Productores de Guayaibí, del departamento de San Pedro, preocupados y como primera medida de acción ante las trabas, más la excesiva burocracia en el proceso del cultivo del cáñamo para la agricultura familiar campesina, anuncian una manifestación y cierre de ruta para mañana a partir de las 8:00 en la zona céntrica de la ciudad.

Así lo confirmó a La Nación el productor de la zona Hugo Correa, quien lamentó el contexto y trasfondo político en el que se está desenvolviendo el proceso, cuya legalización ya data desde el 2019 con fines, supuestamente, benefactores para la agricultura familiar y los pequeños productores, a más de la declaración de interés nacional por el propio presidente de la República.

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“Queremos que la ciudadanía sepa cómo se dieron las cosas, nosotros como productores interpretamos que el cultivo del cáñamo sería exclusivo para los agricultores, y para eso nos planificamos, nos preparamos desde hace 2 años. Ahora nos salen con que el Senave quiere llevar las semillas a su cámara para validación, siendo que el IPTA ya validó eso”, expresó.

Pero para sorpresa de los productores, existen unas 3 empresas privilegiadas que ya están muy adelantadas con el cultivo en campos extensivos de 300 a 400 hectáreas y que utilizan a productores de soja para el efecto, sin incluir a los pequeños productores, quienes deberían ser los beneficiados, dijo. Es por ello que tras recurrir a todas las instancias posibles y legales para exigir el cumplimiento de lo que se había establecido, pasan a la primera medida de acción con la manifestación prevista para mañana, pero no descartan que sea de forma intermitente y ampliado en otras zonas del país con presencia de unos 7.000 a 8.000 productores incluso.

Correa recalcó la necesidad de diversificación del cultivo, que bien lo pueden hacer con el cáñamo, y que podría ser una salida a la complicada situación económica que se arrastra a causa de la pandemia, de miles de productores que podrían iniciar el cultivo en este primer ciclo que empieza el 15 de abril.

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Tanto asociaciones, comités y cooperativas de productores están agremiados a la Cámara Paraguaya de Cannabis Industrial (Cannapy), a modo de trabajar en alianzas tal y como se importaron las semillas.

El gerente de la Cooperativa Agronorte, Rolando Chávez, mencionó a la vez la situación bien podría ser subsanada con el simple registro en cultivares de la semilla, pues las mismas variedades importadas ya fueron verificadas tras los ensayos realizados por el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), ya que la misma Ley N° 385 de semillas lo permite, al haber sido declarado de interés nacional ya en el 2020.

En el artículo 19° de la citada ley menciona que podrán ser inscriptas de oficio los cultivares que cumplan con los requisitos previos (artículos 11 y 12) que resulten de interés público su comercialización. Por su parte, Federico Montanía, miembro de la comisión directiva de la Cannapy, fundamentó la importancia de que las semillas se inscriban de oficio en el registro de cultivares, a modo de que cualquier empresa o cooperativa pueda importar y empezar a sembrar, ya que las mismas fueron aprobadas por el IPTA.

Mientras sigue pasando el tiempo, lo que sucede es que el país está perdiendo relación de competencia ante otros países de la región que ya se encuentran adelantados, limitando así el mercado de exportación, ya que los primeros que realicen el cultivo serán los que ganarán mercados, limitando así a Paraguay o dejando fuera, acotó.

En cuanto al estado actual de las semillas, Montanía mencionó que siguen varadas en el aeropuerto sin realizar el despacho aduanero que deben hacerlo la Cannapy, ya que una vez realizado, lo que pretende el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) es direccionarlo a su cámara fría para un nuevo ensayo que dura 2 años, mientras los productores aseguran contar también con su propia cámara, según Correa.

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El valor de las importaciones de las tres variedades de semillas, Felina, Futura y Fedora, unos 1.000 kilos para 60 parcelas, realizadas por las empresas, cooperativa y comités de productores que se unieron en la Cannapy, asciende a los 20.000 euros a la fecha.

Lo que sorprende a los productores y miembros de la Cannapy es que la salvedad con la que se dejó operar a las grandes empresas, por lo que refieren intereses particulares que benefician a las empresas en cuestión, entre ellas Healthy Grains SA, y que no existe voluntad política, ya que el ministro de Agricultura y Ganadería puede realizar de oficio la inscripción de las semillas, alegaron.