La Asociación Rural del Paraguay (ARP) se pronunció en contra del fallo que obliga al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) a proveer a un ciudadano informaciones privadas de los ganaderos como, por ejemplo, cantidad de animales de ganado vacuno por nombre de establecimiento y destino final.

En ese sentido, el gremio apoyó al Senacsa para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia solicitando la nulidad de los fallos de primera y segunda instancia.

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La resolución judicial que obliga a proveer esos datos privados fue dictada por la magistrada Lizza Reyes, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la capital, y confirmada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, sexta sala, integrado por Enrique Mercado, Osvaldo González y Mirtha Ozuna de Cazal.

Dichas informaciones fueron solicitadas al Senacsa por el ciudadano de nombre Federico Legal Aguilar, amparándose bajo la Ley Nº 5.282/2014 que garantiza el libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental.

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Carlos Miguel Goiburú, presidente de la comisión de asuntos legales de la ARP, comentó que el solicitante de las informaciones forma parte de un grupo de gente que está con un abogado chileno que trabaja en Paraguay. Ese grupo viene pidiendo, desde hace ya un tiempo, datos varios al Senacsa, entre los cuales hay datos públicos que ya fueron proveídos, dijo.

Sobre los datos privados, Goiburú cuestionó el pedido de información alegando que esos datos son privados y cuestiones particulares de cada ganadero, y están protegidos por la propia carta magna. “La Constitución Nacional dice que la intimidad personal y familiar, como el respeto de la vida privada, son inviolables. Según los constitucionalistas, forman parte de la intimidad, el derecho a la imagen, al honor, al nombre y también la personalidad económica de una persona”, afirmó.

Con fines delictivos

Desde el gremio agroganadero sostienen que es muy peligroso proveer esos datos privados a una persona particular. “Estamos muy preocupados, esas informaciones privadas de los ganaderos podrían ser utilizadas con fines delictivos, como extorsiones o secuestros”, expresó Goiburú.

Por último, el presidente de la comisión de asuntos legales de la ARP reiteró que la decisión judicial es inconstitucional porque viola el derecho de los productores ganaderos. “Este error judicial es inconstitucional y un gran peligro para nosotros. Son informaciones privadas de ganaderos que no son funcionarios públicos y no están bajo el ámbito de la ley de la información pública”, puntualizó Goiburú.

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