El gerente del banco que fue atracado en la localidad de Naranjal, departamento de Alto Paraná, confirmó ayer jueves que los delincuentes lograron alzarse con G. 2.800 millones. Dos vehículos fue­ron abandonados tras el robo y hasta el momento se desco­noce la identidad de los per­petradores.

Según datos suministrados por Jorge Agustín Woits­chach, gerente de la entidad bancaria Bancop, este grupo criminal logró llevarse el botín millonario y dejando igualmente serios daños materiales. Cerca del medio­día de ayer jueves lograron contabilizar todo el dinero, manifestando que dejaron tirado cerca de G. 700 millo­nes dentro del local.

“Al fina­lizar el arqueo obtuvimos la cifra de G. 2.800 millones. Se llevaron billetes de guaraníes, dólares y reales”, expresó en entrevista con la 1020 AM. Resaltó que el 100 % de los daños al edificio y mobiliarios, así como el dinero robado por estas personas será cubierto por el seguro. Afirmó que afor­tunadamente no hubo perso­nas heridas o víctimas que lamentar.

Hasta el momento se presume que actuaron unas 15 personas que lograron su objetivo que era llevarse una suma millonaria. En nuevas imágenes de cámaras de segu­ridad del banco se puede ver que llegaron en dos vehícu­los, redujeron a los guardias, colocaron explosivo en gel y detonaron la bóveda. Hasta el momento la Policía Nacional logró encontrar los dos auto­móviles con el que cometieron el atraco. Uno de ellos fue aban­donado en un camino vecinal a unos kilómetros del banco y el otro fue arrojado a un río. Se presume que huyeron hacia el departamento de Caazapá.

El gerente comercial del banco atacado con explosivos, Jorge Woitchack, pidió reforzar la seguridad en todo el distrito de Naranjal, departamento de Alto Paraná. “Lamentablemente tenemos que estar pasando por esta situación. La sucursal no tenía ninguna presencia física de personal allí y solamente hubo daños materiales. Esta es la primera vez que la sede de Bancop es atacada por delincuentes, por lo que el gerente abogó el refuerzo policial en la zona.

“Todos sabemos que Naranjal es una zona muy productiva, de mucha gente que se dedica a la producción agrícola principalmente. Y básicamente es una de nuestras sucursales agrícolas”, subrayó el gerente comer­cial de la entidad bancaria. Garantizó que el banco cuenta con el respaldo de una compañía de seguro.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.

Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.

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El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.

“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.

Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.

“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.

Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.

“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.

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El delicado estado de salud de Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre, imposibilitó realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se debía resolver si el autor del terrible accidente iba a ser derivado a la cárcel de Tacumbú. Sanabria Vierci está imputado luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino, donde fallecieron varias personas entre ellas una diplomática alemana.

La jueza penal de Garantía de Caacupé se constituyó hasta el sanatorio privado donde está internado el imputado Sanabria Vierci y debido al delicado estado de salud del mismo no se pudo llevar a cabo la diligencia judicial. Se esperará que mejore su cuadro clínico para que se pueda realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares.

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La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.

En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.

La única que hasta el momento pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. La niña está internada luchando por su vida en el área de terapia intensiva del Hospital de Trauma. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.

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De enero a octubre de 2024, la Itaipú Binacional transfirió al Estado paraguayo USD 462 millones en concepto de royalties, compensación por cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande).

Los desembolsos se realizaron en el marco de las condiciones establecidas en el Anexo C del tratado de la Binacional. Desde la hidroeléctrica remarcaron que se encuentran honrando en tiempo y forma sus compromisos financieros con el Estado.

De acuerdo con el informe de la Dirección Financiera de Itaipú, el Ministerio de Economía y Finanzas recibió USD 223 millones por royalties y USD 191 millones en carácter de cesión de energía. Por su parte, la ANDE recibió USD 48 millones por utilidades y resarcimientos de las cargas de administración y supervisión.

En lo que refiere solo a las transferencias efectuadas en el décimo mes del corriente año, los royalties representaron USD 21 millones, mientras que USD 20 millones fueron inyectados por cesión de energía. A su vez, la ANDE percibió USD 1,6 millones; sumando así unos USD 43 millones los desembolsos de la Binacional en octubre.

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Según establecen las legislaciones nacionales, una parte de los royalties es destinada al financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras que otra importante porción, el Tesoro Nacional la transfiere a los gobiernos departamentales y municipales.

En el caso específico de la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y un porcentaje también es distribuido a municipios y gobernaciones.

Por otro lado, los pagos de Itaipú a la ANDE, en tiempo y forma, le permiten a la empresa pública tener fondos garantizados y previsibles para así cumplir sus planes de inversión, con el fin de proveer un servicio de electricidad de calidad en todo el territorio nacional.

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