Tras el anuncio del Gobierno de las nuevas medidas implementadas para Semana Santa, a fin de frenar los contagios por COVID-19, el presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY), Oliver Gayet, lamentó las disposiciones adoptadas más allá de entender también la situación.
“Son medidas que no son muy populares para nosotros porque nos van a dejar sin facturar en el momento que más facturamos, que es el horario nocturno, muchos asociados ya avisaron ayer nuevas suspensiones”, expresó esta mañana en contacto con la 650 AM.
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Situación epidemiológica
Dijo que entienden la situación epidemiológica, el cansancio y la labor de los médicos y hospitales, y van a tener que poner su grano de arena como sector para ayudar, pero la restricción es bastante fuerte, ya que tendrán que trabajar a puertas cerradas, explicó.
Al respecto, Gayet señaló que una cosa es trabajar con delivery y tratar de solventar algunos gastos para sobrevivir, y otra cosa es recibir al cliente y facturar al 100% que es lo que necesitan para seguir sosteniendo las empresas. Es así que no se trata solo de no poder facturar en el horario nocturno, sino que también afecta la recepción de los clientes en los restaurantes, ya que solo podrán trabajar bajo el sistema de delivery y el de take away, en el cual el cliente retira la comida del restaurante.
En otro aspecto agregó: “Ojalá que esta vez no seamos los únicos boludos, los formales cumpliendo la ley y después ver que los informales siguen trabajando sin ningún control”.
El titular del gremio añadió que luego de las nuevas restricciones por Semana Santa, que empezarán a regir desde las 00:00 de este sábado 27 de marzo y se extenderá hasta el 4 de abril, para el desplazamiento solo para actividades indispensables permitido entre las 5:00 y las 20:00, algunos de los asociados ya manifestaron que desde hoy pedirán la suspensión laboral de sus personales.
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“Prioridad del Gobierno es llevar líquido vital a región Occidental”
El senador Basilio Núñez, uno de los proyectistas de la iniciativa “”Agua para el Chaco”, indicó que la prioridad del Gobierno es llevar el líquido vital a la región del Chaco paraguayo. El legislador sostuvo que, de no contar con la cooperación de cooperativas o empresas para la financiación, el Gobierno se podría hacer cargo de su financiamiento.
“El acueducto para el Chaco es una prioridad para el Gobierno, y nosotros no vamos a depender de otra empresa, es una cuestión de Gobierno. No podemos depender del humor ni de un legislador o una legisladora que retira su firma”, refirió en conversación con los medios de prensa en el Senado.
Reiteró que en este proyecto el Gobierno podría conseguir una fuente de financiamiento para llevar adelante la iniciativa presentada en el Legislativo. “Claro que puede, es cuestión de tiempo, de tratar de hacer bien los deberes, que lo estamos haciendo, y yo creo que vamos a tener agua permanentemente para el Chaco”, apuntó. Con respecto a los cuestionamientos de algunos sectores, en el Senado, sobre algunos puntos del proyecto, indicó que el primer paso ya fue tomado, presentarlo y en el transcurso de su tratamiento se podrá ir incluyendo las modificaciones.
“Tenemos que ver el lado positivo, se presentó un proyecto, está la problemática. Si hay una base, un proyecto de ley de 12 artículos, ¿para qué le damos entrada?, para que sea modificado, enriquecido, hasta la fuente de financiación podemos ver, si encontramos fuente de financiación para construir kilómetros y kilómetros de asfalto, que no se toma y que no es vital, por qué no vamos a encontrar financiación”, refirió el senador. Indicó además que el proyecto se encuentra en las comisiones asesoras para su estudio previo, antes de ser puesto a consideración del pleno y llegar a un acuerdo sobre las modificaciones que sean necesarias.
“Está en la comisión y nosotros mismos también vamos a sugerir modificaciones, ese proyecto de ley fue una iniciativa legislativa. Yo estuve en comunicación con el presidente de la República, el Ejecutivo va a dar sus sugerencias también a través de la bancada oficialista y nosotros por sí como senadores también”, sentenció.
“Debe ser abarcativo e integral”
El gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, instó a la posibilidad de trabajar en un proyecto abarcativo, para marcar diferencia en los departamentos de la región Occidental.
“Este debe ser un proyecto que beneficie a todos. Hasta ahora, los proyectos de acueductos no han beneficiado al Alto Paraguay, sin mencionar que no han sido bien elaborados porque no llegan a donde deberían: Loma Plata y el Chaco central”, puntualizó el jefe departamental.
Lamentó así las ineficiencias realizadas anteriormente con respecto a la posibilidad de potabilizar el Chaco paraguayo, apuntando a la importancia de seguir socializando el proyecto tanto con las autoridades departamentales, como también con la propia población. “Con el gobernador de Boquerón, Harold Bergen, hemos conversado sobre los alcances del proyecto ‘Agua para el Chaco’. A lo que queremos apuntar es a abarcar de manera integral las comunidades de Alto Paraguay, como antes no habían sido garantizadas”, refirió.
Reiteró la importancia de seguir contribuyendo con la realización del plan, apuntando a trabajos coordinados no solo entre las autoridades departamentales y del Gobierno, sino también con las propias comunidades que podrían acceder a cambios trascendentales en su estilo de vida.
Dirigente pide no poner trabas
El senador Líder Amarilla se refirió sobre el proyecto de ley “Agua para el Chaco”, impulsado por el parlamentario Orlando Penner.
El dirigente y legislador liberal puntualizó que acompañará y apoyará el plan, lo cual deben hacer otros colegas suyos, entendiendo la importancia de la propuesta para comunidades chaqueñas.
“Seguiré apoyando este proyecto, independientemente de la salida del senador Penner del partido Patria Querida porque el plan plantea una solución definitiva a la problemática de la falta de agua en el Chaco”, expresó el congresista ante diferentes medios de prensa.
Remarcó así que las cuestiones políticas o ideológicas no deberían utilizarse como excusa para rechazar el plan impulsado. Sentenció que los pobladores del Chaco tiene derecho a acceder al líquido vital y los parlamentarios poseen la obligación de garantizar dicho aspecto.
“Celebro al 100 % que esto se pueda llevar adelante y ojalá pueda materializarse lo antes posible. Desde el Senado y Diputados, de ninguna manera deberíamos poner trabas a esta propuesta porque el progreso es una necesidad para la región”, aseguró el senador Amarilla.
“El proyecto de agua es necesario para el Chaco”
El senador liberal pidió también una revisión del proyecto.
El senador Éver Villalba sostuvo que el proyecto “Agua para el Chaco” es necesario para los pobladores del país; sin embargo, destacó que existen varios puntos que deben ser revisados antes de ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores. “El proyecto en sí es necesario para esas comunidades. Ahora, sí yo tengo algunas reservas que estoy analizando con mi equipo asesor, primero es la adjudicación directa que prevé el proyecto”, comentó el legislador.
Como segundo punto que debe ser revisado, se refirió al monto que se había hablado inicialmente. “Se hablaba de 120 millones de dólares, pero en el proyecto presentado va a 250 millones de dólares”, indicó al hablar con periodistas acreditados en el Senado.
Reiteró que existe una gran necesidad de este tipo de proyecto, principalmente, para los pobladores de esa región del país. Mientras tanto, indicó que uno de los puntos que le preocupa y debe ser discutido es que el proyecto habla de agua cruda y no de agua potable.
“Es necesario. Los compatriotas que viven en esa zona del país necesitan tener agua. Otro punto que el proyecto no prevé, porque dice que, a través de un canal a cielo abierto, van a llevar agua, pero no se compromete en la provisión de agua potable. Entonces, finalmente esa carga va a quedar sobre el Estado o la comunidad. Dice agua cruda, no agua potable”, refirió.
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Productores piden definir si reglamento 1115 será obligatorio o voluntario
Desde la Unión de Gremios de Producción (UGP) siguen socializando la postura gremial desde este sector productivo, ante las exigencias de Unión Europa (UE) y su implementación del reglamento 1115/2023 ya en vigencia, de que todavía hay mucho por entender y por sobre todo, decidir.
Al respecto, el presidente de la UGP, Héctor Cristaldo, señaló que esperan se tome la decisión correcta respecto a esta normativa, puesto que el desarrollo del país está en juego, y que todavía se tiene que definir cómo será la adhesión al requisito para ingresar al mercado europeo.
“Le pedimos al gobierno que analice bien el tema, de cuál será el mecanismo, porque todavía se debe definir si el sistema a utilizar será voluntario o si será obligatorio. Esperemos que podamos tomar una decisión correcta porque el desarrollo del país está en juego”, expresó a la 680.
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Participación de la UE
Hay que mencionar que el 1115 es una normativa que regula el comercio de determinadas materias primas y derivados, cuyo objetivo del reglamento es evitar el ingreso de estos productos, específicamente, los que provengan de territorios deforestados al mercado europeo.
Ante esto, es que los gremios pertenecientes a la actividad de la producción, consideran que ley de la UE es una amenaza al desarrollo del país, por la imposición de los requisitos que según la UGP, atentará contra muchos pequeños productores que todavía no podrán clasificar en el caso de los granos a los provenientes o no de la deforestación.
Asimismo, Cristaldo reiteró la magnitud de la participación del mercado del bloque europeo en las exportaciones graneleras de Paraguay, haciendo alusión que apenas representa el 4 %, pues la UE compró en el 2023 por unos USD 492 millones del total de USD 11.890 millones exportados.
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Sector gastronómico: la propina y el desafío con los pagos electrónicos
Paul Fernández
paul.fernandez@nacionmedia.com
En Paraguay no existe una ley de propinas y, por ende, su pago no es obligatorio y tampoco está regulado a pesar de mover cerca de USD 90 millones al año. Actualmente nace un gran desafío para algunos sectores que, en medio de un avance importante de los pagos electrónicos, deben agregar este ingreso extra en sus cobros.
La actividad en los servicios, específicamente el gastronómico, recuperó dinamismo en el país y representa uno de los sectores que más está creciendo y que, de acuerdo a los últimos datos, está empujando la economía. La evolución exige cada vez más tanto a los establecimientos, empleados como a los clientes que deben posicionarse y cumplir con las exigencias de un mercado cada vez más electrónico o digital. En medio de eso, sobresalen muchos desafíos que hasta ahora no cuentan con una solución, especialmente en el país.
Desde Geopagos, empresa líder en soluciones digitales, señalan que la irrupción de los pagos digitales y la progresiva, aunque lenta, retirada del efectivo impactan directamente en la forma en la que se pagan las propinas y no hay por qué negar que la industria de los pagos digitales tiene una deuda pendiente: facilitar el pago de propinas para garantizar a la vez el ingreso de quienes trabajan y una óptima experiencia de cliente.
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“La propina es uno de los desafíos que afrontamos como industria y es una problemática que trabajamos con muchos de nuestros clientes”, afirma Mariana Sigal, VP de Operaciones de Geopagos, firma que tiene presencia en 16 países de América Latina, incluido Paraguay.
Desafío
Sobre ese punto, La Nación/Nación Media habló con Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, quien afirmó que si bien en Paraguay no existe una ley que obligue o regule las propinas, los establecimientos se enfrentan a ese desafío o hasta incluso podría llamarse problema cuando los clientes piden incluir este “agasajo” de los trabajadores en sus pagos digitales.
“En Paraguay no existe ninguna ley de propinas, en otros países la ley te obliga a que coloques un porcentaje para la propina, en Paraguay es opcional. Nosotros estamos de acuerdo de que siga siendo opcional. El problema que existe es con la gente que quiere dejar la propina con la tarjeta de crédito”, dijo Gayet.
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Si bien, el titular del gremio indicó, que sólo algunos establecimientos aceptan, esta operación les genera la comisión de la tarjeta, el pago del impuesto a la renta y les genera tener que desembolsar en efectivo al mozo un dinero que va a recibir unos días después porque el cobro no es inmediato.
Otro de los inconvenientes, según Gayet, es que no existe una ley que pueda excluir a la propina del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) teniendo en cuenta que la factura deberá estar alineada al monto cobrado a través de la tarjeta de crédito. “La propina es un dinero que no es del establecimiento y si todo el mundo paga con 10 % de propina, al final del año el Ministerio de Economía va a pensar que ganaron más los establecimientos”, añadió.
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Una ley necesaria
El titular del gremio dijo que ya había propuesto realizar una ley de propina que no implique la obligación sino más bien que organice el cobro de ese ingreso extra y excluya a los establecimientos de retenciones y pagos de comisiones teniendo en cuenta que dicho porcentaje irá destinado a los trabajadores. “Ya lo hablamos en varias ocasiones, pero parece que no todo el mundo se muestra interesado en ello, pero para nosotros es un problema que ronda los USD 90 millones al año, eso es lo que mueve la propina al año”, reiteró.
Sostuvo que dicha situación se registra además en el sector supermercadista con los trabajadores que realizan servicio de embalado o traslado de bolsas que, en el caso de que los clientes no cuenten con efectivo, no pueden cobrar su propina por el servicio prestado. “Si existiese una ley de propina, inmediatamente al cajero del super se le podrá pagar esa propina”, aseveró.
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Desde Geopagos señalan que si bien la cultura de la propina es diferente en cada lugar, siempre debe cumplir una misma condición: la acreditación instantánea. El efectivo cumple con ese requisito, pero está lejos de ser la solución ideal. Una propuesta ya muy utilizada en todo el mundo es una combinación entre historia e innovación: una “caja de empleados” digital.
Plantean que con la creación de una cuenta especial para propinas y en base a una oferta amplia de medios de pago (desde transferencias instantáneas hasta tarjetas de crédito o QR), es posible pagar propinas de manera muy eficaz: fácil, rápido, transparente, de manera inmediata y sin comisiones.
El desarrollo de soluciones como estas requieren el trabajo codo a codo de los desarrolladores de tecnología con fintechs o bancos y luego con los restaurantes, hoteles u otros comercios que quieran aplicarlo y, en el caso de Paraguay, seguirá requiriendo de una ley que regule este ingreso extra.
Datos claves
- En Paraguay no existe una ley de propinas y, por ende, su pago no es obligatorio y tampoco está regulado a pesar de mover cerca de USD 90 millones al año.
- La irrupción de los pagos digitales y la progresiva, aunque lenta, retirada del efectivo impactan directamente en la forma en la que se pagan las propinas.
- Con la ley de propinas no se apunta a la obligación sino más bien que organice el cobro de ese ingreso extra y excluya a los establecimientos de retenciones y pagos de comisiones.
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El Gobierno apuesta todo en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia
Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de caudales que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delincuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que ostentan y la capacidad de organización y destrucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.
El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que últimamente ha sufrido el embate de los criminales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente contaban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.
La crónica policial indica que en los últimos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligrosidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las localidades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.
En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transportador de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero automático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue destruida con explosivos y se robaron centenares de millones de guaraníes.
Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.
Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.
El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nuevas inversiones para el equipamiento logístico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anualmente, para alcanzar 25.000 nuevas incorporaciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concepción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departamentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más adelante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuerzas policiales tienen también otro”, manifestó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.
La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últimamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la guerra contra la delincuencia y la inseguridad.