El presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, Oliver Gayet, manifestó que unas 15.000 personas más que trabajan en dicho rubro serán suspendidas en sus actividades laborales a consecuencia de las nuevas medidas restrictivas anunciadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez y que entrarán a regir a partir de este martes 27 de abril por las próximas dos semanas, que limitarán la movilidad hasta las 20:00 en 58 ciudades de nivel rojo por COVID-19.
“Estas nuevas medidas nos afectan enormemente, a nosotros como empresas y a nuestros funcionarios. Dentro de la ARPY estaremos suspendiendo en sus funciones a unas 7.000 personas. Si hablamos a nivel de gastronomía nacional, con gente que trabaja de manera formal, probablemente llegué a unos 15.000 nuevos suspendidos”, afirmó Gayet.
Acotó que esta situación sumamente complicada para dicho sector además es un duro golpe para el Instituto de Previsión Social (IPS). “Tienen grandes problemas porque no van a recaudar y tendrán que desembolsar ese subsidio, el cual estamos peleando con Hacienda para que sea por lo menos un salario mínimo. No entendemos cómo nuestros funcionarios deben vivir con medio salario mínimo durante la suspensión”, expresó.
Sobre las conversaciones que tuvieron con las autoridades del Gobierno para consensuar medidas económicas paliativas, respondió: “Nos sentamos en la mesa, discutimos y discutimos, pero no llegamos a una solución en la que podemos decir nuestras necesidades concretas y que el Gobierno acceda a las mismas”.
Agregó: “Eso es algo que nos preocupa mucho, ahora las medidas sanitarias, entendemos. Debemos cerrar 15 días en los cuales no vamos a facturar y nos vamos a endeudar en muchas cosas y después, cuando salga la resolución, sucede recién en 5 o 6 meses. Es complicado el tema. El Gobierno tiene que querer poner de su parte”.
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Sin fondos para indemnizaciones
La única vía que tienen en este momento es suspender de sus funciones a sus trabajadores. “Ni siquiera podemos pensar en despedirlos porque sencillamente no tenemos fondos para pagar indemnizaciones. Desde el año pasado que estamos buscando la manera de sobrevivir, pero cada vez es más difícil”, añadió.
El presidente de la ARPY acotó que en total estarán suspendidas unas 30.000 personas en el rubro gastronómico. “Hay mucha gente que está diciendo que no va a acatar las medidas, ya que eso significaría el quiebre de sus locales. Jurídicamente no te pueden hacer nada si uno abre, no hay multa, no te pueden llevar preso, no tienen argumento constitucional. Nosotros vamos a apoyar al Gobierno en el aspecto sanitario, pero necesitamos que ellos nos apoyen en el tema financiero”, sostuvo.