El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.

La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.

El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.

Leé también: Tasa de morosidad estaría bajando por aumento de cartera renegociada

Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.

“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.

Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.

Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.

González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.

Te puede interesar: BCP descarta presión de compradores bolivianos en el tipo de cambio

• Por Sara Valenzuela.

El martes 10 de marzo del 2020, la forma de vida de todos los paraguayos sufriría una alteración imborrable, ya que solo tres días después de confirmarse el primer caso de covid en nuestro país, el Gobierno instauraba una inédita cuarentena sanitaria por un periodo inicial de 15 días.

El primer periodo de cuarentena se instauró por decreto presidencial y se estipuló la suspensión de todos los eventos públicos o privados de concurrencia masiva, así como conciertos, prácticas deportivas, reuniones religiosas o de carácter político, actividades en lugares cerrados que incluían a cines, teatros y convenciones. Esta medida también alcanzó a las instituciones educativas de todos los niveles.

Los primeros 15 días posteriormente fueron extendidos a semanas y meses. Luego, con la evolución de los contagios y el avance de la enfermedad en el mundo, fue sufriendo modificaciones, abriendo paso a la llamada “cuarentena inteligente” y luego a la “cuarentena por fases”, que se activaban según los territorios con mayor o menor afectación por el virus.

Podés Leer: Polvo de ladrillos y sangre: 25 años de un accidente que enlutó a decenas de familias

Analizando en retrospectiva, el médico epidemiólogo Guillermo Sequera, quien en el momento de la pandemia se desempeñaba como titular de la Dirección de Vigilancia de la Salud, resaltó que haber tomado la medida de cuarentena de una manera casi inmediata a la confirmación de los casos en nuestro país le dio al sistema sanitario nacional una brecha para prepararse ante lo que se avecinaba.

“Cuando empezó la pandemia, nuestra capacidad de analizar muestras era de 16 o 17 por día, y así era imposible determinar si existía o no ya una circulación comunitaria, por lo que tras hablar con colegas que estábamos todos con este tema alrededor del mundo y viendo la situación de diferentes países, determinamos que la cuarentena era necesaria en Paraguay para frenar los brotes que posiblemente ya se habían iniciado”, recordó el doctor Sequera en conversación con La Nación/Nación Media.

El reconocido profesional aseguró que el solicitar a todo un país que frene sus actividades, las cuales necesariamente afectarían a la economía nacional, era un enorme desafío que finalmente se logró conquistar, dando tiempo a los médicos a analizar los siguientes pasos teniendo en cuenta que la situación ante el avance de la enfermedad era sumamente fluctuante.

“Cuando empezó la pandemia, se creía que el virus iba a llegar a nuestro país proveniente de China, Europa o Estados Unidos y no fue así; los primeros contagiados viajaron y regresaron de países de la región en los que ni siquiera se había confirmado la presencia comunitaria del virus, entonces nosotros supimos que el camino correcto era extremar las medidas de salubridad y, sobre todo, llamar a la conciencia de la población”, indicó el doctor Sequera a LN.

La vida de los paraguayos había cambiado de la noche a la mañana; los planes que en muchos casos se habían hecho con meses de antelación ahora simplemente quedaban en pausa indefinida; las multitudinarias reuniones familiares que eran una actividad casi religiosa para muchos quedaron relegadas ante el encuentro a través de videollamadas o un saludo a metros de distancia; los encuentros recreativos y los bulliciosos quedaron coartados a las salas de estar, los balcones y ver repeticiones de eventos deportivos.

Si bien esa “nueva normalidad” golpeó con fuerza a todos los paraguayos, muy acostumbrados al roce social, los médicos también se enfrentaban a una realidad que los paralizaba, el aumento de los casos, los tratamientos que conforme se conocía a la enfermedad se iban implementando y la dura realidad de que nadie estaba preparado para lidiar con un nuevo virus.

“Fue muy difícil; uno salía, iba, hablaba con los colegas y tratábamos de marcar un protocolo de atención, pero después debíamos de modificar eso y cambiar tratamientos conforme obteníamos la información, porque estábamos lidiando con un virus que no conocía nadie, que nadie sabía exactamente cómo tratar y, lo peor, que no sabíamos cómo evolucionaba para al menos tener un parámetro de tiempos”, expresó el epidemiólogo a La Nación.

En carácter personal, asumió que si bien se capacitó y estudió para este tipo de situaciones, son muy pocos los médicos que tienen la experiencia con epidemias o pandemias, ya que la aparición de este tipo de fenómenos a lo largo de la historia son distantes uno del otro, por lo que ciertamente los médicos y especialistas contaban con las herramientas teóricas, la práctica era abrumadora.

“Yo sabía lo que se tenía que hacer, y con los colegas a nivel internacional hablábamos de los planes de acción, pero uno muchas veces se veía sobrepasado por lo que ocurría, por el conteo de infectados y por sobre todo el de fallecidos; a esto había que sumarle el hecho de que nadie te enseña como comunicarte en estos casos. Yo tenía que salir a hablar y demostrar calma cuando en realidad la situación me dolía mucho”, recordó el doctor Sequera.

Admitió, además, que esta crisis sanitaria por la que atravesó el mundo y, en particular, Paraguay, dejó en el sistema sanitario nacional precedentes importantes, como el hecho de la extensión de la capacidad de las unidades de terapia intensiva a nivel nacional, la provisión de oxígeno que ahora cada centro asistencial cuenta y las instalaciones y adecuaciones de infraestructura que se dieron en hospitales de referencia para hacer frente a la crisis.

A cinco años del inicio de la pandemia, recordar los contagios, la cuarentena, las medidas de seguridad y, por sobre todo, a los fallecidos a causa del covid, resulta aún difícil porque en la memoria quedaron impregnados momentos que generaciones enteras nunca habían imaginado siquiera vivir, la incertidumbre de contraer el virus, el miedo ante la enfermedad, la impotencia por la cantidad de vidas cobradas y la certeza de que nada volvería a ser igual.

Lea También: Hace cinco años se anunciaba el primer caso de covid-19 en Paraguay

El 2025 trae consigo una serie de incertidumbres globales e internos de los cuales depen­derá el desempeño de la acti­vidad económica y, por ende, el crecimiento esperado. En este sentido, el Banco Mun­dial (BM) habla de que Para­guay será la segunda econo­mía de mayor crecimiento en la región para este año y la pregunta que nace es, ¿cómo lograrlo? Al respecto, el eco­nomista Aníbal Insfrán, en conversación con el diario La Nación/Nación Media, com­partió algunas apreciacio­nes respecto a cómo avanzar hacia el crecimiento soste­nido del país, a más de dejar en claro la serie de factores dependientes para lograrlo.

“En primer lugar hay que tener en cuenta que el creci­miento económico de Para­guay estará ligado a las condi­ciones climáticas, al ser un país agrícola productivo y depende de las buenas condiciones cli­máticas. Además, hay otra serie de factores externos que generan incertidumbre, por lo que habrá que seguir de cerca eso. Pero el camino que veo es aprovechar los sectores sos­tenibles”, expresó.

Y es que el Banco Mundial citó a Paraguay como una de las economías más prometedoras de Amé­rica Latina para este año, con un crecimiento proyectado del PIB del 3,6 %, que se mantiene respecto a la última actualiza­ción del organismo. Este des­empeño lo convertiría en la segunda economía de mayor expansión en la región, después de Argentina, según el reporte.

El juez penal de Garantía, Rolando Duarte, decidió devolver el acta de imputación que pesaba sobre el exministro de Hacienda Manuel Ferreira Brusquetti para que la fiscala del caso pueda describir correctamente la responsabilidad que se le atribuye al exsecretario de Estado, quien fue inicialmente imputado por lesión de confianza. La resolución judicial beneficia al segundo investigado, Federico José Silveira González.

El magistrado Duarte explicó en su fallo que “si bien el acta de imputación se basa en un juicio hipotético respecto a la comisión de un hecho punible por parte del sujeto activo, en el caso de análisis, este juzgador considera que amerita una mayor fundamentación respecto a la teoría del caso en cuestión del que se puede observar que se intenta justificar un supuesto perjuicio patrimonial de sumas de dinero muy elevadas”.

Asimismo, sostiene el juez que “en el presente caso amerita que se responda mínimamente y sucintamente la fecha en que presuntamente se dio inicio a la conducta punible de los imputados debido a que de la lectura del acta de imputación, se vislumbran distintas acciones judiciales correspondientes a fuero civil, juicios de nulidades de actos jurídicos y modificaciones equitativas de contratos y así también se habla de acuerdos civiles tanto cumplidos como incumplidos, en ese sentido este juzgador no encuentra fundado del porqué la supuesta conducta desplegada por los encausados son penalmente relevantes conforme al hecho punible de lesión de confianza”, señala la determinación adoptada por el juez Duarte.

Te puede interesar: Se realizó primera reunión interinstitucional de la Comisión de Implementación del RUN

Una vez que el Ministerio Público responda a lo recomendado por el juez Duarte, deberá presentar nuevamente al juzgado penal de Garantía para que se pueda admitir y se deberá fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.

El abogado Julio Godoy, defensor de Federico Silveira, señaló que “habiendo sido notificado de la resolución por la cual devuelve el acta de imputación al Ministerio Público , considero que la misma se ajusta a derecho sobre todo con relación a mi defendido, Federico Silveira , quien no tuvo participación alguna en el hecho punible investigado porque la denuncia planteada fue erróneamente por el tipo penal de lesión de confianza”, indico.

Agregó que “jamás se probó una conducta atípica y reprochable contra el señor Federico Silveira, ya que no participó en el negocio jurídico entre los denunciantes y el señor Manuel Ferreira, el mismo adquirió las acciones de la firma Wexford con posterioridad a la firma de los contratos suscriptos entre el denunciante el señor Everson Gómez y el señor Ferreira, cabe mencionar q el señor Federico no compró ninguna propiedad”, indico

Asimismo el citado profesional del derecho indicó “que la presente denuncia es extorsiva y mal intencionada con el fin de manchar el buen nombre y reputación del señor Federico Silvera , y que el mismo desista de las acciones judiciales ya entabladas contra el denunciante, pero como la mentira tiene patas cortas, quedó demostrado que ante la premura del Ministerio Público de imputar a mi defendido, sin siquiera llamar a una audiencia indagatoria para aclarar a la Fiscalía su no participación en ningún hecho anti jurídico, se obtuvo la presente resolución judicial”.

Podes leer: Procuraduría logró embargo de bienes de exministra de la SEN condenada por lesión de confianza