que la idea del foro es justamente identificar proyectos transformadores y soluciones integrales.

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Desde PRODesarrollo, Jorge Garicoche y Carla Linares, compartieron datos de la economía subterránea en Paraguay, que al 2023 es de unos USD 23.595 millones, 47 % del PIB local. También que 6 de cada 10 paraguayos están en la informalidad, y que la mitad de los asalariados informales ganan menos de un salario mínimo, con la principal conclusión de que “resulta muy caro ser formal”, según el relevamiento que derivó estos números.

Ante este panorama es que el especialista líder de mercados laborales del BID, Manuel Urquidi, compartió las principales políticas de promoción de formalización recopiladas por el organismo, las cuales tienen que ser paso a paso, mediante programas de emprendimiento.

“No es lo mismo ayudar a nacer que ayudar a crecer, y los programas tienen que ser específicos, enfocados a los emprendedores correctos o identificando a los de mayor potencial. Los programas tienen que estar ajustados a problemas que se quieran resolver”, expuso.

Urquidi resumió que los emprendimientos son formas de inclusión laboral, ofrecen soluciones a problemáticas no atendidas tradicionalmente, y pueden aumentar la productividad, por ende generar empleos de calidad.

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A su vez, el presidente de Cambridge Business Association, Guillermo Ramírez, desarrolló el tema Cómo impulsar negocios y empleo seguro en Paraguay con estrategias probadas por la Universidad de Cambridge, quien arrancó con la pregunta de por qué la informalidad representa el 64 % de la fuerza laboral.

Explicó que la formalidad tiene el estigma de que reduce los márgenes, además de ser costosa, por lo que requiere de capacitación continua para enseñar las ventajas de la formalización, y que el mejor retorno a la inversión es la educación.

Básicamente, en Paraguay existe mucha informalidad por los altos costos en los impuestos y gastos administrativos, que es en lo que se tiene que trabajar para reducirlos, además de aprender a adaptarse a los cambios.

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Seguidamente, el viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, compartió las buenas prácticas de promoción de emprendimientos en Paraguay, los datos estadísticos del ecosistema y las acciones previstas para aportar a la formalización. De 366.000 mipymes, solo 41.000 son las inscriptas en el Ministerio del Trabajo y el IPS.

Mencionó la apertura de cuenta bancaria o Cuenta Básica para mipymes, para que el acceso al crédito pueda ser real, así como los diversos fondos con los que el sector puede operar. Así también la modificación de la Ley Mipymes, que ven como favorable su aprobación prevista para la próxima semana, para ser más ágiles, afianzar la institucionalidad y reducir un 50 % los costos en tasas en el proceso de formalización.

Christian Kennedy

Director de London Import

Si bien es cierto que distintas personas podrían tender a ser más impulsivas o más analíticas que otras, la realidad es que para una gran mayoría, la toma de decisiones genera un estrés. Más si tienen algo que consideran importante en juego: pérdida de estatus o de credibilidad, de dinero, seguridad o control; el ser rechazados o “vivir con el fracaso”.

¿Te suena? ¿Sos vos o alguien con quien convivís? No están solos.

Imagínense la reciente decisión de OpenAI de ir evolucionando, de ser una empresa sin fines de lucro (2015 cuando se fundó) a una con “beneficios limitados” (2019) y ahora a una tradicional con fines de lucro (2024). Cada paso debió tener un análisis de riesgo vs. potencial beneficio, para con el propósito de la empresa y el efecto en la comunidad. Ahora, en una decisión controversial y de alto impacto en el mundo, ChatGPT principalmente estará basando sus decisiones en base a lo que el mercado y sus accionistas le digan, no la comunidad.

El riesgo al que se expuso incluía varios de estos factores en distintos niveles, más allá de su dominancia actual en el mercado. ¿Perderían estatus? ¿Dudaremos de sus datos “inteligentes”? ¿Perderían dinero si no tomaban la decisión, o si la tomaban? ¿Es un riesgo a la seguridad de la gente? ¿Serían rechazados? Todas estas abrumadoras preguntas y más, de seguro, fueron parte de la toma de decisiones.

Aterricemos acá de nuevo. Hoy para hoy o mañana pensando en la planificación para el siguiente año, cuando vamos a tomar una decisión, en equipo o solos, tenemos que tener ciertos puntos en cuenta.

1. Valores. Definir si va con nuestros valores la decisión a tomar. Este es el blanco y negro de la toma de acción. Más allá de unos grises de distintas perspectivas, hay valores innegociables que cada uno decide.

2. Personas correctas. Involucrar a las personas correctas en la toma de decisión. ¿Quiénes son los que más podrían saber y quiénes serían los más afectados? Determinar responsables que deben estar al comienzo y no involucrarlos recién al final.

3. Tiempo. Tomarse el tiempo necesario para recabar la data, para definir la decisión y decidir el tiempo que se le va a dar a la toma de decisión. La Ley de Parkinson nos dice que la tarea se expande al tiempo que le demos.

4. Canales de comunicación y transparencia. Todas las partes deben saber cómo se comunicará y que sea transparente, para que pueda mantenerse la confianza.

5. Metas. Determinarlas claramente, además de limitar las opciones de decisiones.

6. Diferencias. Ante discrepancias, la votación y el apoyo a lo decidido es importante.

7. Evaluación. Establecer en conjunto hitos e indicadores para revisión de la decisión es importante. De esa manera, todos saben claramente el camino y métricas para navegar tranquilos, atendiendo a necesidades del grupo e individuales.

8. Flexibilidad. En decisiones y acuerdos, ser flexibles demostrando entendimiento de los puntos traídos por los demás y cooperación para el bien futuro, entender que podríamos necesitar corregir.

Es incómodo y quizás incierto tomar decisiones determinantes. ¿Qué sería peor? El no decidir. No sólo estanca el progreso y foco, sino que genera una incómoda y mayor incertidumbre limitante. Quizás nunca tendremos toda la información o el consenso necesario para tomar una decisión, pero no tomarlas o tomar decisiones sin tener en consideración los puntos anteriores, es un error más grande aún.

“Decisiones, no condiciones, determinan quienes somos.” – Viktor Frankl

La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, aseguró que la propuesta del Poder Eje­cutivo consistente en ele­var de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses) no se trata de un planteamiento improvi­sado e impulsado a las apu­radas.

“El proyecto reúne un paquete de medidas que fueron recomendadas por los efectivos estudios actuariales que se vienen realizando desde hace 20 años al IPS. Desde octu­bre de 2023 venimos reu­niéndonos con el presidente Santiago Peña y todo su equipo técnico para infor­marles sobre la situación real en la que encontra­mos al IPS y cuáles eran las recomendaciones técnicas que hacemos desde nues­tras distintas dependencias y perspectivas”, manifestó.

“Este es un trabajo con­junto realizado desde el sector técnico acompañado, comprendido por el sector político”, afirmó Cubas. Agregó que la iniciativa fue abordada desde la gerencia financiera, la gerencia de prestaciones económicas, la gerencia de salud, la direc­ción jurídica y la dirección de planificación.