Gremios como la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), la Feprinco, ARP, CIP, Cafym, Caterppa, Capasu, Asamar, Capeco, ADEC, Capadei, Capatit, entre otros, a través de una nota dirigida al ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, solicitaron la revisión y evaluación de algunos aspectos del sistema de tributos internos diseñados conforme a la Ley Nº 6380/2019 y sus reglamentaciones.
La nota expresa que el ciclo económico de los dos últimos años no ha sido el más favorable, especialmente por la pandemia de COVID-19 y las consecuentes, pero razonables, medidas administrativo/sanitarias tomadas por el Gobierno Nacional con el fin de proteger la salud de la población.
Lo mencionado llevó naturalmente a la paralización social y económica que provocó una gran caída en el consumo y, por ende, en la ventas y negocios, lo que ha incidido negativamente en la operatividad de las empresas, en la generación de empleos, que se dieron concomitantemente con la implementación de la reforma tributaria implementada por la Ley No. 6380/2019.
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Agregan además que las circunstancias descriptas inciden en los resultados económicos del ejercicio fiscal 2020 y todo el marco descripto en la práctica desalienta la formalización de las actividades, el consumo, la inversión y podría estar generando o generar a corto plazo una involución en el proceso de formalización de la economía nacional, razón por la que ven la necesidad de poner en la palestra algunos puntos de la reforma tributaria y/o su reglamentación o interpretación, que consideran necesario sea objeto de un nuevo análisis en esta coyuntura con el eventual fin de proponer/acordar reformas reglamentarias y/o legales.
Los representantes del sector económico finalizan el pedido haciendo uso del derecho que otorga el Art. 40 de la Constitución Nacional, que les motivó a peticionar a las autoridades la revisión/evaluación de algunos puntos de la mencionada ley.
“Consideramos que la premura en su aprobación y puesta en vigencia conspiró respecto de la ‘armonía y simplicidad’ de su texto, tal vez si se hubiera prolongado su análisis y si se hubiera abierto la discusión parlamentaria el resultado hubiera sido mejor y el consenso mayor, aun cuando su entrada en vigor pudiera haberse demorado al 2021″, sostienen los gremios.
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