De enero a octubre de 2024, la Itaipú Binacional transfirió al Estado paraguayo USD 462 millones en concepto de royalties, compensación por cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande).

Los desembolsos se realizaron en el marco de las condiciones establecidas en el Anexo C del tratado de la Binacional. Desde la hidroeléctrica remarcaron que se encuentran honrando en tiempo y forma sus compromisos financieros con el Estado.

De acuerdo con el informe de la Dirección Financiera de Itaipú, el Ministerio de Economía y Finanzas recibió USD 223 millones por royalties y USD 191 millones en carácter de cesión de energía. Por su parte, la ANDE recibió USD 48 millones por utilidades y resarcimientos de las cargas de administración y supervisión.

En lo que refiere solo a las transferencias efectuadas en el décimo mes del corriente año, los royalties representaron USD 21 millones, mientras que USD 20 millones fueron inyectados por cesión de energía. A su vez, la ANDE percibió USD 1,6 millones; sumando así unos USD 43 millones los desembolsos de la Binacional en octubre.

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Según establecen las legislaciones nacionales, una parte de los royalties es destinada al financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras que otra importante porción, el Tesoro Nacional la transfiere a los gobiernos departamentales y municipales.

En el caso específico de la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y un porcentaje también es distribuido a municipios y gobernaciones.

Por otro lado, los pagos de Itaipú a la ANDE, en tiempo y forma, le permiten a la empresa pública tener fondos garantizados y previsibles para así cumplir sus planes de inversión, con el fin de proveer un servicio de electricidad de calidad en todo el territorio nacional.

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A través de gestiones de la Procuraduría General de la República y la asesoría jurídica de la Presidencia, se logró evitar el pago de USD 16 millones al consorcio Mota Engil por la obra del metrobús. El procurador, Marco Aurelio González, resaltó este importante ahorro para el Estado y además enfatizó en que quedó demostrado que el daño principal fue la demolición de la obra que se había hecho hasta ese momento.

“Finalmente si hablamos de un daño, lo que yo veo es que se pagó el dinero por una obra que fue demolida y para mi la demolición es el perjuicio que existe sobre las arcas del Estado. Los responsables son las personas que destruyeron todo lo que se edificó, que son el ministro y el presidente anterior”, expresó en referencia a Mario Abdo y Arnoldo Wiens.

En conversación con “Buena Tarde”, programa emitido por Unicanal, González resaltó que lo determinado por el Tribunal es que se podía rescindir el contrato, pero lo que se critica es el discurso político que dieron, argumentando que hubo incumplimientos, que realmente no existieron, y por eso hoy el Estado está obligado a devolver a la firma USD 2.600.000.

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“Creemos que se trataba de un revanchismo político porque iba a significar una obra de envergadura que iba a significar el legado de un gobierno que ellos querían deslegitimar. Vendieron una historia falsa para terminar la obra del Metrobús que iba a incorporarle a Asunción un mecanismo de transporte de vanguardia que necesita la ciudad y de todo eso se le privó, de hecho todo lo construido fue demolido”, aseveró.

Según explicó el procurador, lo que permitió este importante ahorro a las arcas del Estado es que se determinó que este conflicto debía ser resuelto de acuerdo a la legislación paraguaya, esto pese a que los árbitros eran de nacionalidad argentina, brasileña y mexicana. Por esta razón se descartaron tasas usurarias, además de que se evaluaron los daños y consecuencias, lo que decantó en una reducción importante del monto fijado inicialmente que era de USD 19 millones.

“Nosotros estamos defendiendo jurídicamente la posición del Estado paraguayo y hemos podido ahorrar casi USD 16 millones de lo que se pretendía ejecutar, ahora lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de si hay lesión de confianza o no, eso corresponde al Ministerio Público y ahí nosotros tenemos nuestra opinión, pero respetamos la labor que a ellos les corresponde”, aseveró.

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Con la comisión de Hacienda al frente, se desarrolló una audiencia publica conjunta con varias comisiones asesoras de la Cámara de Senadores, para realizar el estudio del proyecto de ley que crea el “Registro Unificado Nacional” (RUN). A la reunión asistieron representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como de distintas instituciones que participaron de la mesa técnica.

Este proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional tiene por objetivo modernizar el sistema registral y catastral, agilizar trámites y promover la transparencia en los registros físicos y jurídicos inmobiliarios del país. El RUN será un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

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Este órgano tendrá a su cargo la gestión del catastro nacional y los registros públicos relativos a bienes inmuebles. Su principal misión es garantizar la seguridad jurídica y agilizar los trámites registrales y catastrales través de la integración de la Dirección General de Registros Públicos del Poder Judicial, la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas, y el Departamento de Mensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Al respecto, el senador Javier Zacarías Irún, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se mostró muy satisfecho con la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo, y valoró la apertura al diálogo de sus autores e insistió en que es lo mejor para el país.

“Estamos contentos porque vemos con muy buenos ojos esta alianza estratégica. No se ve normalmente lo que hoy estamos viendo, ese diálogo permanente para buscar lo mejor para el país. Sobre esto, estamos trabajando técnicamente y estamos encontrando mucha apertura en los proyectistas, y se están haciendo una serie de análisis con los principales actores que estarán en el día a día haciendo uso de esta nueva ley”, precisó.

Asimismo, sostuvo que la implementación del proyecto representará la modernización del Estado y brindará seguridad jurídica a la inversión extranjera. Destacó que con esta nueva ley se podrán identificar mejor los inmuebles y dar un fin al problema de siempre que tiene que ver con los sobre títulos de propiedad.

“Vamos a poder trabajar mejor, y dar una solución más rápida, simplificando los trámites, los plazos, con registro electrónico, cartografía única dentro del Paraguay, reducción de los costos. Son los beneficios que nos va traer esta ley, por consiguiente creo que es algo que debemos apoyar todos los paraguayos”, enfatizó.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Luis María Benítez Riera, destacó que esta legislación será clave para modernizar la gestión catastral y registral, optimizando tanto la seguridad jurídica como la eficiencia en los procesos.

“El RUN tendrá un impacto positivo al garantizar la seguridad jurídica de los registros que administra, además de publicitar los actos jurídicos relacionados con la constitución, transmisión, modificación o extinción de los derechos reales y otros derechos susceptibles de registro, siempre en conformidad con las disposiciones legales vigentes”, afirmó Benítez Riera.

En tanto, el ministro de la CSJ Eugenio Giménez destacó que la sanción de este proyecto va ser un paso importante, por lo que alentó vivamente a su sanción. “Creo que es una propuesta correcta y creo que en algún tiempo irá solucionando uno de los más grandes problemas que tiene nuestro país, que es el problema de la tierra”, indicó.

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Luego de la denuncia por una supuesta millonaria apropiación por parte Anadelia Acosta, ahora exfuncionaria de la Cámara de Diputados, desde la Administración Nacional de Electricidad (Ande) señalaron que existe actualmente una deficiencia en el sistema de pago de indemnizaciones que se realiza a través de entidades bancarias.

“Nosotros estamos conmocionados y simplemente esto nos lleva a la siguiente reflexión, estamos en situación de vulnerabilidad de instrumentos públicos en primer lugar, y en segundo lugar de una vulnerabilidad atribuible al banco que debe efectivizar los cheques”, expresó Nelson Medina, asesor jurídico de la Ande.

En este sentido, señaló que la institución no realiza estos pagos abonando en efectivo a ninguna persona, tampoco se emiten cheques al portador, lo que permitiría reducir el margen de que terceros se apropien de dinero que no les corresponde, tal y como sucedió aparentemente con Acosta, quien se habría quedado con parte de los G. 800 millones que pagó la Ande a una familia vulnerable.

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“En todos los casos nosotros hemos emitido un cheque nominal, en el que se consigna de forma clara y contundente la identidad del beneficiario y lleva una leyenda con mayúscula y negritas con el término no transferible. Si el beneficiario no quiere percibirlo en ventanilla, se deposita a una cuenta que tenga a su nombre”, explicó.

No obstante, Medina indicó que el principal problema radica en que los beneficiarios confían en terceras personas y le entregan un poder mediante el cual realizan gestiones, motivo por el que es difícil para la Ande determinar de primera mano si el dinero llegó realmente a las personas que tenía como destino.

“Nosotros no podemos anticipar el desenlace en ese tipo de situaciones, sin embargo, ayer el presidente de la Ande sacó una resolución que dispone que tratándose de pagos administrativos, solamente se va a entregar en propias manos en nuestra sede central y si no puede trasladarse esa persona, porque siempre son personas del interior, vamos a trasladarnos con todo nuestro equipo para que ese cheque llegue a manos del beneficiario”, indicó a la 1080 AM.

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