El líder de la bancada del movimiento Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, indicó que la propuesta de su colega opositor Eduardo Nakayama, de trasladar a los funcionarios públicos como asegurados al sistema de salud del Instituto de Previsión Social (IPS), es populista e irreal.

Chase señaló que cada gremio del funcionariado público tiene su propio contrato colectivo donde se estipula el sistema de salud que van a utilizar. “Un proyecto así es totalmente inaplicable porque cada institución es diferente, los contratos colectivos son particulares, deben analizarse por casos. No es posible tomar un procedimiento en general”, indicó a los medios de comunicación.

Acotó que “ cualquier movilización que tenga el sistema de seguro en las instituciones públicas, ya sea migrar, cambiar o eliminar es un caso particular. Este es un proyecto más populista que real por su inaplicabilidad, son expresiones que no están estudiadas a fondo”.

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El anuncio realizado por Nakayama de presentar un proyecto que proponga eliminar el seguro médico privado en todas las reparticiones estatales surgió luego de que haya hecho público la intención de algunos parlamentarios de reasignarse nuevamente fondos públicos para el pago del seguro médico calificado como vip y la asignación de cupos de combustible por un valor de G. 5 millones.

“Es un contrasentido que haya gente que muere en el precario sistema de salud público y que se esté pagando millones de las arcas del Estado en seguros privados”, había comentado el parlamentario en una entrevista con la 680 AM.

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“Estamos paso a paso yendo en la construcción de las circunstancias fácticas, de acuerdo al cúmulo documentológico que se tiene”, manifestó el fiscal la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Néstor Coronel, con relación a la causa judicial sobre las presuntas irregularidades en una operación fiduciaria concretada entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y una entidad bancaria local.

De esta forma, Coronel indicó que las investigaciones siguen su curso normal, pese a su complejidad. El proceso fue abierto tras la denuncia presentada por la actual administración de la previsional en el mes de febrero, luego de la realización de una consultoría externa que reveló graves falencias del IPS con el banco de plaza en el manejo de los fondos destinados a las inversiones inmobiliarias.

“La causa va avanzando tal cual como corresponde. Desde el mes de febrero, nosotros nos abocamos a entender este tema del negocio fiduciario, ya que tiene sus tecnicismos y requisitos, entender cómo nace esta intención por parte del IPS, que bien sabemos tenía un fin altruista”, indicó en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El caso judicial guarda relación con una rapiña de G. 828.000 millones mediante un contrato de fideicomiso. La millonaria suma debió ser empleada exclusivamente para obras: la terminación del Hospital Ingavi, la construcción de la Policlínica, la construcción de Hospital Día y la construcción del Hospital Hema­to-Oncológico. Sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

“Todo lo que nosotros podamos decir como Ministerio Público debemos replicarlo ante un juzgado, ante un Tribunal de Sentencia, entonces nosotros debemos ser cautelosos de la manera en que se van diseñando las posiciones fácticas. Acá hay personas que están detrás de estas actividades y debemos identificar a quienes desnaturalizaron esta actividad y formular las hipótesis”, refirió.

Coronel mencionó que la investigación se complica debido a la necesidad de recopilar información detallada de auditorías internas y externas del IPS. “Yo entiendo que en el día a día aparecen tapas de diarios, informaciones que se producen, pero independiente a todo esto nosotros tenemos una responsabilidad que tiene que ver con un trabajo serio y con la posibilidad de identificar aquello que nos resulte útil en el sentido penal”, comentó.

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El contrato fiduciario original firmado entre el IPS y la entidad bancaria responsable de administrar el fondo para la construcción de cuatro hospitales (solo dos se ejecutaron), fue liquidado y el dinero se desvió a otros fines que no fueron los aprobados por ley inicialmente. Las obras previstas no se completaron y las que sí se realizaron acumulan deudas. De las 40 licitaciones ejecutadas bajo el fideicomiso, la auditoría verificó dos y halló 21 obras fantasma.

• “LA CAJA NEGRA”

Una serie de irregula­ridades en el manejo de G. 828 mil millo­nes destinados a la cons­trucción de cuatro hospita­les llevó a la formulación de una denuncia penal y a una exhaustiva auditoría interna del Instituto de Previsión Social (IPS) que concluyó con un lapidario informe.

El contrato de fideicomiso, firmado en 2017 durante el gobierno de Horacio Cartes, mediante una ley que per­mitió este tipo de acuerdo, buscaba financiar la cons­trucción de un hospital hemato-oncológico, una policlínica, un Hospital Día, y la culminación del hospital de Ingavi. Sin embargo, un año después, en diciembre de 2018, ya bajo la administra­ción de Mario Abdo Benítez, se realizaron adendas al con­trato original, lo que permitió el uso de fondos para “otros centros de salud”, desvir­tuando el propósito inicial.

De los cuatro hospitales pre­vistos solo dos concluyeron pero sin haber pagado la totalidad a los proveedores, otro permanece inconcluso y el hospital hemato-oncoló­gico, ni siquiera se construyó. A pesar de ello, los recursos del fideicomiso se agotaron, sin que las obras previstas se finalicen. Pese a que la ley aprobada establecía cla­ramente los cuatro centros prioritarios para el destino del acuerdo de fiducia, el 77 % de los G. 828 mil millones se utilizaron en 40 licitaciones relacionadas con esos “otros centros de salud”, esto se con­cretó ya durante la adminis­tración abdista.

Entre 2022 y 2023 se reali­zaron los mayores desembol­sos del fideicomiso, pero no fueron destinados a las obras originales. La mala gestión de los fondos generó millonarias demandas contra el IPS, ya que, aunque algunas obras fueron realizadas, los pagos a las constructoras no se com­pletaron, lo que derivó en liti­gios judiciales. Las construc­toras, al no recibir sus pagos, entablaron demandas contra la institución.

En febrero de este año, una consultora privada realizó un análisis del contrato fidu­ciario, encontrando nume­rosas irregularidades en su ejecución. A partir de estos hallazgos, las autoridades actuales del IPS presenta­ron una denuncia penal ante la Fiscalía, abriendo una causa a cargo del fiscal Nés­tor Coronel. Posteriormente, de manera paralela, la Audi­toría Interna del IPS inició una investigación sobre dos de las 40 licitaciones realiza­das bajo la cláusula de “otros centros de salud”.

El informe de esta audito­ría, que concluyó la semana pasada y consta de 448 pági­nas, revela la existencia de 21 obras fantasma, así como un perjuicio económico de G. 1.600 millones. Este monto es la diferencia entre lo que cer­tificó y pagó, de lo que real­mente se ejecutó y puede verse a simple vista.

Actualmente, la Dirección de Auditoría del IPS está inves­tigando el contrato fiducia­rio original, para identificar a los responsables de la adenda que alteró el destino de los recursos.

Respecto a lo que dice el con­trato, en el punto 3 se aclara que la entidad financiera debe hacer la debida diligen­cia para cumplir con la finali­dad de la fiducia, y en el punto 2,4 se establece que el gerente de Infraestructura del IPS es el responsable de firmar las órdenes de pago, y si hay cam­bios, se debió comunicar 24 horas antes y con el aval del Consejo de Administración.

En ese sentido, la investigación detectó que los des­embolsos de los G. 828 mil millones fueron autoriza­dos por el gerente de man­tenimiento del IPS, en lugar del gerente de infraestruc­tura, tal como lo estipulaba el contrato. Este cambio en las órdenes de pago debió haber sido comunicado por escrito, pero no consta en ninguna documentación oficial.

El club de adultos mayores “Vida Plena” del hospital Ingavi Instituto de Previsión Social (IPS) volvió a abrir sus puertas el 22 de octubre. Este es un espacio de encuentro y recreación que permite a los adultos mayores acceder a contención y compañía en presencia de sus pares y de profesionales que salvaguardan su salud física y mental.

Durante este primer encuentro fue presentado el equipo que estará a cargo del club. Entre sus participantes se encuentran la doctora Ana González en geriatría, la licenciada Liz Samudio en enfermería y la licenciada Ada Cáceres en psicología.

En el marco de la reinauguración, la licenciada Cáceres habló sobre los factores neuroprotectores en el adulto mayor. Además, la fisioterapeuta licenciada Sandra Gonzalez, se encargó de ofrecer demostraciones de cuidados con ejercicios básicos en casa.

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La doctora Ruth Zayas, directora del Hospital de Especialidades Quirúrgicas, expresó su gratitud por la oportunidad de revivir este proyecto, resaltando el compromiso con la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores.

Por su parte, la doctora Lourdes Melgarejo, coordinadora del hospital, destacó el Programa de Atención Integral al Adulto Mayor Vida Plena creado por Resolución n.° 071-014/14.; mencionando que la sociedad tiene para con los adultos mayores responsabilidad moral de brindar mejores medios de vida; bienestar agradecimiento y respeto.

El proyecto ya cuenta con equipamiento completo de profesionales; médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, servicio de geriatría y personal del servicio social, asegurando la excelencia en la atención de los mayores. El único requisito para acceder a los encuentros es tener más de 60 años (sin distinción entre asegurados y no asegurados) y el próximo encuentro se dará el martes 5 de noviembre, de 9:00 a 11:00, en el salón auditorio del Hospital Policlínico Municipal de Asunción (Mayor Fleitas 858 casi Teodoro Salvador Mongelós).

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