El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) aclaró que más allá de la restricción horaria para circular, los trabajadores pueden hacerlo pasando las 20:00, ya que es entendible que deben llegar a sus casas.
Es así que conforme al decreto Nº 5.160/21, los trabajadores que se retiran de sus puestos laborales a las 20:00, el máximo permitido para abrir locales, pueden circular sin inconvenientes en la vía pública para desplazarse hasta sus respectivos domicilios.
No obstante, los trabajadores deberán contar con una constancia laboral que demuestre que se hayan retirado del trabajo, que indique lugar, empresa, cargo y horario en el que esta persona debe cumplir su labor.
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Deben portar constancia
Para tranquilidad de todos, el MTESS recuerda que está disponible la constancia laboral para circulación de los trabajadores en el horario restringido por la emergencia sanitaria. Para acceder al modelo de constancia, los empleadores pueden ingresar al siguiente enlace: https://www.mtess.gov.py/medidas-laborales-aplicad.
La cartera laboral reitera que la medida establecida por el Poder Ejecutivo respecto al horario de desplazamiento, que es de 5:00 a 20:00 en las ciudades que se encuentran en el nivel rojo de transmisión comunitaria del COVID-19, mientras que en las demás localidades continúa vigente el horario de 5:00 a 23:59.
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Internos de alta peligrosidad son trasladados a penal de máxima seguridad
El Ministerio de Justicia informó en la mañana de este martes que varios operativos se desarrollan en penitenciarías del país para el traslado de personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad. Las mismas son llevadas al penal de máxima seguridad de Minga Guazú.
Los trasladados se dan de las penitenciarías de Ciudad de Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero. Así lo confirmó el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, quien señaló que un total de trece personas son llevadas a la penitenciaría ubicada en Alto Paraná.
“Estos perfiles son altos perfiles, considerados de alta peligrosidad pertenecientes a organizaciones criminales internacionales, entonces con base en la inteligencia recabada se tomó la decisión a nivel superior de realizar el traslado”, explicó el secretario de Estado en conversación con el programa “Arriba hoy” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
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En la misma tesitura, mencionó que el operativo se dio de manera exitosa y sin incidentes. Destacó que este tipo de trabajos requiere de una importante planificación y por sobre todo la colaboración de fuerzas del orden como la Policía Nacional y el Ejército que son los que acompañan el traslado desde la extracción de las personas privadas de libertad de sus celdas originales hasta que sean ubicadas en sus nuevos módulos.
Respecto a la reacción de los demás reos ante estos cambios, teniendo en cuenta que muchos de los trasladados son líderes o cabezas de grupos internos de las penitenciarias, Nicora manifestó que en muchas ocasiones se quieren dar disturbios y los mismos también son contenidos y disipados con ayuda del equipo interdisciplinario que trabaja en el traslado.
Respecto a la ocupación del penal de máxima seguridad de Minga Guazú, el secretario de Estado señaló que hasta el momento se encuentra en un 72 %, contando aún con espacio en especial en los módulos de alta seguridad, los cuales cumplen a su vez con indicaciones y características diferentes al resto de la estructura edilicia.
“Minga Guazú tiene un nivel de equipamiento importante y una infraestructura también acorde a lo que buscamos y denominamos como nueva gestión penitenciaria que nos permite justamente separar y clasificar los perfiles de las personas privadas de libertad, y tenemos nuestros módulos de alta peligrosidad”, explicó el titular de la cartera de Justicia.
Trasladados
La lista de las personas privadas de su libertad que fueron trasladas desde los diferentes centros penitenciarios está compuesta por Óscar Quiñónez Insfrán, Sergio Darío Arzamendia González, Richard Dario Benítez Pereira, Alberto Rafael Aquino Sanabria y Fernando José Aquino Salinas, todos de la penitenciaría de Ciudad del Este.
Desde la penitenciaria de Encarnación fueron trasladados Jesús Ariel Romero Bolivar, Ariel Benítez, Edelberto Ramón González Lena y Andrés Núñez Silva, mientras que desde el penal de Pedro Juan fueron trasladados Mauricio Gayoso, Denis Daniel Olmedo Lomardi y Marco Antonio Flores Esquivel.
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Vecinos están en pie de guerra contra la nueva sede del Indi en la ciudad de Ñemby
Tras darse a conocer la propuesta de las autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) de trasladar las oficinas administrativas de la institución hasta un local ubicado en el barrio Rincón de la ciudad de Ñemby, el malestar de los posibles vecinos no se hizo esperar.
Si bien la idea del traslado surgió como una posible solución para lograr que los grupos de pueblos originarios desalojen calles aledañas al Indi y ya no generen caos en el tránsito cuando realizan las protestas exigiendo sus reivindicaciones, ahora los vecinos del nuevo local del instituto se encuentran en pie de guerra, ya que se niegan a tener que pasar por las mismas circunstancias calamitosas que generó el traslado.
“No nos gusta la idea de que se muden acá; estamos reunidos más de 20 comisiones vecinales con las cuales nos mantenemos en contacto y planteamos, inclusive, una manifestación para el próximo sábado. Nuestro temor es que, como hay baldíos aquí enfrente, se instalen los indígenas aquí y ya no se vayan”, comentó Victor Godoy, vecino de la zona, en conversación con el programa “Arriba Hoy” emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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El mismo precisó que conocen el historial de problemas de estas personas, y que si bien se habla de que se buscan mejorar las condiciones de los mismos, nadie puede darle a los vecinos la garantía de que no se repita el escenario y, por sobre todo, de que si se da la instalación de estas personas, las mismas puedan ser desalojadas por la policía.
Por su parte, Eva Fleitas, otra pobladora de la zona, manifestó que si bien comprenden la necesidad de cambiar la sede del Indi, destacó que esta no puede estar en un barrio como ese, el cual es considerado residencial y cuenta con una población muy alta de niños y adolecentes que pueden estar expuestos a las conductas atipicas de los indígenas.
“Muchos nos mencionaron que esta sería una medida provisoria hasta que se realice una sede más amplia y en condiciones, pero la verdad es que no creemos en que sea una decisión provisoria o si lo es pasará mucho tiempo antes de que cambien a la sede definitiva y nosotros no vamos a tolerar esto”, remacó Eva Fletas en conversación con GEN.
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Ordenan traslado a Tacumbú de sospechoso del feminicidio de Jessica Duarte
El juez Rolando Duarte dispuso el traslado de la cárcel de Emboscada a la de Tacumbú de Miguel Darío Sánchez, imputado por violencia familiar, y a su vez es el principal sospechoso de la muerte de Jessica Duarte Scappini. La resolución del citado magistrado se dio luego de la diligencia judicial en la que la defensa del imputado alegó recibir amenaza en la cárcel de Emboscada.
El magistrado señaló que la defensa del procesado pidió el traslado del imputado debido a que el mismo habría recibido amenaza por distintos medios.
Duarte sostuvo que “esta judicatura debe precautelar la seguridad del incoado a los efectos de poder asegurar su sometimiento a las resultas del proceso penal iniciado en su contra, siendo entendible lo solicitado por la defensa en el sentido de que se ordene su reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, siempre y cuando la autoridad penitenciaria no resuelva su traslado por razones de hacinamiento y/o seguridad”, señala la resolución del juez Duarte.
Días atrás la jueza de turno Alicia Pedrozo decretó la prisión preventiva de Miguel Darío Sánchez Romero, imputado inicialmente por violencia familiar y ahora como el principal sospechoso de la muerte de Duarte Scappini.
La magistrada sostuvo en su resolución que se cumplen los presupuestos para dicha medida, desde la gravedad del hecho punible, en ese sentido, “se halla demostrado con los documentos preliminares agregados en autos, los cuales describen sobre la forma en que ocurrieron los hechos y donde se identifica al supuesto autor, así como también, describe el hecho punible de Violencia Familiar, el cual es considerado grave”.
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Carmen Villalba fue trasladada a Minga Guazú
El Ministerio de Justicia informó este sábado que se procedió al traslado de Carmen Villalba, su hermana Laura Villalba y Francisca Andino desde el Centro Penitenciario de Mujeres “Casa del Buen Pastor”, de Asunción, hasta la Penitenciaría de Minga Guazú (Alto Paraná), dependiente de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.
De acuerdo al informe del ministerio, la decisión se da por motivo de seguridad, conforme a las informaciones recabadas por el Consejo de Defensa Nacional (Codena), y transmitida a los demás organismos de seguridad.
“Conteste a los informes de inteligencia recabados por el Codena, y a fin de asegurar la seguridad nacional, de los ciudadanos y el correcto funcionamiento del ordenamiento jurídico del Estado Paraguayo, con ayuda de las fuerzas públicas se procedió al traslado de las mujeres privadas de libertad, Carmen Villalba, Francisca Andino y Laura Villalba al módulo de máxima seguridad para mujeres de la penitenciaría de Minga Guazú”, refiere el informe dado a conocer por el MJ.
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Las tres mujeres ya se encuentran en la penitenciaría de destino, el traslado se realizó con un extremado sistema de seguridad a tempranas horas de este sábado, vía aérea desde Asunción a la ciudad del este del país.
Carmen Villalba debe cumplir condena hasta el 2035, primeramente fue sentenciada a 18 años de cárcel por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, considerado como el inicio de “la industria del secuestro” en Paraguay, marcando la aparición del grupo armado, que luego sería conocido como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Esta condena ya está compurgada.
La fundadora del EPP tiene otra condena de 17 años de cárcel, que la cumplía hasta este sábado, en la penitenciaría de mujeres, por intentar acabar con la vida del comisario Merardo Palacios y los oficiales de la Policía Nacional, Francisco López y Alberto Barboza. Esto había ocurrido en medio de un intento de fuga en el año 2004.
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