El exministro Euclides Acevedo opinó sobre los cuestionamientos que se hacen al Congreso, y en este sentido, dejó en claro que toda crítica es válida, pero no así apelar a la eliminación o supresión del Poder Legislativo, puesto que este permite sostener la democracia y evitar el autoritarismo.

“No podemos reprochar a la institución Parlamento, podemos criticar algunos arrebatos de ignorancia, pero no podemos cuestionarlo porque el día en que el Parlamento desaparezca, allí sí habrá dictadura entonces si uno no quiere que eso suceda y que no haya autoritarismo, no se puede reprochar al Parlamento”, manifestó.

A esto añadió, “creo que la crítica es saludable, pero el ataque despiadado a una institución del Estado nada más y nada menos que a mi juicio, dentro la teoría de la Constitución, la institución más importante desde el punto de vista del equilibrio republicano es el Parlamento”, sostuvo ante la 650 AM.

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Para Acevedo no es cierto que exista una “crisis de representación”, y afirmó que el Congreso actual es el reflejo de una sociedad que está degradada y el mayor signo de esto es que existan referentes de la ciudadanía alegando que no todos deberían tener derecho a votar, queriendo suprimir la igualdad de sufragio que es un fundamento republicano.

“La gente dice que va a respetar la ley en la medida que haya un orden, pero ese orden supone consenso, el consenso supone diálogo, el diálogo supone debate, el debate supone manejo conceptual de los hechos y de las instituciones, por lo tanto, no se puede juzgar de que este Parlamento es mejor que el otro, ha sido el resultado de la decisión ciudadana y la sociedad es la que está representada”, aseveró.

El exministro indicó que desde hace décadas habla de la necesidad de un pacto democrático, pero que esto requiere del diálogo y la deposición de actitudes intransigentes y descalificadoras entre los actores políticos, de modo a construir un proyecto común.

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“Si uno quiere construir un proyecto de desarrollo hay que sentarse y escucharse mutuamente, yo creo que ahí está la incapacidad o ignorancia política de aquellos que hablan de dictadura, de autoritarismo, de libertad y a la hora de la verdad no son capaces de sentarse a hablar porque aquel le parece antipático”, enfatizó.

La Comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos tratará el caso del operativo Pavo Real II, que tuvo el objetivo de desarticular la organización de Jarvis Chimenes Pavão, que derivó en el allanamiento del domicilio del diputado Eulalio Gomes, el pasado 19 de agosto, situación en que se produjo su deceso.

El representante legal de la familia, el abogado Óscar Tuma, indicó que acudirán a la convocatoria de la CBI donde estarán presentando documentaciones de las operaciones realizadas por el extinto diputado y su hijo. “La convocatoria es exclusivamente sobre la causa de lavado de dinero. Nosotros tenemos todas las documentales, nosotros tenemos pericias realizadas donde claramente se determina de que no existe lavado de dinero”, expresó el abogado Tuma.

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Aseguró que todas las operaciones realizadas fueron autorizadas por las entidades bancarias. “Todas las operaciones financieras que hizo el diputado Lalo Gomes, que hizo su hijo Alexandre Gomes, se hizo dentro del sistema financiero del país, bajo los controles del BCP y los controles de la Seprelad. No existieron alertas y todas las operaciones fueron aprobadas”, aseveró.

Por otra parte, indicó que aprueba la convocatoria, ya que será una oportunidad para demostrar todos los documentos con que cuenta la familia y los representantes legales. “Nosotros vemos con buenos ojos, nosotros queremos que se sepa la verdad. Lo que yo estoy diciendo en cuanto a lo que dije, se sostiene con documentos, no son solamente manifestaciones, sino tenemos los documentos que muestran que todas las operaciones se hicieron dentro del sistema financiero de nuestro país”, dijo el abogado.

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El doctor Aníbal de los Ríos presentó su renuncia ante el Consejo Administrativo del Instituto de Previsión Social (IPS) y en su reemplazo fue designado Gustavo Alberto González en representación del Ministerio de Salud Pública. El cambio fue realizado vía decreto número 2832 de la Presidencia de la República, con fecha de 5 de noviembre del 2024.

El cambio del ahora exconsejero se habría dado por recomendación del presidente de la previsional, Jorge Brítez, al presidente de la República, Santiago Peña, que finalmente vía decreto realizó los cambios en el Consejo del IPS.

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El exconsejero fue cuestionado por varios sectores políticos y sociales tras sus polémicas declaraciones en una de las sesiones del Consejo Administrativo de la previsional, mencionando que se debe dejar de inver­tir en hospitales del interior, ya que esto “no ayuda a la imagen” del IPS.

Tras estas expresiones fueron varias las reacciones, entre ellas el Consejo de Gobernadores que solicitó incluso la salida del mismo del Consejo Administrativo. Las reacciones también se dieron en la Cámara de Diputados, donde incluso se habló de una interpelación al ahora exfuncionario previsional.

De los Ríos se excusó en varias ocasiones, señalando que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. “Sigo con mis mismas convicciones sobre lo que dije en la sesión del Consejo, era una simple comparación entre dos centros, uno de la capital y otro del interior del país y en ningún momento tuvo un tinte discriminativo hacia las instituciones del interior del país”, había mencionado en un programa del canal GEN/Nación Media.

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El director jurídico de la Contraloría Gene­ral de la República, Darío Ortega, manifestó ayer que la Fiscalia obvió varias irregularidades regis­tradas en el Instituto de Pre­visión Social (IPS) durante la gestión de Vicente Bata­glia. Indicó que la desesti­mación de la denuncia es algo preocupante.

“Nos causó mucha preocu­pación este caso en particu­lar, por las aristas que tiene, tomaron hechos que no for­maban parte del informe para llegar a concluir en una desestimación”, señaló Ortega.

Luego agregó que “la Fisca­lía solamente pudo verificar pago por 350 mil millones de guaraníes. Sin embargo, la deuda del IPS a proveedores era de 1 billón de dólares que hablando en dólares sería de 130 millones de dólares, o sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”.

Las preocupaciones del director jurídico de la Con­traloría fueron vertidas en el programa “Así son las cosas”, emitido por GEN TV y Uni­verso 970 AM.

El equipo del Ministerio Público conformado por Néstor Coronel, Luis Piñá­nez y Jorge Luis Arce pidió días atrás al juez penal de Garantías la desestimación de la denuncia contra Vicente Bataglia y los exconsejeros del IPS, Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Lucía Claudina Ailvera, Miguel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo.

Los citados funcionarios del ente fueron denuncia­dos a través de una audito­ría que realizó la Contralo­ría General de la República y que detectó un supuesto desfalco de 1 billón de gua­raníes, durante el ejercicio fiscal 2022 y primer cuatri­mestre de 2023.

En la denuncia se detalló que se identificó que 9.353 bie­nes de la previsional, como equipos de salud, laboratorio e informática, están catalo­gados como faltantes y tota­lizan la suma de 42.915 millo­nes, entre otras presuntas irregularidades.

Desde la Contraloría y la Dirección Jurídica del IPS aguardan que el juez penal de Garantías rechace el pedido de desestimación fiscal y cas­tigue a los responsables de las graves irregularidades admi­nistrativas que se realizaron en el ente y que perjudica a los asegurados.

Tras la probable desestimación por parte del Ministerio Público a la denuncia contra Vicente Bataglia, expresidente del Ins­tituto de Previsión Social (IPS), desde la propia previsional manifestaron que sorprendió la decisión de la Fiscalía General del Estado; no obstante, anun­ciaron que buscarán la forma de reabrir la causa, puesto que esto genera un mal precedente en la administración pública.

“La desestimación no implica que no se pueda reabrir la causa el día de mañana cuando existan hechos nuevos, como podría ser el caso de la audito­ría interna dependiendo de los hallazgos que se encuentren, pero sí nos sorprendió, ya que denunció el IPS, también la Contraloría, además de algunos parlamentarios”, expuso José González, ase­sor jurídico del instituto.

Como consecuencia de la denuncia de los legisladores, el Consejo de Administración del IPS había resuelto realizar una auditoría externa donde se encontraron hechos relevantes, recordó el ase­sor ante la 650 AM e indicó que llama la atención que el Ministe­rio Público no haya recurrido a su laboratorio forense para rea­lizar pericias contables para determinar si hubo o no perjuicio patrimonial.