El proyecto de creación del Registro Unificado Nacional (RUN) que pretende fusionar Catastro y Registros Públicos ya cuenta con media sanción por parte del Senado, pero desde el sector de los escribanos, exhortan a seguir dialogando sobre esta iniciativa, puesto que aseguran que la forma en la que está redactada, no garantiza la celeridad y menor costo, tal y como lo establecen los objetivos.

“No queremos ser obstacularizadores, pretendemos la modernidad porque somos los principales afectados, todos los días lidiamos con este problema. El camino que nosotros pretendemos es que sea, aún unificado este registro, es que alguien se ponga las pilas y haga el levantamiento catastral, ya no esperar que se traiga el título para poder ir armando esto”, expuso Katia Ratti, consejera del Colegio de Escribanos.

En contacto con “Así son las cosas”, emitido por Universo 970 AM-GEN/Nación Media señaló que es de vital importancia que se establezca quién realizará el levantamiento catastral, puesto que algunas personas solo cuentan con contratos de sus inmuebles, mientras que otras, tienen propiedades heredadas que nunca pasaron por una sucesión, por lo que no existe un “sinceramiento” de la situación real del inmueble.

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“Paraguay es uno de los países más costosos en servicios registrales en toda la región. En primer lugar está El Salvador, en segundo Uruguay y luego ya estamos nosotros. Aún pagando un servicio carísimo que sale del bolsillo del ciudadano, no tenemos un servicio como se pretendería, que sea en línea, con seguridad jurídica, actualizada, eso no ocurre porque nuestra cobertura catastral está desactualizada, es errónea, es inconsistente”, cuestionó.

Desde el Colegio de Escribanos se instó una vez más a seguir adelante con el diálogo y que se tengan en cuenta las recomendaciones de todos los sectores. Además, indicaron que se necesita de la participación de otras instituciones en este proyecto, como del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), las municipalidades, el Registro Civil, de modo a evitar que se continúe con la expedición de escrituras nulas.

“Necesitamos un cambio porque hoy por hoy, los registros tanto, registrales como catastrales son insostenibles, la tardanza realmente perjudica muchísimo el tráfico inmobiliario, las operaciones dentro del país y la supuesta agilidad que debería tener y con la que deberían responder las instituciones”, sostuvo Ratti.

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El gremio de escribanos, del sector notarial, geógrafos y algunos sectores campesinos, encabezan una movilización en las inmediaciones del Congreso en el marco del tratamiento del proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), mediante el cual se pretende fusionar Catastro y Registros Públicos.

“Lo que venimos a pedir es la postergación, si no son tenidos en cuenta nuestros reclamos, nosotros nos abocamos al rechazo de la ley”, expuso el escribano Fernando Báez en contacto con La Nación/Nación Media. El profesional lamentó que sus recomendaciones no hayan sido tenidas en cuenta debido a que consideran que como está planteada la ley, no se cumplirá el objetivo de abaratar costos y reducir plazos para la titulación de propiedades.

“Hay que dejar en claro que el proyecto, así como está del RUN, no vemos como una solución real porque nos estamos encontrando con dos instituciones que están totalmente recortadas presupuestariamente y eso se traduce en un resultado ineficiente de la gestión de cada una, vamos a fusionar dos instituciones que están con problemas”, afirmó.

Para Báez, aprobar la fusión de Catastro y Registros Públicos, tal y como lo establece el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, podría resultar en un proceso “traumático”. Añadió que un ejemplo similar a esto fue la creación del Registro del Automotor, el cual demoró alrededor de 24 años en llegar a un buen funcionamiento como el que tiene actualmente. “Lo que se busca es que sea lo menos traumático posible”, refirió.

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Los objetivos principales de esta iniciativa es la celeridad y la economía registral catastral, no obstante, la redacción del proyecto contempla un aumento en ciertos plazos procesales y costos de las tasas que se tienen actualmente, por lo que, consideran que de aprobarse de esta manera, no se estaría cumplimiento con la misión central que se expresa en la exposición de motivos a favor de esta ley.

“En cuanto a lo que tiene que ver con la celeridad de los trámites, actualmente un certificado de dominio tarda en salir en 10 días, la ley establece que debe ser en ese plazo, sin embargo, en el proyecto aumenta ese plazo y va a 15 días, las escrituras en lugar de 20 días ahora pasan a demorar 30 días con esta media sanción”, señaló.

Los escribanos ya tuvieron reuniones con legisladores donde pudieron exponerles estas situaciones, sin embargo, sus reclamos no fueron considerados ni se realizaron ajustes al proyecto, lo cual es una situación lamentable para el sector, puesto que son quienes operan en el sistema, mencionó Báez.

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“Estamos encontrando que en lugar de bregar por lo que ellos mismos pregonan en su exposición de motivos, que son la celeridad y economía, en este caso no se ve reflejado en el proyecto, entonces los que estamos en el tema encontramos esas situaciones presentes en este proyecto de ley”, sostuvo.

Para la segunda mitad de octubre está prevista la llegada al país de autoridades sanitarias surcoreanas, de cara a la inspección para avanzar en el proceso de habilitación del mercado de Corea, para que Paraguay pueda exportar a este país su carne bovina.

Sobre el punto, y de las posibilidades que Paraguay tiene para sobrellevar una auditoría positiva, el diario La Nación/ Nación Media, en conversación con el embajador de la República de Corea en Paraguay, Chan-sik Yoon, conoció su parecer de primera mano.

“Soy testigo que carne paraguaya es de buena calidad, número uno mundial, así que ojalá aterrice pronto en Corea, y también en Japón. Este mes vendrán autoridades sanitarias para conversar sobre posibles comercios, exportación de la carne a nuestro país”, expresó.

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Ante la consulta sobre una posible fecha para culminar el proceso y se dé una apertura al mercado asiático, el embajador indicó que los servicios veterinarios oficiales conversarán estrechamente, y que probablemente todavía tarde, lo cual es normal ya que se requiere de una serie de procedimientos.

En este sentido, recordó el tiempo que llevó la apertura del mercado de Estados Unidos como Canadá, por lo que un año sería aún un tiempo corto para finiquitar el proceso, debido a los estrictos requerimientos.

Explicó que, por un lado, se necesita satisfacer la demanda así como adecuar a las regulaciones y estándares estrictos de calidad y sanidad animal, pero que la habilitación lo auspicia con optimismo. Como embajada, también aportarán en lo que fuese necesario para acelerar negociaciones, remarcó.

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DATOS CLAVES

1-Este mes llegan las autoridades sanitarias oficiales de Corea para conversar con el servicio veterinario de Paraguay.

2-El embajador de Corea, indicó que es testigo de que la carne paraguaya es de buena calidad mundial.

3-La habilitación lo auspicia con optimismo, y como embajada, aportarán en lo que fuese necesario para acelerar negociaciones.

Fuente: Chan-sik Yoon, embajador de la República de Corea en Paraguay.

El abogado Miguel Godoy, defensor de Axel Fabián López Orué, procesado por el supuesto hecho punible de coacción sexual y violación, denunció varias irregularidades en el presente proceso penal que debe tenerse en cuenta en el juicio oral y público que se está desarrollando.

Godoy señaló que se cuenta con los elementos para poder corroborar dónde estaba mi defendido el día en que supuestamente ocurrió el hecho punible denunciado y a su vez se tiene pruebas científicas dónde estaba su defendido, quien cuenta con varios testimonios.

Agregó que hoy día “tenemos un terrorismo de Estado en cuanto al incumplimiento de los plazos procesales”, dijo. Del mismo modo, criticó que el acusado está con arresto domiciliario hace cinco años, superando el plazo que establece la ley para estar con medida cautelar sin condena.

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Igualmente, Godoy denunció otra irregularidad en el presente caso, que la fecha para presentar la acusación fue el 29 de mayo del 2018 y dicha fecha fue notificada a todas las partes, pero el juez de garantía se percató el 21 de junio del mismo año que la fiscalía no presentó acusación.

Por su parte, Graciela Orué, madre del acusado, indicó: “Mi hijo estaba en Villarrica cuando se denunció, y la supuesta víctima estaba en mi casa en el barrio San Pablo a la espera de poder viajar a Sudáfrica”.

“Tenemos varios elementos de prueba para poder probar que mi hijo no estaba en mi casa, como el pago de combustible, la triangulación de celda del teléfono de mi hijo, testificales y fotografías de peaje y facturas de peajes”, manifestó la madre.

El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el presente caso está integrado por Ana Carolina Silveira, Leticia Fracci y Rilsi Ortiz. La fiscala del caso es María Angélica Acosta, quien deberá atender con objetividad el presente proceso penal.

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