La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alacaraz, explicó que la próxima reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que se desarrollará en Asunción, no se trata de una nueva evaluación del país, sino del monitoreo de las acciones recomendadas en el informe de la organización intergubernamental.

“Tenemos tareas pendientes y hay un proceso en los cuales nosotros tenemos que seguir haciendo esas mejoras, que van hasta el año 2028. No es una evaluación mutua nuevamente, sino simplemente es que el Gafilat sigue monitoreando si nosotros estamos implementando las acciones prioritarias por el organismo recomendado”, indicó Alcaraz, este jueves, para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Detalló que se trata de dos puntos principales: cuál es la situación de Paraguay como consecuencia de lo que fue la evaluación mutua, y en qué consiste ese lugar en que el grupo de evaluadores lo ubicó.

“Gafilat determinó que el Paraguay alcanzó un nivel moderado en sus calificaciones, respecto al sistema antilavado de activo y contra el financiamiento de terrorismo, las calificaciones asignadas en el informe de evaluación mutua que es el producto que sale de esa evaluación mutua ubicaron a este país en este proceso de seguimiento intensificado”, indicó.

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Paraguay debe seguir las acciones prioritarias recomendadas en ese informe de evaluación mutua “que se dividen en 11 resultados de los cuáles se han obtenido calificaciones moderadas en casi todos y en otros tuvimos una calificación que baja, que es el resultado inmediato siete que tiene que ver con la persecución penal del delito de lavado de activos”, de acuerdo a las explicaciones de la ministra.

Agregó que “la principal relevancia del seguimiento intensificado radica en que estas calificaciones que tuvo el país a nivel de cumplimiento podrían eventualmente variar si no se implementan de manera efectiva las acciones recomendadas como consecuencia de esa evaluación mutua y como consecuencia de ese informe de evaluación mutua”.

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El presidente de la República Santiago Peña recibió a la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, quien presentó un informe detallado sobre las gestiones de la institución y los resultados alcanzados durante el ejercicio de la presidencia pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que Paraguay fue designado por este 2024.

Desde la presidencia informaron que el Gobierno del Paraguay está trabajando firmemente en la preparación de la próxima reunión de los grupos de trabajo y el pleno de representantes del Gafilat, que se llevará a cabo en Asunción en diciembre de este año.

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Indicaron que este encuentro será clave para seguir fortaleciendo los esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la región. Por ello, el gobierno está avanzando en la redacción del informe de avances que deberá presentar el Paraguay a fin de año respecto al proceso de implementación del Plan de Acciones Recomendadas Claves del Gafilat.

Cabe recordar, que la la vocera de Gobierno, Paula Carro, explicó en comunicación con el diario La Nación/Nación Media, que todo este trabajo que están realizando varias instituciones involucradas tiene que ver con los resultados obtenidos durante la evaluación y calificación que Paraguay recibió en el 2022, aclarando que es un seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones recibidas.

“Paraguay debe presentar un informe de seguimiento de las acciones recomendadas por Gafilat en noviembre, el cual será estudiado y aprobado durante la reunión del pleno de Gafilat, que está prevista realizarse en Asunción en diciembre próximo. No estamos siendo objeto de una nueva evaluación, sino es el seguimiento de las acciones que fueron recomendadas como parte de la cuarta ronda de evaluaciones que se hizo en 2022″, precisó.

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El abogado Emilio Fúster, defensor de Arnaldo Giuzzio quien está imputado por varios delitos en el caso conocido como filtración de información de Seprelad, volvió a recurrir a chicanas con el objetivo de seguir dilatando para que el presente proceso penal pueda avanzar. Esta vez el citado profesional del derecho presentó una apelación general contra la resolución del tribunal de apelación que confirmó la competencia de la jueza penal de garantía Cynthia Lovera.

Ahora el expediente deberá ser estudiado por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrado por Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Gustavo Santander que tendrá que destrabar por segunda vez el presente proceso penal que involucra al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su gavilla.

El escrito dilatorio de Fuster menciona que el tribunal de apelación no estudió los argumentos de la recusación contra la jueza Lovera por lo que pide a los ministros de la Corte que analicen y hagan lugar a la apelación y separen del caso a la referida magistrada.

Ahora los ministros Ramírez Candia, Diesel y Santander deberán estudiar el presente caso y resolver si corresponde confirmar la competencia de la jueza Cynthia Lovera.

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La Cámara de Apelación, integrada por los camaristas María Belén Agüero, Digno Arnaldo Fleitas y Gustavo Aguade, confirmó la competencia de la jueza penal de garantías Cynthia Lovera tras estar casi 5 meses trabado el proceso penal que enfrenta el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su gavilla por varios hechos punibles que tienen que ver con el caso conocido como filtración de la Seprelad.

Igualmente el tribunal de alzada otorgó seis meses más de tiempo al Ministerio Público para que pueda culminar la presente investigación contra Marito y su exministros. El 11 de marzo del 2025 la fiscalía deberá presentar su requerimiento conclusivo que puede ser la acusación y el pedido de juicio oral y público o una salida procesal.

En el presente caso, están imputados: Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y Mauricio Espínola.

Los supuestos delitos cometidos que se les atribuyen son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

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Los integrantes de la Comisión Conjunta de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado y otros delitos conexos, perteneciente al Congreso Nacional, definieron la nomina de las primeras autoridades nacionales a ser convocadas.

El órgano entrará en vigencia mañana martes 3 de setiembre a las 17:00. Su presidente, el senador Dionisio Amarilla detalló que entre los primeros citados se encuentran el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, Jaime Bestad y Jorge Bogarín.

Señaló que también figuran en la lista la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz y el Superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), Holger Insfran.

“Abordaremos sobre el financiamiento político y las oenegés, su inserción de fondos al sistema financiero que muchas veces no tienen los controles que se aplican sobre los partidos políticos en lo que refiere al financiamiento”, comentó a los medios de comunicación.

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Ante la consulta sobre si o no ser publicas las sesiones de la citada comisión, Amarilla sostuvo que se estará analizando con la finalidad de tomar una decisión en conjunto. “No está demás decir que se ha establecido la sesión de carácter reservado porque empezarán las investigaciones y a nosotros no nos interesa el show. Más que el show nos interesa analizar los documentos que traigan estas instituciones y posteriormente salir a dar una versión solida”, refirió.

El bloque de investigación también se encuentra conformado por los senadores Gustavo Leite, Colym Soroka y los diputados Rodrigo Gamarra, Héctor Figueredo y Jatar Fernández. La comisión tendrá un plazo de sesenta días hábiles, pero su funcionamiento podrá ser prorrogado si así lo deciden sus miembros.

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