MIC realizó curso de análisis financiero para mipymes
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El Ministerio de Industria y Comercio, a través del Viceministerio de Mipymes, celebró recientemente un nuevo curso de análisis financiero dirigido a las micro y pequeñas empresas.
Este tipo de acciones se llevan a cabo en el marco del curso de formación en gestión y administración de mipymes, donde los participantes han podido interactuar con el consultor, con un amplio contenido para la elaboración del Plan Financiero de sus organizaciones.
El curso fue desarrollado por Stephanie Buhk, consultora financiera independiente, (economista por la Universidad Nacional de Asunción), magíster en Finanzas (Universidad Torcuato Di Tella), especialista en Gestión de Carteras (Instituto de Estudios Bursátiles), Aprobado el Nivel I de la Certificación Internacional CFA.
En su trayectoria profesional fue directora del Departamento de Estudios Económicos y Análisis Financieros, y directora del Departamento de Desarrollo de Mercados de la Comisión Nacional de Valores del Paraguay; analista principal del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social); coordinadora de Planificación Financiera de la firma Petrobras Paraguay; asesora financiera para individuos y analista en procesos de fusiones y adquisiciones de empresas del Puente Casa de Bolsa; docente en diferentes universidades, empresas, instituciones públicas, en alianza con consultores y de forma independiente.
Hace un par de días, se llevó a cabo dentro del programa mencionado el encuentro denominado Questions & Answers, con el tema “Determinación de costos y proyección de ventas”.
El curso fue llevado a cabo a través de plataforma digital y los participantes interactuaron con el disertante invitado, Adolfo Rodríguez Godoy, socio director de la Consultora Alianza Estratégica.
Se trata de un profesional Contador Público (UNA), magíster en Impuestos y Auditoría ( FOTRIEM), máster en Administración de Empresas (UNA), posgrado en Alta Gerencia (UNA) y posgrado internacional Administración Estratégica (Universidad de Belgrano, Argentina).
Más que nunca, el exiguo nivel que presentan los cauces hídricos debido a la falta de lluvias en el norte del Paraguay y sur de Brasil hacen necesarios los trabajos de dragado de los ríos, especialmente los dos más importantes que son utilizados para el intercambio comercial con el extranjero.
Desde ese punto de vista, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibió cinco propuestas económicas en el marco de la licitación para los trabajos de mantenimiento y dragado del río Paraná.
Las autoridades de la cartera de Obras indicaron que las empresas que presentaron sus ofertas fueron: Ingeniería de Topografía y Caminos T&C SA, Arte y Estructura SA, Terminal Occidental SA, Signature SRL y Trociuk Puertos SA, con presupuestos que varían entre G. 64.633.928.100 y G. 77.779.642.900.
“El llamado está dividido en tres tramos estratégicos que conectan la zona de Yacyretá con el río Paraguay: el primer lote comprende desde La Patria hasta Vuelta Itatí; el segundo, desde Habra hasta Carpinchero; y el tercero, desde Cancha Dorada hasta Naranjito”, explicaron.
Agregaron que las intervenciones incluyen volúmenes que oscilan entre 342.857 y 632.143 metros cúbicos por tramo, con el objetivo de reducir la sedimentación que afecta la profundidad del río e impide el paso eficiente de embarcaciones de gran calado. Estas labores contribuirán a la reducción de costos y a la optimización de la capacidad de transporte fluvial.
La maquila muestra el camino hacia la industrialización, dice ministro
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El salto fundamental que debe dar Paraguay, un país productor de granos y agroexportador por excelencia, para seguir avanzando hacia el desarrollo económico es comenzar a industrializar todo lo que produce, expresó el ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez; y destacó el fortalecimiento de la maquila con el objetivo de convertir al país en manufacturero.
“La maquila va creciendo cada vez más y son cientos de empresas que se dedican a la manufactura, y ahí está la mano de obra calificada, los pasos van hacia ahí”, manifestó Giménez a la 650 AM. Sostuvo que en otros sectores se está observando una efervescencia lógica que contagia y da lugar a más aperturas de empresas, emprendimientos, porque son inversionistas que ven una coyuntura favorable en Paraguay que les dará rédito a futuro.
El ministro hizo énfasis en que la maquila ofrece una oportunidad única a inversionistas que quieran aprovechar las condiciones preferenciales que da Paraguay así como las ofrecidas por el régimen de maquila para aumentar considerablemente su competitividad.
Con la maquila, productos con sello “Made in Paraguay” o “Hecho en Paraguay”, han recorrido el mundo entero haciendo conocer la capacidad productiva de nuestro país, y además es fundamental para la generación de puestos de trabajo y para dinamizar nuestra economía.
Algunos de los beneficios de este régimen es el impuesto único del 1 % sobre el valor agregado nacional, o sobre el valor de la factura de exportación emitida por la maquiladora por cuenta y orden de la matriz, el que sea mayor. La suspensión de aranceles e impuestos a la importación de materias primas e insumos, y bienes de capital, y la recuperación del impuesto al valor agregado (IVA) abonado en la compra de bienes y servicios en el mercado nacional.
La senadora Celeste Amarilla sigue publicando fotos abrazada con su amiga María Isabel Gavilán, representante de LF SA, empresa que alguna vez fue suya y que sigue recibiendo contratos con el Estado.
Senadora Amarilla votó por aumentos siendo parte interesada
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La senadora Celeste Amarilla (PLRA) participó en reiteradas oportunidades en votaciones para aumentar el presupuesto de la Gobernación de Central, institución que contrata de forma constante a una empresa amiga de la legisladora para la provisión de alimentación escolar. La legisladora reconoció en sus declaraciones juradas que seguía cobrando deudas a esa firma en particular.
Juan Carlos Lezcano
Cada uno juzga por su condición, plantea un viejo axioma popular. Refrán ligeramente modificado porque la senadora Celeste Amarilla amenaza con querellas a diestra y siniestra cuando se trata de hablar de sus vínculos e intereses con el alimento escolar.
El refrán hace referencia a lo que en psicología se conoce como proyección: un mecanismo de defensa que consiste en atribuir a otras personas o cosas sentimientos, deseos, cualidades o defectos que no se reconocen o se rechazan en sí mismo.
En la sesión extraordinaria de este miércoles, la senadora liberal acusó a su colega Gustavo Leite de impulsar un proyecto de ley para beneficiar a su amigo. Amarilla no hizo siquiera referencia a la cuestión de si la legislación que beneficia la venta de etanol sería positiva o no.
Y si hay algo de lo que sabe muy bien la senadora Amarilla es de formar parte de debates legislativos que podrían beneficiar a sus amigos o hasta a ella misma.
Central y el interés de Celeste
El caso más reciente de estos debates tuvo lugar el año pasado, cuando Amarilla formó parte de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) a la que acudió el gobernador del departamento Central, el también liberal Ricardo Estigarribia.
Estigarribia solicitó una ampliación presupuestaria, alegando que necesitaba de los fondos para poder cumplir con el almuerzo y la merienda escolar a lo largo del 2024.
Y es ahí donde entran los intereses de la hoy senadora liberal. Y es que Celeste Amarilla tiene un vínculo muy cercano con la firma Latin Food SA, otrora llamada Arcángel SA, empresa dedicada a la provisión de alimentos.
De acuerdo con los datos que se desprenden en la web de la DNCP, esta empresa cercana a la senadora Amarilla fue beneficiada con un total de 28 contratos con entidades públicas desde 2010 hasta el presente año.
En total, esta firma recibió la friolera suma de G. 176.809 millones (unos USD 24,2 millones) por parte de instituciones del Estado.
LF Latin Food SA, anteriormente denominada Arcángel SA, es representada por María Isabel Gavián y Patricio Buteler. Esta empresa tiene una cercana relación con la senadora liberal. De acuerdo con la declaración jurada de bienes y renta presentada por la legisladora opositora ante la CGR en 2023, la empresa proveedora de merienda escolar le debe unos G. 124 millones, correspondientes a utilidades de ejercicios anteriores. Además, la legisladora se muestra como una amiga cercana de Gavilán en publicaciones realizadas en redes sociales.
Amarilla declaró una drástica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la manifestación de bienes de Amarilla del 2018 figuran deudas a cobrar a Arcángel SA por G. 3.000 millones y en 2019 subió a G. 3.425 millones, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuentas a cobrar bajaron a G. 125 millones.
La drástica reducción en las deudas con Amarilla coincidió también con la presencia ininterrumpida de la misma en la Comisión Bicameral de Presupuesto. Es que, de acuerdo con la página web del Congreso, la misma ha formado parte de la CBP todos los años desde 2018.
Es decir, desde que ingresó al Congreso formó parte del estudio del presupuesto de las instituciones que contrataban a la que alguna vez fue su empresa y que le seguía debiendo dinero.
La propia Amarilla reconoce que las empresas proveedoras le deben dinero. Y en su papel de legisladora debe estudiar los presupuestos de las instituciones que contratan a las firmas que le deben dinero.
Central, siempre Central
Volviendo a los vínculos de Amarilla y LF con la Gobernación del departamento Central, los datos revelan que ésta es la que más dinero adjudicó a la firma.
De hecho, el mayor contrato firmado por LF con una entidad pública fue precisamente con el gobierno centralino. En concreto, en 2015 la administración del liberal Blas Lanzoni firmó un contrato de G. 37.000 millones con la empresa que en esa época tenía aún a la hoy senadora (y correligionaria del entonces gobernador) Celeste Amarilla en su nómina accionaria.
De los más de G. 176.809 millones que recibió esta empresa del Estado, la mayor parte provino de la Gobernación de Central. En concreto, fueron G. 130.405 millones de los centralinos los entregados a Latin Food.
El Ministerio de Salud Pública entregó otros G. 30.785 millones a la firma, que tiene entre sus “clientes” a las gobernaciones de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Concepción y Amambay. Además, también fue contratada por la Senad y la Municipalidad de Guajayvi.
Más y más intereses
Amarilla también tenía vínculos a la firma Pinoty SA. Entre 2012 y 2019, la firma fue beneficiada con un total de 30 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicarse con más de G. 89.559 millones (unos USD 12 millones).
Al igual que LF Latin Food, Pinoty SA tiene una cercana relación con la senadora Celeste Amarilla. De hecho, ambas firmas comparten la misma representante, según Contrataciones Públicas: María Isabel Gavilán. Como ya dijimos líneas arriba, esta empresaria muestra en redes sociales su cercana amistad con la legisladora.
Además, Pinoty SA es una de las deudoras de Amarilla, según su declaración jurada de bienes y rentas. Cuando asumió como diputada, en 2018, la firma le debía a la legisladora liberal más de G. 6.000 millones, suma que se redujo a G. 4.500 millones para 2019.
De acuerdo con la última DD. JJ. de Amarilla, presentada tras jurar como senadora el año pasado, la firma actualmente tiene una deuda de G. 1.611 millones.
La institución que más veces contrató a Pinoty SA fue la Gobernación de Central, con cuatro contratos. Le siguen las gobernaciones de Alto Paraná, Caaguazú y Ñeembucú con tres adjudicaciones cada una.
Nuevamente, Amarilla es una de las que debe analizar primero en la CBP y luego en el pleno del Senado, los pedidos de aumentos de las instituciones que le deben a la empresa que le debe dinero.
Así que, como ya señalamos líneas más arriba, si hay algo de lo que sabe muy bien la legisladora liberal es de votar para favorecer a sus amigos.
Ministerio de Justicia inició separación de condenados y procesados en cárceles de Emboscada y Misiones
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El Ministerio de Justicia inicio un plan de separación de personas condenadas y procesadas en distintos establecimientos del sistema penitenciario. Este enfoque no solo garantiza el respeto a la presunción de inocencia y los derechos humanos de los procesados, sino que también promueve un ambiente más seguro y adecuado para ambos grupos, de acuerdo al informe de la cartera estatal.
La separación de personas condenadas y procesadas en el sistema penitenciario es un principio fundamental que se encuentra respaldado por normativas nacionales e internacionales. La implementación efectiva de esta separación es esencial para prevenir abusos y violaciones de derechos, así como para facilitar el acceso a programas de rehabilitación y tratamientos individualizados.
El plan de separación se inició en la Penitenciaría Regional de Emboscada “Padre Antonio de la Vega” y en la Penitenciaría Regional de Misiones y contó con el apoyo del Programa de Transformación Integral para Personas Privadas de Libertad (PTI).
En el “Padre de la Vega” se procedió a la reubicación de más de 180 personas condenadas, exclusivamente en el pabellón E Alta, destinado para condenados. En la Penitenciaría Regional de Misiones fueron reubicadas 153 personas condenadas en el pabellón D Alta, especialmente designado para condenados.
Adicionalmente, el pabellón A Alta Admisión se asigna a las personas privadas de libertad que ingresan por primera vez, mientras que el pabellón D Baja también recibe a personas procesadas, en espera de su situación judicial. Esta separación tiene como propósito facilitar el manejo y supervisión de las PPL, según su situación jurídica y nivel de condena.
Este proceso de separación contribuirá a la mejora de las condiciones de detención y reflejará el compromiso del país con la protección de los derechos humanos. Este plan de trabajo tiene como meta abarcar todas las penitenciarías del país de manera progresiva.
El Programa Transformación Integral brinda su respaldo y cooperación a esta iniciativa con miras a expandir este plan a todas las cárceles del país, de manera a lograr un sistema penitenciario más organizado, seguro y de conformidad con los principios de derechos humanos y la legislación vigente.