El veto a la ley que otorga el monopolio a dos grandes grupos de estaciones de servicio e impide la libre competencia fue girado a comisiones asesoras para el estudio correspondiente en la Junta Municipal de Asunción. Los concejales tienen fecha límite ya este mes para tratar la objeción total del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez. Caso contrario, la normativa quedará anulada de forma ficta.
Este jueves, la Junta Municipal de la capital del país sesionó nuevamente de manera extraordinaria y virtual. Una vez más, los concejales desistieron de tratar el veto de la Intendencia, pero la giraron a comisiones asesoras para el estudio correspondiente.
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Fuentes desde el Legislativo Nacional informaron a La Nación que se necesitan de 16 votos para rechazar el veto de la Intendencia, lo que aparentemente no existe de momento. La fecha límite para tratar el documento es el 29 de mayo. Caso contrario, el veto entraría en vigencia por sanción automática.
Los ediles Javier Pintos, Sandra Benítez, Federico Franco Troche, Julio Ullón, Alvaro Grau, Orlando Fiorotto, Elvio Segovia, Rodrigo Buongermini y Rossana Rolón son los que mantendrían sus votos en contra del veto del Ejecutivo municipal, es decir, en rechazo a la libre participación de empresas en el rubro gasolinero.
La ordenanza N° 326/2021, “que establece la provisión, manipuleo, almacenamiento de combustibles, líquidos y gaseosos, así como el funcionamiento de los locales, destinados a su comercialización y actividades afines”, tiene dictamen negativo de la Comisión Nacional de la Competencia y también resolución contraria de la Corte Suprema de Justicia, en otras palabras, ambas instituciones rechazan la propuesta por inconstitucional.
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El planteamiento pretende establecer arbitrarias reglas de juego como, por ejemplo, en cuanto a distancias mínimas entre locales nuevos y existentes, y dispone requisitos como la ubicación en esquinas de avenidas con superficies mínimas.
A criterio de Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustible (Cadipac), esta ordenanza busca establecer todas las condiciones para que no exista una estación nueva que compita con las ya existentes, además de dictar precios e imponer las calidades que el usuario debe consumir.
Desde este gremio proponen estaciones con instalaciones ecológicas, tanques de doble pared, pozo de monitoreo y todas las condiciones para que sea una estación de servicio segura medioambientalmente.