El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel, se reunieron por la mañana de este jueves para analizar la posibilidad de establecer una mesa de trabajo interinstitucional, a fin de dar mayor dinámica a lo concerniente a las inversiones inmobiliarias.
Esto, considerando que se trata de uno de los ejes centrales del plan de reactivación económica impulsada por el Gobierno. El encuentro se desarrolló en la sede del Palacio de Justicia, donde, además, Llamosas dio su saludo protocolar al nuevo titular de la máxima instancia judicial.
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Apoyar la reactivación
El ministro recordó que las inversiones inmobiliarias cuentan con dos autores claves, que son el Servicio Nacional de Catastro (SNC), dependiente del Ministerio de Hacienda, y la Dirección General de los Registros Públicos, dependiente de la CSJ. Comentó que la directora de esta última entidad también participó de la reunión, de manera virtual. La conversación fue propicia para acordar acciones tendientes a instalar una mesa interinstitucional para agilizar los procedimientos.
A su vez, María Fernanda Carrón, presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), quien también formó parte de la reunión, dijo que el interés principal del ente es apoyar la reactivación económica. Resaltó que el trabajo conjunto podría conducir a coordinar esfuerzos de los sectores privado y público.
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Fortaleza se erigen en altura sobre San Martín
Fortaleza, la marca líder en inversiones inmobiliarias, presentó este miércoles último su nuevo proyecto ubicado estratégicamente en la avenida San Martín, que se perfila como el referente de la vida urbana en Asunción, ofreciendo departamentos de alta calidad y una gran variedad de servicios.
Así nació “Fortaleza San Martín”, un edificio emblemático que transformará la vida de los asuncenos o quienes quieran radicarse en la capital, ya que se encuentra a pasos de los principales centros comerciales y de servicios. El imponente edificio combina diseño, comodidad y sostenibilidad, resultando en una experiencia de vida integral única.
Al respecto, el director ejecutivo de Fortaleza, Francisco Gómez, comentó que el lanzamiento de este proyecto es el resultado de trabajo de más de un año, desde que encontraron el terreno hasta presentarlo anoche, de lo que harán con la obra edilicia.
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Tangibilizar sueños
“Son 192 departamentos, muchos miles de metros cuadrados, más de USD 20 millones en inversión, pero con la alegría de poder seguir tangibilizando nuestro sistema en ladrillos y hacer realidad sueños de personas que apuestan en nosotros y han confiado hace 32 años hasta hoy de la misma manera”, expresó a Nación Media.
Con Fortaleza San Martín, redefinen el concepto de calidad de vida, pues los residentes disfrutarán de servicios exclusivos como gimnasio, piscina, salas de coworking y plaza café, diseñados para inspirar, conectar y enriquecer su día a día. De esta manera, le agregan valor a la experiencia de los servicios.
“Este proyecto es el resultado de nuestra visión de futuro y compromiso con nuestros inversores. Fortaleza San Martín representa una oportunidad única para quienes buscan una inversión sólida en una ubicación privilegiada”, acentuó Gómez.
Compromiso con los clientes
La nueva apuesta edilicia cuenta con más de 30.700 m² de construcción, consolidándose en su liderazgo en el sector de inversiones inmobiliarias. Este nuevo proyecto, junto con otros desarrollos como Fortaleza Molas López y las torres de Fortaleza Carmelitas, reafirma el compromiso de la empresa de ofrecer calidad, confianza y exclusividad a sus clientes, mientras contribuye al progreso y la transformación de Asunción.
Con más de 3 décadas de trayectoria, Fortaleza logró consolidarse como un referente en el mercado, evolucionando constantemente para ofrecer a sus inversores un sistema confiable y accesible, que garantiza la calidad en cada proyecto. Su compromiso trasciende las inversiones, contribuyendo al crecimiento urbano y mejorando la calidad de vida en la capital del país.
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DNIT y contadores crean mesa de trabajo para buscar soluciones al sistema Marangatú
Gremios de contadores y autoridades de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) formaron una mesa de trabajo para conversar sobre las funcionalidades y fallas del sistema Marangatú, también los ajustes que se le han hecho y las alternativas que plantearon para buscar soluciones.
El gerente general de Impuestos Internos la DNIT, Ever Otazú explicó que escucharon los reclamos de los contadores en situaciones particulares que se presentaron y contó que dejaron en claro, al principio de la conversación, que no estaba contemplando una prórroga a las multas en relación con la RG90/2021.
“De igual manera, los gremios han planteado soluciones alternativas en relación con las multas que dijimos que íbamos a analizar. Tenemos que saber que el sistema ya ha recepcionado más de 800.000 registros de contribuyentes”, expresó Ever Otazú.
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Esto significa que 800.000 contribuyentes han presentado su registro de contribuyente, en el marco de la RG90, por lo que las autoridades de la DNIT consideran que existe funcionalidad en el sistema, y que si existen casos o situaciones particulares van a ser atendidas conforme a lo que se presente.
“De esa manera nosotros concluimos que la reunión fue bastante fructífera y hemos iniciado un canal de comunicación directa. La próxima semana vamos a darle continuidad a esta mesa con una reunión más técnica, donde los distintos gremios van a traer sus representantes e informáticos, para seguir hablando sobre situaciones particulares que se susciten”, manifestó el gerente.
RG90
La Resolución General 90 (RG90) establece el registro electrónico de los comprobantes de ventas y compras, y de ingresos y egresos en el sistema Mangaratú. El reclamo tiene que ver con fallas a la hora de procesar información, por factores externos al trabajo de los contadores. El último periodo de gracia para la presentación de los documentos finalizó el 31 de octubre.
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Corte da trámite a acción de inconstitucionalidad de navegantes contra el IPS
La Corte Suprema de Justicia (CJS) otorgó la admisibilidad del estudio de la inconstitucionalidad planteada por un grupo de 26 navegantes que apuntan a percibir a una jubilación que está por encima de lo que contempla la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS). Desde la previsional, aclararon que esto no significa que los extrabajadores marítimos ya vayan a percibir los haberes solicitados.
“Lo llamativo es que un grupo de 5 navegantes planteó la acción de inconstitucionalidad y la Corte le rechazó, lo mismo con otros dos navegantes, sin embargo, con los mismos argumentos de la misma resolución, a 26 navegantes sí le concedió la admisibilidad. Estamos estudiando cuál fue el criterio para que la Corte le diga que no a dos grupos, pero le diga que sí los 26″, expuso Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del IPS.
El IPS está elaborando una estrategia que apunta a plantear un recurso de reposición para dejar sin efecto la admisibilidad y rechazar in límine la resolución que data del 2016, la cual fue favorable para los navegantes. Lo que busca el instituto según explicaron, es que se anule dicha sentencia y que se vuelva a juzgar, dado que la previsional no fue parte del debate y no pudo argumentar ante la Corte el porqué no correspondía el pago solicitado por los trabajadores marítimos.
La Carta Orgánica del IPS contempla que no se pueden pagar haberes por encima de los 10 salarios mínimos, lo que equivale actualmente a G. 29 millones. La pretensión de los navegantes es cobrar sus haberes por el monto que aportaron, lo que superaría ampliamente este tope reglamentado en la previsional.
“No es cierto que está habilitado para que ellos cobren, no es cierto que acá esto favorable para ellos y perjudicial para el IPS, es un simple trámite. Por el momento están cobrando de acuerdo a la Carta Orgánica”, dejó en claro Cubas ante la 1080 AM.
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El caso
En el 2013, 129 trabajadores marítimos plantearon una acción de inconstitucionalidad contra dos artículos de la Carta Orgánica que hablan sobre el tope máximo para el pago de haberes. Los navegantes argumentaron que ellos abonaron mucho más y querían jubilarse de acuerdo al salario que aportaron.
Tres años más tarde, en el 2016, se dictó una sentencia en contra del IPS y favorable para los demandantes y recién en el 2020 la previsional solicitó la nulidad de esta resolución. En el 2023 se dictó la caducidad en la acción de nulidad promovida por el IPS, la cual fue apelada y la Cámara dio la razón a la previsional.
Se emitió una resolución donde se establecía la prohibición de innovación, es decir, dispuso que no se le iba a otorgar una jubilación por encima de los valores establecidos en el marco legal, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
Contra esa resolución los navegantes marítimos plantearon una acción de inconstitucionalidad, pero lo hicieron en tres grupos, a dos de estos les fue rechazado por parte de la Corte, sin embargo, tuvo la admisión de estudio para un grupo de 26 personas, lo cual es sorpresivo para la previsional.
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El RUN, esencial para desarrollo económico
El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alberto Martínez Simón aguarda que las observaciones “objetivas e inteligentes” realizadas desde los gremios de escribanos, notarios y representantes campesinos sobre el proyecto de crear el Registro Unificado Nacional (RUN) sean atendidas por el Congreso Nacional.
Señaló que su petición surge con la finalidad de lograr una normativa clara y aplicable que responda a la realidad económica del Paraguay y las expectativas ciudadanas. Indicó que el registro público es una pieza esencial para el desarrollo económico.
“El Registro Público acá y en cualquier parte del mundo es una pieza esencial para el desarrollo económico. Creo que el presidente Santiago Peña, cuando toma la iniciativa de unificar las instituciones por su perfil de economista, habrá visto esto como una pieza esencial y decidió dar este paso trascendente”, indicó en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El proyecto de ley que establece la fusión de la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro, y el Departamento de Agrimensura y Geodesia, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y será remitido próximamente a Diputados para su tratamiento.
“Con este sistema unificado, los trámites ahora se harán en un solo movimiento, sin la necesidad de pasar por varias instituciones. Estamos buscando que el sistema funcione mejor, sea más rápido y transparente, evitando los cuellos de botella y reduciendo la posibilidad de irregularidades mediante la digitalización de los procesos”, comentó.
Señaló que el modelo del Registro Unificado Nacional se inspira en sistemas exitosos de otros países, como el de Panamá, que destaca por su eficiencia y rapidez. Asimismo, Martínez Simón se hizo eco de las críticas provenientes de los diferentes gremios afirmando que desde la máxima instancia judicial ya se requirió un tiempo prudencial con el objetivo de ir ajustando la propuesta una vez sancionada y promulgada.