Varios gremios comerciales emitieron un nuevo comunicado respecto a las medidas restrictivas de la cuarentena por Semana Santa, que limitan a los sectores a operar en sus actividades. Estas personas buscan hacer valer los derechos constitucionales.
Titulan al documento de la siguiente manera: “Trabajando juntos por un equilibrio”, alegando que un país sale adelante porque trabaja, ya que el trabajo desarrolla, promueve, impulsa y dignifica a las personas, así como a la patria.
“Somos conscientes de que la pandemia cambió nuestros hábitos, eliminando algunos e imponiendo otros. Y es el Gobierno, como responsable de la salud pública, el encargado de controlar su cumplimiento, pero también es responsable y debe garantizar el trabajo, la educación, la economía y las libertades, que son valores fundamentales de todos quienes integran una sociedad”, expresa el comunicado.
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Posiciones extremas
Manifiestan que reducir el rol estatal al cuidado de la salud por la vía de la prohibición de las libertades solo conduce a posiciones extremas que, al no garantizar y dejar de lado los demás valores, terminan dañando más.
Es por ello que los gremios de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPy), la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) y la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY) proponen trabajar juntos por un equilibrio.
Punto en el que recurren a la ley madre, Constitución Nacional, que no jerarquiza los derechos; es decir, no pondera ni prioriza un derecho sobre otro, sino que más bien los reconoce y los garantiza a todos por igual, señalan.
“Esa igualdad ante la ley es la que, justamente, nos constituye como ciudadanos libres que reconocen su derecho a trabajar y, a su vez, como responsables que reconocen su deber de respetar el derecho del otro”, recalcan.
¿Jerarquía de derechos?
El reclamo prosigue mencionando que no hay país que salga adelante sosteniendo polos opuestos, tampoco que se desarrolle adecuada y sosteniblemente jerarquizando derechos, categorizándolos entre esenciales y no esenciales.
Es así que los gremios hablan de un equilibrio que proteja el derecho a trabajar en el marco del deber de cuidar la salud, ya que el Gobierno no solo es responsable constitucionalmente de cumplir las leyes, sino de hacerlas cumplir también.
Si bien apoyan la necesidad de satisfacer los impostergables requerimientos de la salud pública y personal de blanco, urge que las necesidades sanitarias sean resueltas sin dilación alguna, por lo que demandan una gestión expeditiva y eficaz para la obtención, en cantidad y forma, de las vacunas contra el COVID-19, pues será el único método que garantizará la tan ansiada reactivación económica.
Recalcan que es preciso un lenguaje simple, firme, inalterable y enfocado al objetivo superior del bien común. Ya que bien se pueden cuidar las distancias, utilizar elementos de protección además de la higiene correcta, optimizando los protocolos de salud; es decir, se puede encontrar ese equilibrio y evitar medidas extremas inviables.
Por último, subrayan que ninguna medida puede restringir al ciudadano, ya que se estaría violando la Constitución Nacional, por lo que es imperante desarrollar una forma de vida que respete las garantías y libertades constitucionales para seguir trabajando y, en definitiva, continuar viviendo con mayor responsabilidad.
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Sector gastronómico: la propina y el desafío con los pagos electrónicos
Paul Fernández
paul.fernandez@nacionmedia.com
En Paraguay no existe una ley de propinas y, por ende, su pago no es obligatorio y tampoco está regulado a pesar de mover cerca de USD 90 millones al año. Actualmente nace un gran desafío para algunos sectores que, en medio de un avance importante de los pagos electrónicos, deben agregar este ingreso extra en sus cobros.
La actividad en los servicios, específicamente el gastronómico, recuperó dinamismo en el país y representa uno de los sectores que más está creciendo y que, de acuerdo a los últimos datos, está empujando la economía. La evolución exige cada vez más tanto a los establecimientos, empleados como a los clientes que deben posicionarse y cumplir con las exigencias de un mercado cada vez más electrónico o digital. En medio de eso, sobresalen muchos desafíos que hasta ahora no cuentan con una solución, especialmente en el país.
Desde Geopagos, empresa líder en soluciones digitales, señalan que la irrupción de los pagos digitales y la progresiva, aunque lenta, retirada del efectivo impactan directamente en la forma en la que se pagan las propinas y no hay por qué negar que la industria de los pagos digitales tiene una deuda pendiente: facilitar el pago de propinas para garantizar a la vez el ingreso de quienes trabajan y una óptima experiencia de cliente.
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“La propina es uno de los desafíos que afrontamos como industria y es una problemática que trabajamos con muchos de nuestros clientes”, afirma Mariana Sigal, VP de Operaciones de Geopagos, firma que tiene presencia en 16 países de América Latina, incluido Paraguay.
Desafío
Sobre ese punto, La Nación/Nación Media habló con Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, quien afirmó que si bien en Paraguay no existe una ley que obligue o regule las propinas, los establecimientos se enfrentan a ese desafío o hasta incluso podría llamarse problema cuando los clientes piden incluir este “agasajo” de los trabajadores en sus pagos digitales.
“En Paraguay no existe ninguna ley de propinas, en otros países la ley te obliga a que coloques un porcentaje para la propina, en Paraguay es opcional. Nosotros estamos de acuerdo de que siga siendo opcional. El problema que existe es con la gente que quiere dejar la propina con la tarjeta de crédito”, dijo Gayet.
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Si bien, el titular del gremio indicó, que sólo algunos establecimientos aceptan, esta operación les genera la comisión de la tarjeta, el pago del impuesto a la renta y les genera tener que desembolsar en efectivo al mozo un dinero que va a recibir unos días después porque el cobro no es inmediato.
Otro de los inconvenientes, según Gayet, es que no existe una ley que pueda excluir a la propina del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) teniendo en cuenta que la factura deberá estar alineada al monto cobrado a través de la tarjeta de crédito. “La propina es un dinero que no es del establecimiento y si todo el mundo paga con 10 % de propina, al final del año el Ministerio de Economía va a pensar que ganaron más los establecimientos”, añadió.
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Una ley necesaria
El titular del gremio dijo que ya había propuesto realizar una ley de propina que no implique la obligación sino más bien que organice el cobro de ese ingreso extra y excluya a los establecimientos de retenciones y pagos de comisiones teniendo en cuenta que dicho porcentaje irá destinado a los trabajadores. “Ya lo hablamos en varias ocasiones, pero parece que no todo el mundo se muestra interesado en ello, pero para nosotros es un problema que ronda los USD 90 millones al año, eso es lo que mueve la propina al año”, reiteró.
Sostuvo que dicha situación se registra además en el sector supermercadista con los trabajadores que realizan servicio de embalado o traslado de bolsas que, en el caso de que los clientes no cuenten con efectivo, no pueden cobrar su propina por el servicio prestado. “Si existiese una ley de propina, inmediatamente al cajero del super se le podrá pagar esa propina”, aseveró.
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Desde Geopagos señalan que si bien la cultura de la propina es diferente en cada lugar, siempre debe cumplir una misma condición: la acreditación instantánea. El efectivo cumple con ese requisito, pero está lejos de ser la solución ideal. Una propuesta ya muy utilizada en todo el mundo es una combinación entre historia e innovación: una “caja de empleados” digital.
Plantean que con la creación de una cuenta especial para propinas y en base a una oferta amplia de medios de pago (desde transferencias instantáneas hasta tarjetas de crédito o QR), es posible pagar propinas de manera muy eficaz: fácil, rápido, transparente, de manera inmediata y sin comisiones.
El desarrollo de soluciones como estas requieren el trabajo codo a codo de los desarrolladores de tecnología con fintechs o bancos y luego con los restaurantes, hoteles u otros comercios que quieran aplicarlo y, en el caso de Paraguay, seguirá requiriendo de una ley que regule este ingreso extra.
Datos claves
- En Paraguay no existe una ley de propinas y, por ende, su pago no es obligatorio y tampoco está regulado a pesar de mover cerca de USD 90 millones al año.
- La irrupción de los pagos digitales y la progresiva, aunque lenta, retirada del efectivo impactan directamente en la forma en la que se pagan las propinas.
- Con la ley de propinas no se apunta a la obligación sino más bien que organice el cobro de ese ingreso extra y excluya a los establecimientos de retenciones y pagos de comisiones.
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El periodismo necesita y tiene derecho a saber
La sociedad tiene derecho a saber y quiere saber. Los periodistas vamos por ello. Pero la mentira y el ocultamiento complejizan nuestro trabajo. Contar historias es peligroso.
- Por Ricardo Rivas
- Periodista X: @RtrivasRivas
- Fotos: Gentileza / AFP
Cada día con mayor insistencia coincidentes analistas consideran que “nuevamente” la humanidad se acerca peligrosamente a la guerra. De hecho, en la Unión Europea (UE) se teme que el conflicto entre Rusia y Ucrania, en el norte europeo, pudiera ampliarse e involucrar a otros países. Angustia social.
Los mismos miedos emergen en Oriente Medio, donde las acciones violentas entre el grupo terrorista Hamás e Israel hacen temer lo peor. La dignidad humana vuelve a ser vulnerada. Por los unos, por los otros y hasta por los nadie que descreen de esa condición, no la reconocen ni parecen tenerla. ¿Sus nombres? Para qué reiterarlos. Bien que los sabemos. Así estamos. Y tememos. ¡Grave!
La sociedad tiene derecho a saber y quiere saber. Los periodistas vamos por ello. Pero la mentira y el ocultamiento complejizan nuestro trabajo. Contar historias es peligroso. “La prensa está bajo fuego”, denuncia una y otra vez en donde se encuentre Guilherme Canela, jefe de Libertad de Expresión y Seguridad de los Periodistas de la Unesco.
“La vida no vale nada cuando otros se están matando”, canta Pablo Milanés acongojado. Millones queremos saber. Por nosotros y los otros. Somos periodistas. Tenemos que hacerlo. Tenemos que saber para hacer saber. La búsqueda de información se hace en cada instante más compleja. “El arte del engaño”, como Sun Tzu llamaba a la guerra, dinamita la verdad.
La política y los mercados la ocultan y amordazan a quienes pueden querer contar. Incluso con “acuerdos de confidencialidad” para clausurar filtraciones informativas. Pero, pese a todo, tenemos que informarnos para informar. Pero no nos quieren responder o mienten cuando lo hacen. Desde siempre ha sido, es y será así el complejo trabajo de procurar ese dato para que todos sepan. Es un derecho de todos.
MENTIRA ESTRUCTURAL
“La vida no vale nada si escucho un grito mortal / Y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga”. No calles, Pablo. ¿La mentira estructural capilariza en las instituciones? Tal vez. O, por lo menos, sé que existen quienes lo intentan o lo recomiendan. Y hasta cobran honorarios por el (des)honor de hacerlo. Los ejércitos se rediseñan para operar la desinformación. Ya casi no quedan fuerzas en la sacudida aldea global sin organizar –como armas– secciones, compañías, batallones o la estructura que fuere para lo que eufemísticamente llaman ciberguerra, para la ciberdefensa, para la ciberseguridad.
¿Serán tiempos de todo vale? Si no lo son, se parecen mucho. Hasta Pantaleón Pantoja, aquel tan oscuro como intrascendente capitán del Ejército peruano de ficción, que magistralmente creó Mario Vargas Llosa en 1973, es largamente superado en el mundo real por una minúscula élite de poderosos adictos a la perversión, a la mentira y al engaño.
“La vida no vale nada si ignoro que el asesino / Cogió por otro camino y prepara otra celada”. ¿Juglares o periodistas? Periodistas… y juglares. Como en la Edad Media, aunque en tiempos digitales. Ese es nuestro trabajo.
Sospecho que tal vez (¿o seguramente?) Gruneisen, Honan, Walton, Gueroult, Didier, Höfken o Loring, corresponsales de periódicos alemanes, ingleses, franceses de los que muy poco se conoce o sabe, que cubrieron en España la Primera Guerra Carlista entre 1833 y 1840; o acaso el mismísimo William Howard Russell, el primero de los corresponsales de guerra reconocido por la historia que en 1854 fue enviado por The Times para cubrir las acciones bélicas en Crimea, habrán tenido y padecido las mismas dificultades, las mismas dudas y los mismos engaños para acercarse a la verdad cuando quisieron informarse para informar.
Los trabajadores de prensa, como también se nos llama, tenemos claras las dificultades y riesgos de hacer público lo que desde el poder se pretende ocultar. La humanidad –a la luz de la historia– pareciera que en algunas cosas se repite. ¿Atrapados en la banda de Möbius? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se deben proteger valores sociales como la libertad de expresión, el acceso a la información –claros derechos humanos, de todos y todas, no solo de periodistas y comunicadores– en un Estado democrático de derecho?
LIBERTAD
Allá por 1994, en el siglo pasado, en un texto de Niceto Blázquez titulado “Ética y medios de comunicación”, leí que “el periodismo es importante como registro histórico, como expresión de la sociedad, como desarrollo del conocimiento y porque fundamenta la libertad de personas y de sociedades”. El autor sostiene también que “el periodismo aporta elementos que, a pesar de sus limitaciones en exactitud, en análisis o en enfoque, contribuyen a la conservación de la memoria colectiva”.
Y, más adelante, destaca que “la más conocida razón de la importancia del periodismo es que, al servir como canal de expresión de la sociedad, impulsa cambios en la historia” porque “cada una de sus informaciones tiene un potencial de cambio que, al activarse, le imprime una dinámica de desarrollo a la vida social” y, desde esa perspectiva, acuerda con el maestro Gabriel García Márquez en que “lo mejor de la actividad periodística” se encuentra en “la posibilidad de cambiar algo todos los días”.
Así entonces enfatiza que “la sociedad necesita del periodismo tanto como el cuerpo humano de sus órganos de los sentidos”; precisa que “contribuye al desarrollo del conocimiento de la realidad” y resalta que ninguna “sociedad puede ser libre si no conoce la realidad de lo que sucede” porque, si no fuera así, “cuando no hay ese conocimiento, sociedades e individuos son manipulables”.
El 22 de setiembre de 2016, con las palabras de Blázquez, la Fundación Gabo, en su “Consultorio ético”, consignó “¿Por qué es importante el periodismo?”. Claramente, Blázquez, al igual que otros pensadores que en algunos casos son periodistas, aportó claridad al oficio de informar en tiempos que –tal vez como en la actual contemporaneidad– evidencian que la sociedad en su conjunto es protagonista de un cambio epocal perceptible en innumerables prácticas sociales primero y profesionales después.
Es tan necesario como urgente enfrentar la “desinfodemia” que aparece como indetenible. Periodistas y sociedad civil debemos asumir con convicción profunda que la libertad de expresión es la herramienta imprescindible para demandar derechos consolidados y construir nuevos valores sociales que claramente necesitan protección.
INTERÉS SOCIAL
Sin esa convicción, ¿cómo saber lo que debemos saber? ¿Cómo informarnos para informar? ¿Cómo llegar a ese dato al que no todos podemos llegar y es de clarísimo interés social? ¿Con qué herramientas contamos para verificarlo, contrastarlo y, tal vez, publicar? ¿Está la información al alcance de todos? ¿Hay simétrica posibilidad de acceso a la información? ¿Hay quienes tienen más acceso que otros para informarse y operar sobre la realidad o intentar construirla? ¿Cómo operan los dispositivos tecnológicos para resolver interrogantes como los planteados que lo son desde siempre en la historia del devenir humano porque son transversales a toda práctica y sector? ¿Siempre es así? ¿Cómo negarlo o aseverarlo?
Estamos frente a un dilema que pone en tensión varios conceptos desde la perspectiva de la sociedad civil respecto de múltiples polos de poder. A modo de ejemplo, pienso en el cambio climático que enfrenta dos proposiciones concretas a la vez que enfrentadas. “Es innegable que al medio ambiente lo afecta en particular la producción y quema de combustibles fósiles que producen efecto invernadero”, dicen unos. Los otros, los negacionistas, sostienen que se trata de “un proceso natural cíclico con consecuencias mínimas”.
Con ese marco los líderes planetarios debaten para encontrar un camino. ¿Con qué instrumento? Con la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC, por su sigla en inglés) cuyos integrantes, en diciembre pasado, se reunieron en Dubái para participar de la Conferencia de Partes (COP) y abordar el conflicto. El debate fue intenso. Los enfrentamientos también.
Sin embargo, Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 13 de diciembre, cuando la conferencia hubo finalizado, fue claro y contundente: “A aquellos que se opusieron a (consignar) una referencia clara a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en el texto (final) de la COP28, quiero decirles que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es inevitable, les guste o no”. Guterres luego concluyó esperanzado su breve ponencia. “Esperemos que no llegue demasiado tarde”.
¿Qué pasará? La sociedad global tiene derecho a recibir información de calidad sobre la tragedia en ciernes. Con cada tormenta inusual, con cada sequía, con cada inundación, con cada incendio de bosques, con un terremoto en Nueva York, con cada fenómeno meteorológico como el que se abatió justamente sobre Dubái el martes pasado, afectada en forma directa o no, la sociedad civil quiere saber. Quiere tener certezas. Pero no lo consigue. Siente que algo grave pasa, que no consigue saber qué y crece la convicción de que “algo muy grave pasa y no nos dicen”. A través de periodistas, sistemas de medios o en las redes busca, pero no satisface la demanda.
“La información precisa y accesible al público es fundamental (…) en un Estado democrático de derecho”, sostuvo el Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, en el Club Nacional de la Prensa (NPC, por su sigla en inglés) en Washington DC, la capital de los Estados Unidos. Era casi el mediodía del martes último.
DESINFORMACIÓN
Los periodistas profesionales quieren saber cómo pararse frente a la desinformación y cómo informar con calidad para que todos y todas sepan sin categorizaciones. Algunos colegas tomaban café, aunque lo seguían con atención. El académico tiene la convicción de que “el periodismo de calidad es un bien público”.
Sabe también que –como lo reporta la Unesco en el informe de Tendencias Mundiales de 2021/2022– “el periodismo enfrenta muchas dificultades”. Comparte ese parecer y lo expresa. Execonomista jefe del Banco Mundial, Stiglitz, académico en la Universidad de Columbia, considera que “la pérdida de confianza en el periodismo” por parte de la sociedad civil es “consecuencia del aumento de la desinformación (en general) y en línea”.
En los últimos tiempos el catedrático aboga por crear políticas públicas que mitiguen los “daños sociales” que tal vez emergen de los desarrollos tecnológicos. “El individuo (ciudadano) puede (y tiene el derecho de) informarse sobre lo que el Gobierno está haciendo y/o lo que debería estar haciendo. Los economistas a esa búsqueda (de información) la consideramos (y llamamos) de ‘bien público’ porque beneficia a la sociedad en su conjunto y, por ello, nadie puede ser excluido de acceder a ello”, remarca.
Desde varias décadas estudia los fenómenos vinculados con la comunicación. De hecho, fue galardonado con el Nobel junto con sus colegas George Akerlof, de la Universidad de California, y Michael Spence, de la de Stanford, por el impacto en los mercados de “la información asimétrica”.
La economía –quién puede dudarlo– es claramente una ciencia social. Stiglitz asigna valor estratégico a la información. Aboga por medios independientes como propone la Agenda 2030 de Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) en la meta 10 del ODS 16. “Los medios independientes pueden ser el resultado, más que la causa, de una democracia sólida, el desarrollo (sostenible) y los derechos humanos”, resalta el profesor Stiglitz, quien entiende que “existe una correlación positiva entre el periodismo de calidad” y la solidez democrática.
No se puede tapar el sol con un dedo, afirma el dicho popular. “La comunicación es un elemento central en la vida social. Sea que se trate de la vida cotidiana, las organizaciones, el activismo, el periodismo, la política, o las corporaciones mediáticas y tecnológicas globales”, destacó, por su parte, unos pocos meses atrás el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso), que se reúne anualmente desde 1990.
ASIMETRÍA
En ese contexto –como Stiglitz– señala que “la comunicación (social) se desarrolla en escenarios asimétricos” y advierte que “las concentraciones de poder de cualquier tipo provocan desequilibrios en los procesos, contextos, medios, actores y prácticas de la comunicación”. Describe Comecso que las “asimetrías (en la comunicación) son multidimensionales, pues están atravesadas por la diversidad de género, etnicidad, nivel socioeconómico, región, entre otras” y, por ello, “abren problemáticas amplias, que van desde la falta de acceso a los medios y tecnologías para comunicarse, o las representaciones mediáticas injustas (…) o las opacidades en asuntos como la gestión de los datos digitales”.
Los académicos mexicanos puntualizan que las “asimetrías en distintos escenarios de la comunicación (que mencionan) atentan contra la democracia y afectan la toma de decisiones orientadas al bien común, en el contexto de crisis ambientales, sanitarias, políticas, sociales, educativas, culturales, científicas y económicas” y, con ese diagnóstico, proponen “el diseño y ejecución de políticas públicas” para asumir “el reto del consenso, la ética y los derechos humanos”.
Percibo coincidencias sustanciales entre las observaciones y los estudios realizados por el profesor Stigliz y la Comecso, al igual que en las preocupaciones. En ambos trabajos de investigación se reivindica –como premisa esencial– el pleno respeto de los derechos humanos. Se apoyan en la Declaración Universal que los consagra desde 75 años. Sin espacio para la confusión –más allá de múltiples interpretaciones sobre casos puntuales– ese documento de soft law no solo consagra el “derecho a la libertad de opinión y de expresión”, sino que precisa que ello “incluye” también la potestad “de investigar y recibir informaciones y opiniones” como así también “difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Para que ello sea posible, el profesor Joseph Stiglitz, en el NPC, apuesta a “crear un entorno robusto y saludable para el periodismo” como está previsto en la Declaración de Windhoek de 1993, “que establece que la prensa libre es fundamental para la democracia y un derecho humano”.
Propone “crear un entorno propicio para el periodismo profesional, (lo que) implica desarrollar regímenes legales que apoyan la libre expresión, como el derecho a contar. Destaca que para que el periodismo “pueda hacer su trabajo, necesita tener acceso a la información para poder ejercer el derecho a saber” para que otros sepan. Si bien luego consigna que “la mayoría de los medios de comunicación en las democracias son privados”, precisa que “hay evidencia (de) que (la existencia) medios de comunicación públicos fuertes mejoran la calidad y la confianza en los medios privados”.
Sin embargo, como problema puntualiza que “la mayoría de los países no los tienen”; que en otros se verifica “una enorme concentración de medios” y, en ese contexto, taxativamente opina en tono de advertencia que así como esos sistemas estatales con baja calidad democrática no son recomendables, “el poder del mercado socava la diversidad”.
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Producción arrocera se expande en Paraguay con grandes expectativas a futuro
La producción de arroz en Paraguay contribuye al crecimiento económico y al bienestar social de la población. Durante el 2023 generó un ingreso de divisas por más de USD 410 millones por casi un millón de toneladas exportadas.
Si bien el clima es siempre un factor clave para el desarrollo del rubro, Iker Arréllaga, miembro de la comisión directiva de la Federación Paraguaya de Arroz (Feparroz), conversó con La Nación sobre cómo se encuentra la producción y cuáles son las expectativas a futuro.
Indicó que en general existen matices a favor y en contra, ya que la mayoría de los productores tuvieron reveses climáticos con la sequía y hace unas semanas con la inundación en la principal zona arrocera, en el río Tebicuary. “Esto ocasionó que hay unos rendimientos inferiores al del año pasado, entre un 5 y un 10 % por debajo, pero compensado por los precios y también por motivos de la reducción del stock”, indicó.
Sin embargo, Arréllaga sostuvo que el sector tiene la potencialidad de seguir creciendo, extendiéndose y diversificándose, siempre y cuando se lleven a cabo inversiones que el segmento debe afrontar con recursos propios. “Creemos que el arroz, en estas condiciones, va a crecer el año que viene, pero tenemos que diversificar más para poder tener mayor estabilidad en los precios”, remarcó.
Teniendo en cuenta que los principales mercados a los que Paraguay exporta arroz cáscara son Brasil, Chile e Israel con un precio cercano a los USD 400 por tonelada, se debe trabajar para buscar nuevos mercados. “Tenemos que tratar de comercializar con otros países que compran arroz y que están más lejos, eso va a darle mayor estabilidad a los cultivos y precios”, sostuvo.
Según datos del Banco Central del Paraguay (BCP), Paraguay exportó 824.177 toneladas en el 2022 por un valor de USD 293,8 millones y 910.574 toneladas en el 2023 por USD 414,8 millones. Las expectativas para esta campaña 2023-2024 es de más de 1.100.000 toneladas. Hasta febrero de este año se exportaron 146.932 toneladas de arroz a 19 países.
En ese contexto Brasil ocupó en el 2023 el primer lugar del ranking de volumen de arroz pulido exportado, con un total de 336.259 toneladas. Chile ocupa el segundo lugar con una exportación de 82.946 toneladas. Costa Rica ocupa el tercer destino de arroz paraguayo con un volumen de 9.076 toneladas.
Empleo
Para saber más sobre cómo el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) apoya al rubro, el ingeniero Teddy Estigarribia, director general de planificación del ente y coordinador de la mesa de competitividad, mencionó a La Nación que mediante un estudio realizado por la institución se detalló que la producción de arroz emplea a 20 personas por 1.000 hectáreas.
Teniendo en cuenta que en Paraguay se cosecha y produce arroz en aproximadamente 175.000 hectáreas, el rubro da trabajo de forma directa e indirecta a más de 25.000 personas. La cantidad de empleo por departamento es la siguiente: Presidente Hayes (900), Ñeembucú (1.250), Caazapá (1.875), Itapúa y San Pedro (2.800), Paraguarí (3.125) y Misiones (11.700). “El sector arrocero emplea mucha mano de obra, esto es importante destacar”, dijo a LN.
Extranjero
En el contexto internacional, la Feparroz dio a conocer que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) indicó en un informe que las perspectivas para el arroz estadounidense de 2023/2024 son de aumento de la oferta, uso y exportaciones sin cambios y mayores existencias finales. El aumento de la oferta se debe a una mayor previsión de importaciones de arroz de grano largo, y que todas las exportaciones de arroz se mantienen sin cambios.
Las claves
- Hay rendimientos inferiores en esta campaña, entre un 5 y un 10 % por debajo, pero compensado por los precios.
- Las expectativas de producción para esta campaña 2023-2024 es de más de 1.100.000 toneladas.
- Brasil ocupó el año pasado el primer lugar del ranking de exportación, con un total de 336.259 toneladas.
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Instituciones deben trabajar en la prevención de accidentes de tránsito
En plena temporada baja, lastimosamente a diario estamos siendo notificados sobre varios accidentes en el tránsito, algunos, producto de la imprudencia o del alcohol, en ciertos casos fatales. Hay mucha preocupación en todo el país ya que estos sucesos arrebatan vidas y mutilan a la población por lo que amerita un riguroso plan de prevención que trabaje por disminuir las cifras.
Comenzaba enero, el primer mes del año 2024, y desde el Hospital de Trauma reportaban 277 casos de accidentes de tránsito, de los cuales una decena involucraban a niños y en un gran porcentaje de los percances implicaban a motociclistas. Una realidad de nunca acabar es la inseguridad en el tránsito cuyo protagonismo apunta a conductores de motos e increíblemente menores al mando de un manubrio o un volante como si la vía pública fuera tierra de nadie.
Las notificaciones y reportes estadísticos de muertes e invalidez a causa de accidentes de tránsitos no paran un solo día. A diario somos testigos de formas cada vez más extraordinarias de perder el control por parte de los conductores, situación que requiere medidas más fuertes y visibles en el combate contra el flagelo.
Las estadísticas de siniestros viales publicadas en los portales de entidades de control de tránsito como la Patrulla Caminera revelan entre 45 y 50 accidentes semanales en la red vial nacional con una docena de fallecidos de las cifras mencionadas. Esto sin incluir la cantidad de choques, percances de vehículos en las arterias de los cascos urbanos y la zona metropolitana en general.
La imprudencia y el consumo del alcohol figuran entre los causantes más comunes, realidades que astutamente muchas veces se quiere reorientar a falta de señalización, débil infraestructura, que también es una realidad, pero no la principal razón de las desgracias.
Los informes oficiales del último mes también remarcaron la irresponsabilidad con la infracción de adelantamientos indebidos en carreteras, lo que refleja el grado de inconciencia en el tránsito y que se debe de alguna manera trabajar desde las instituciones pertinentes.
Si consideramos el rubro de transportes de pasajeros, también existen otras falencias que van desde el incumplimiento de normas que hacen a las condiciones de los vehículos como de los que guardan relación con el derecho de los conductores. Evidentemente, varias instituciones de control están aplazadas en el tema de seguridad del tránsito y las estadísticas representan un pedido de auxilio que no puede seguir postergándose.
Empezando por una intensa tarea de concienciación, el hilo de una mayor seguridad vial tiene que necesariamente involucrar a las comunidades, sus intendentes y autoridades jurisdiccionales, del Ejecutivo y demás estamentos como poderes del Estado.
La gente y principalmente la generación joven deben entender los altos costos para el país y las consecuencias muchas veces irreversibles que pueden ocasionar los siniestros vehiculares.
No es posible que todavía siga habiendo conductores sin cascos al mando de motocicletas o sin cinturones de seguridad al volante de automóviles o rodados de gran porte. Esto sigue ocurriendo en las narices de nuestras autoridades y funcionarios fiscalizadores como si fuera una situación irremediable.
Las municipalidades, los centros educativos y sanitarios tanto públicos como privados, la Policía de Tránsito, Nacional, de la Patrulla Caminera, las agencias viales, la Justicia y las demás dependencias pertinentes del Estado están llamados a fortalecer controles, sensibilizar, educar y castigar la insensatez.
La seguridad en la circulación es fundamental en un país que requiere trabajar, mejorar su calidad de vida y evitar muertes. Hay que pisar el freno con estrategias de prevención para que las estadísticas de los accidentes no sigan aumentándose aceleradamente.