El gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Pedro Halley, manifestó que en este mes que inicia se llegaría a unos 30.000 trabajadores suspendidos de sus funciones, teniendo en cuenta que dicha medida extrema es adoptada por muchas empresas que buscan minimizar sus pérdidas debido a las restricciones adoptadas por el Gobierno Nacional.
Señaló que el IPS aún cuenta con unos US$ 16 millones de los US$ 100 millones que había recibido al inicio de la pandemia para el pago mensual a los trabajadores suspendidos y que el Ministerio de Hacienda se comprometió a entregar entre US$ 30 a US$ 50 millones en los próximos meses para cubrir los egresos que debe cumplir la previsional con aquellos que están cesados de sus funciones.
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“Estamos pagando regularmente. En abril hemos pagado a unos 20.000. Creo que vamos a llegar a 24.000 suspensiones pagadas. En mayo estamos preparados para enfrentar a unas 30.000. El Ministerio de Hacienda ya dijo que se destinarán entre 30 y 50 millones de dólares para el segundo semestre”, sostuvo.
Acotó que los rubros que más se ha acogido a este régimen son aquellos relacionados a la gastronomía, eventos y comercios que operan por lo general en horarios nocturnos. “Claramente empuja hacia arriba sobre gastronómicos, eventos. Se están recibiendo 60 pedidos por día. La suspensión de contrato fue una herramienta importante para mantener el empleo, fue un atenuante para evitar despidos”.
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Halley señaló que la pandemia ha hecho que la cantidad de cotizantes en el IPS aumente levemente. “Si la tasa de contagios sigue, tenemos que prepararnos, y ante todo esperemos que los números se estabilicen”, manifestó.
Cabe señalar que la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS recibió, hasta ayer, diez denuncias anónimas de trabajadores que informaron que las empresas para las cuales prestan servicios les están obligando a trabajar y cumplir las horas laborales, a pesar de que se encuentran con suspensión laboral.
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“Prioridad del Gobierno es llevar líquido vital a región Occidental”
El senador Basilio Núñez, uno de los proyectistas de la iniciativa “”Agua para el Chaco”, indicó que la prioridad del Gobierno es llevar el líquido vital a la región del Chaco paraguayo. El legislador sostuvo que, de no contar con la cooperación de cooperativas o empresas para la financiación, el Gobierno se podría hacer cargo de su financiamiento.
“El acueducto para el Chaco es una prioridad para el Gobierno, y nosotros no vamos a depender de otra empresa, es una cuestión de Gobierno. No podemos depender del humor ni de un legislador o una legisladora que retira su firma”, refirió en conversación con los medios de prensa en el Senado.
Reiteró que en este proyecto el Gobierno podría conseguir una fuente de financiamiento para llevar adelante la iniciativa presentada en el Legislativo. “Claro que puede, es cuestión de tiempo, de tratar de hacer bien los deberes, que lo estamos haciendo, y yo creo que vamos a tener agua permanentemente para el Chaco”, apuntó. Con respecto a los cuestionamientos de algunos sectores, en el Senado, sobre algunos puntos del proyecto, indicó que el primer paso ya fue tomado, presentarlo y en el transcurso de su tratamiento se podrá ir incluyendo las modificaciones.
“Tenemos que ver el lado positivo, se presentó un proyecto, está la problemática. Si hay una base, un proyecto de ley de 12 artículos, ¿para qué le damos entrada?, para que sea modificado, enriquecido, hasta la fuente de financiación podemos ver, si encontramos fuente de financiación para construir kilómetros y kilómetros de asfalto, que no se toma y que no es vital, por qué no vamos a encontrar financiación”, refirió el senador. Indicó además que el proyecto se encuentra en las comisiones asesoras para su estudio previo, antes de ser puesto a consideración del pleno y llegar a un acuerdo sobre las modificaciones que sean necesarias.
“Está en la comisión y nosotros mismos también vamos a sugerir modificaciones, ese proyecto de ley fue una iniciativa legislativa. Yo estuve en comunicación con el presidente de la República, el Ejecutivo va a dar sus sugerencias también a través de la bancada oficialista y nosotros por sí como senadores también”, sentenció.
“Debe ser abarcativo e integral”
El gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, instó a la posibilidad de trabajar en un proyecto abarcativo, para marcar diferencia en los departamentos de la región Occidental.
“Este debe ser un proyecto que beneficie a todos. Hasta ahora, los proyectos de acueductos no han beneficiado al Alto Paraguay, sin mencionar que no han sido bien elaborados porque no llegan a donde deberían: Loma Plata y el Chaco central”, puntualizó el jefe departamental.
Lamentó así las ineficiencias realizadas anteriormente con respecto a la posibilidad de potabilizar el Chaco paraguayo, apuntando a la importancia de seguir socializando el proyecto tanto con las autoridades departamentales, como también con la propia población. “Con el gobernador de Boquerón, Harold Bergen, hemos conversado sobre los alcances del proyecto ‘Agua para el Chaco’. A lo que queremos apuntar es a abarcar de manera integral las comunidades de Alto Paraguay, como antes no habían sido garantizadas”, refirió.
Reiteró la importancia de seguir contribuyendo con la realización del plan, apuntando a trabajos coordinados no solo entre las autoridades departamentales y del Gobierno, sino también con las propias comunidades que podrían acceder a cambios trascendentales en su estilo de vida.
Dirigente pide no poner trabas
El senador Líder Amarilla se refirió sobre el proyecto de ley “Agua para el Chaco”, impulsado por el parlamentario Orlando Penner.
El dirigente y legislador liberal puntualizó que acompañará y apoyará el plan, lo cual deben hacer otros colegas suyos, entendiendo la importancia de la propuesta para comunidades chaqueñas.
“Seguiré apoyando este proyecto, independientemente de la salida del senador Penner del partido Patria Querida porque el plan plantea una solución definitiva a la problemática de la falta de agua en el Chaco”, expresó el congresista ante diferentes medios de prensa.
Remarcó así que las cuestiones políticas o ideológicas no deberían utilizarse como excusa para rechazar el plan impulsado. Sentenció que los pobladores del Chaco tiene derecho a acceder al líquido vital y los parlamentarios poseen la obligación de garantizar dicho aspecto.
“Celebro al 100 % que esto se pueda llevar adelante y ojalá pueda materializarse lo antes posible. Desde el Senado y Diputados, de ninguna manera deberíamos poner trabas a esta propuesta porque el progreso es una necesidad para la región”, aseguró el senador Amarilla.
“El proyecto de agua es necesario para el Chaco”
El senador liberal pidió también una revisión del proyecto.
El senador Éver Villalba sostuvo que el proyecto “Agua para el Chaco” es necesario para los pobladores del país; sin embargo, destacó que existen varios puntos que deben ser revisados antes de ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores. “El proyecto en sí es necesario para esas comunidades. Ahora, sí yo tengo algunas reservas que estoy analizando con mi equipo asesor, primero es la adjudicación directa que prevé el proyecto”, comentó el legislador.
Como segundo punto que debe ser revisado, se refirió al monto que se había hablado inicialmente. “Se hablaba de 120 millones de dólares, pero en el proyecto presentado va a 250 millones de dólares”, indicó al hablar con periodistas acreditados en el Senado.
Reiteró que existe una gran necesidad de este tipo de proyecto, principalmente, para los pobladores de esa región del país. Mientras tanto, indicó que uno de los puntos que le preocupa y debe ser discutido es que el proyecto habla de agua cruda y no de agua potable.
“Es necesario. Los compatriotas que viven en esa zona del país necesitan tener agua. Otro punto que el proyecto no prevé, porque dice que, a través de un canal a cielo abierto, van a llevar agua, pero no se compromete en la provisión de agua potable. Entonces, finalmente esa carga va a quedar sobre el Estado o la comunidad. Dice agua cruda, no agua potable”, refirió.
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Las deudas con los trabajadores son la alta informalidad y la escasa protección legal
El 1 de mayo se recordó en todo el mundo el Día del Trabajador en conmemoración de los hechos históricos sucedidos en Chicago, EE. UU., en 1886, que permitieron finalmente el respeto a los derechos de los obreros estableciendo el tiempo máximo de trabajo y otras disposiciones de protección a los operarios de esa época.
Esa fecha histórica es motivo para reflexionar sobre la importancia de la contribución de los trabajadores en la sociedad y la necesidad de crear mayor cantidad de fuentes de trabajo para miles de personas que requieren una tarea adecuada para vivir con dignidad. Esto aparte de lo mucho que se tiene que hacer para que se cumplan efectivamente las leyes de protección al trabajador que en buena parte de la sociedad paraguaya sigue siendo letra muerta.
Celebrando la fecha, el presidente Santiago Peña señaló que el Día del Trabajador es un día para honrar el esfuerzo y la dedicación de cada ciudadano paraguayo. Resaltó que también hay que reflexionar sobre el valor del trabajo digno y la importancia de construir las condiciones para generar más empleos.
“Siempre dije y seguiré repitiendo que el trabajo es el mejor programa social, porque nos da la libertad de crecer sin depender más que de nosotros mismos. Nos dignifica y nos vuelve útiles para nuestras familias y nuestro país”, manifestó en un mensaje dado a conocer desde el Ejecutivo.
Prometió que desde el Gobierno seguirán invirtiendo en la formación de miles de paraguayos para acompañarlos con mejores oportunidades para su crecimiento. “Desde las escuelas hasta la culminación de sus estudios, ya sea con capacitaciones o con becas, porque estar preparado es clave”, precisó.
La preocupación del Gobierno nacional sobre la situación de los trabajadores está fundada en la realidad existente en el campo laboral, donde las personas que trabajan en su mayor parte no están debidamente protegidas como establecen las leyes, y la mayoría está en la informalidad. Un dato clave aportado por el trabajo “Desafíos de seguridad social en Paraguay” publicado en el 2023 por el Viceministerio de Economía indica que solo 2 de cada 10 personas ocupadas aportan a la seguridad social en nuestro país. La última encuesta del INE habla de que el 62 % de los trabajadores son informales y que el 36 % de todos los que trabajan gana menos del sueldo mínimo. Significa que el país se encuentra ante serios desafíos estructurales, como la elevada informalidad y la baja cobertura de seguridad social.
Por eso el jefe de Estado admitió que hay mucho que hacer y resaltó que sueña con un país donde cada paraguayo tenga un trabajo digno, con una buena remuneración, con empleos formales y un sistema de seguridad social fortalecido. “Estamos trabajando para lograrlo porque ese es nuestro compromiso con las familias paraguayas y porque esa es la mejor manera de honrar a quienes cada día, trabajando hacen un país mejor. Feliz Día del Trabajador”, remarcó en su mensaje por el Día del Trabajador.
En su historia pasada el Paraguay no se ha destacado por su reconocimiento y protección a los trabajadores, y en la actualidad existen muchas cosas pendientes. Por ejemplo, el 1 de mayo como Día del Trabajador solo se reconoció en 1902, 16 años después de los hechos de Chicago, y la jornada laboral de 8 horas recién se estableció en 1938, hace 86 años.
Por eso es importante el nivel de conciencia demostrado por las autoridades nacionales que están deseosas de mejorar la situación de los trabajadores. Una de las principales promesas electorales del presidente Peña es la creación de 500 mil nuevos puestos de trabajo para la gente, dado que el mejor premio que se le puede dar a una mujer o a un hombre es un empleo digno que cumpla todas las normas vigentes.
Los organismos estatales como el Ministerio de Trabajo y el Instituto de Previsión Social (IPS) tienen una ardua tarea para hacer que se cumplan las normas laborales y de protección social. No se puede admitir que la mayoría de la gente que trabaja continúe en la informalidad y no tenga seguro social. El sector privado debe ponerse al día en ese tema y las entidades públicas deben lograr que se cumplan las disposiciones legales.
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IPS aguarda ejecución de sentencia por deuda
Fiscalizadores de la Dirección Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Trabajo realizaron ayer una intervención de un consorcio hotelero en Asunción, para corroborar cuántos trabajadores no estaban inscritos al seguro obligatorio. Se espera sentencia para que salden millonaria deuda con la previsional.
La intervención se realizó a casi 10 años de haber iniciado el juicio contra el consorcio hotelero. “Tenemos un juicio activo que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia contra el consorcio hotelero. En su momento se había suscrito una homologación judicial la cual el consorcio incumplió”, detalló Jorge Gustale, jefe del Departamento Judicial del IPS, en “Dos en la ciudad” de canal GEN/Nación Media.Apuntó que incluso se llegaron a embargar varios inmuebles a favor de la previsional, todo siguiendo las instancias judiciales tras el incumplimiento de una de las sentencias por parte de los propietarios del consorcio. “El juicio en sí ya está durando unos 10 años”, refirió.
Señaló que durante estos años los representantes de la empresa han presentado varios incidentes en el juicio y que a medida que se presentaban fueron ganados por el Instituto de Previsión Social. “Hemos ganado todas las instancias y estamos en proceso de ejecución de sentencia”, detalló. Afirmó que hoy jueves los abogados del consorcio presentaron una acción de inconstitucionalidad con la que buscan dilatar más el proceso.
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IPS aguarda ejecución de sentencia para que consorcio hotelero salde millonaria deuda
Este jueves, fiscalizadores de la Dirección Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio del Trabajo realizaron una intervención de un consorcio hotelero en Asunción, para corroborar cuántos trabajadores no estaban inscritos al seguro obligatorio. Se espera sentencia para que salden millonaria deuda con la previsional.
La intervención se realizó a casi 10 años de haber iniciado el juicio contra el consorcio hotelero. “Tenemos un juicio activo que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia contra el consorcio hotelero. En su momento se había suscrito una homologación judicial la cual el consorcio incumplió”, detalló Jorge Gustale, jefe del departamento Judicial del IPS, en “Dos en la Ciudad” de canal GEN/Nación Media.
Apuntó que incluso se llegaron a embargar varios inmuebles a favor de la previsional, todo siguiendo las instancias judiciales tras el incumplimiento de una de las sentencias por parte de los propietarios del consorcio. “El juicio en sí ya está durando unos 10 años”, refirió.
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Señaló que durante estos años los representantes de la empresa han presentado varios incidentes en el juicio y que a medida que se presentaban fueron ganados por el Instituto de Previsión Social. “Hemos ganado todas las instancias y estamos en proceso de ejecución de sentencia”, detalló.
Afirmó que hoy jueves, los abogados del consorcio presentaron una acción de inconstitucionalidad con la que buscan dilatar más el proceso. “Nos llevamos la sorpresa de la acción presentada y que es meramente dilatoria. La deuda total con la previsional asciende a G. 31.900 millones”, puntualizó.
El profesional indicó que han tenido conversaciones con los representantes de la empresa y que tenían las intenciones de poder saldar la deuda, pero no avanzaron. “Hasta la fecha no hemos tenido ningún tipo de ingreso al IPS, ni formalmente donde ellas han reconocido que tienen una deuda con el instituto”, refirió.
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