El Banco Central del Paraguay (BCP) emitió un boletín sobre la evaluación regional que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realiza a los países de la región, en la cual se profundizan los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales.

Se trata del boletín Nº 6, que aborda el “Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales”, emitido por Gafilat en abril del 2020.

El documento tiene como objeto presentar las prácticas, desafíos y obstáculos que existen en los países miembros del Gafilat, con relación a la disponibilidad y el acceso a información básica y de beneficiario final (BF).

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El mismo está dirigido a las entidades supervisadas por las superintendencias de bancos y de seguros, teniendo en cuenta que Paraguay, como miembro del Grupo de Acción Financiera (Gafi), será evaluado en este 2021. Tanto el BCP como las demás instituciones que integran el Sistema ALA/CFT/FPADM (antilavado de activos; contra la financiación del terrorismo; financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva) están realizando esfuerzos para aplicar las recomendaciones y mejores prácticas internacionales.

Para el BCP, prevenir el lavado de activos y combatir al financiamiento del terrorismo son sinónimos de preservar la integridad del orden económico y financiero, por lo que se han esforzado en lograr grandes avances y se han comprometido con las políticas de Estado que ayudan a desarmar financieramente las operaciones del crimen organizado, que trascienden periodos de gobierno e ideologías.

En ese sentido, se plasman los desafíos para los países miembros de Gafilat, que se clasifican en 4 etapas correlativas, como ser la disponibilidad de beneficiario final sobre todos los vehículos relevantes, que incluyen los riesgos de las acciones al portador, las definiciones que no incluyen el control efectivo por otros medios, diferentes a la titularidad de acciones; las cadenas de titularidad que terminan en paraísos fiscales, o la falta de sanciones efectivas.

Así también, la falta de acceso a la información y, en esta etapa, los obstáculos incluyen la falta de digitalización o la falta de acceso por parte de todas las autoridades relevantes.

En tercer aspecto, la calidad de la información, donde se presentan desafíos sobre la falta de actualización o dificultad para cruzar información entre diferentes bases del Estado y el uso efectivo de la información, lo que se ve afectado mayoritariamente por la falta de recursos tecnológicos, presupuestarios y de personal.

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En cuanto a la disponibilidad del beneficiario final (BF), el Gafi y el Foro Global requieren a los países asegurar la disponibilidad y el acceso oportuno a información básica y de BF de personas jurídicas y estructuras jurídicas que sean precisas y actualizadas.

Para ello, establecen tres mecanismos alternativos, pero combinables para dar cumplimiento a este requisito en materia de socios o accionistas y BF; el primero de ellos es requerir a las entidades conservar esta información y entregársela a las autoridades cuándo sea solicitada denominado company approach.

El segundo habla de que las autoridades obtengan la información de cualquier fuente existente, ya sean datos de la autoridad fiscal, el registro de la propiedad inmueble, un sujeto obligado, etcétera; es decir, un enfoque de información existente; y, por último, requerir que la información esté contenida en un registro.