El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y PRODesarrollo llevaron a cabo este martes el Foro de Formalización de la Economía, Empleo y Empresas en Paraguay, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), un sector pujante que enfrenta grandes barreras que lo someten a la informalidad. Los altos costos es una de ellas.

Fue uno de los aspectos conclusivos de la actividad realizada en las instalaciones del BID, en Paraguay, con exponentes internacionales y nacionales renombrados, que compartieron los mecanismos para acompañar el proceso de formalización.

Previo a los paneles, el representante del Grupo BID en Paraguay, Alonso Chaverri, mencionó que la formalización no es tarea de un solo sector, pues requiere del compromiso de todos, por lo que la idea del foro es justamente identificar proyectos transformadores y soluciones integrales.

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Desde PRODesarrollo, Jorge Garicoche y Carla Linares, compartieron datos de la economía subterránea en Paraguay, que al 2023 es de unos USD 23.595 millones, 47 % del PIB local. También que 6 de cada 10 paraguayos están en la informalidad, y que la mitad de los asalariados informales ganan menos de un salario mínimo, con la principal conclusión de que “resulta muy caro ser formal”, según el relevamiento que derivó estos números.

Ante este panorama es que el especialista líder de mercados laborales del BID, Manuel Urquidi, compartió las principales políticas de promoción de formalización recopiladas por el organismo, las cuales tienen que ser paso a paso, mediante programas de emprendimiento.

“No es lo mismo ayudar a nacer que ayudar a crecer, y los programas tienen que ser específicos, enfocados a los emprendedores correctos o identificando a los de mayor potencial. Los programas tienen que estar ajustados a problemas que se quieran resolver”, expuso.

Urquidi resumió que los emprendimientos son formas de inclusión laboral, ofrecen soluciones a problemáticas no atendidas tradicionalmente, y pueden aumentar la productividad, por ende generar empleos de calidad.

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A su vez, el presidente de Cambridge Business Association, Guillermo Ramírez, desarrolló el tema Cómo impulsar negocios y empleo seguro en Paraguay con estrategias probadas por la Universidad de Cambridge, quien arrancó con la pregunta de por qué la informalidad representa el 64 % de la fuerza laboral.

Explicó que la formalidad tiene el estigma de que reduce los márgenes, además de ser costosa, por lo que requiere de capacitación continua para enseñar las ventajas de la formalización, y que el mejor retorno a la inversión es la educación.

Básicamente, en Paraguay existe mucha informalidad por los altos costos en los impuestos y gastos administrativos, que es en lo que se tiene que trabajar para reducirlos, además de aprender a adaptarse a los cambios.

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Seguidamente, el viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, compartió las buenas prácticas de promoción de emprendimientos en Paraguay, los datos estadísticos del ecosistema y las acciones previstas para aportar a la formalización. De 366.000 mipymes, solo 41.000 son las inscriptas en el Ministerio del Trabajo y el IPS.

Mencionó la apertura de cuenta bancaria o Cuenta Básica para mipymes, para que el acceso al crédito pueda ser real, así como los diversos fondos con los que el sector puede operar. Así también la modificación de la Ley Mipymes, que ven como favorable su aprobación prevista para la próxima semana, para ser más ágiles, afianzar la institucionalidad y reducir un 50 % los costos en tasas en el proceso de formalización.

El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.

“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.

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El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.

También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.

También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.

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La jefa de la oposición venezolana, María Corina Machado, encabezó el miércoles una manifestación junto a centenares de seguidores que protestaron contra la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro hace un mes.

Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años en las presidenciales del 28 de julio, que la oposición liderada por María Corina Machado denuncia como fraudulenta y asegura tener las pruebas que demuestran que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el vencedor de la contienda.

“¡Valiente, valiente!”, gritaban a Machado, que salió de la clandestinidad para participar de la marcha como en otras oportunidades. Llegó camuflada con un suéter negro, subió al camión que sirvió de tarima y tras su discurso salió en una moto.

“Tenemos que pensar lo que hemos hecho en este mes, es una etapa dura y lo sabíamos”, pero “cada día que pasa estamos avanzando, tenemos una estrategia robusta y está funcionando”, expresó. “Esta protesta es indetenible”.

“Dicen que el régimen no va a ceder”, siguió. “Saben qué: lo vamos a hacer ceder y ceder significa respetar la voluntad expresada el 28 de julio”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro con el 52% del sufragio, sin publicar el escrutinio detallado mesa por mesa, como manda la ley. El resultado fue convalido por la corte suprema.

Ambos organismos están señalados de servir al chavismo, que convocó también para este miércoles a una manifestación para “celebrar” su victoria, desconocida por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de la región.

La jornada de protesta ocurre un día después de que Maduro nombrara al frente del ministerio del Interior, responsable de la policía y el orden público, a Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo y de línea dura.

“Tenemos miedo”, expresó Leidy Molina, una nutricionista de 60 años. “Hay miedo en Venezuela de que nos metan presos (...) pero tenemos que seguir en la lucha”.

“Hoy vinimos a ratificar nuestro voto, Edmundo ganó y Maduro perdió”, dijo por su parte Zaida Mujica, de 59 años.

María José de Castro llevó una pancarta que decía “No somos oposición, somos gobierno”. “Venezuela ya no tiene más tiempo que perder, no tenemos (otro período presidencial de) seis años para darle a esta gente”, señaló.

De momento, no hay una orden de captura contra Machado o González, aunque Maduro ha pedido cárcel para ambos. Los responsabiliza de hechos de violencia en las protestas poselectorales, que dejaron 27 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos, más de 100 menores de edad.

La fiscalía abrió una investigación penal contra ambos.

A la manifestación no acudió González, también en la clandestinidad. La última vez que apareció en público fue el 30 de agosto.

El diplomático de 74 años ignoró el martes por segundo día consecutivo una citación en la Fiscalía, que lo investiga por la presunta comisión de “usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público”.

Estos delitos pueden llevar en teoría a la pena máxima de 30 años de cárcel.

También es investigado, junto a Machado, por el sitio web en el que la oposición publicó copias de más del 80% de las actas, que aseguran son la prueba de que González ganó con más del 60 % de los votos.

En la manifestación opositora, muchos imprimieron la copia de las actas de sus centros. “¡Acta mata sentencia!”, gritaban entre las consignas.

La Organización de Estados Americanos (OEA) celebra por su parte una reunión extraordinaria este miércoles en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hablará sobre la situación en Venezuela.

Más de 100 activistas opositores han sido detenidos tras colaborar con Machado y González Urrutia durante el ciclo electoral. El martes, el abogado de Machado, Perkins Rocha, fue llevado por “la fuerza” por sujetos “no identificados”, según la oposición.

Seis colaboradores de confianza de la opositora, entre ellos su jefa de campaña Magalli Meda, se encuentran refugiados en la embajada de Argentina, administrada ahora por Brasil.

Fuente: AFP