El abogado Emilio Fúster, defensor de Arnaldo Giuzzio quien está imputado por varios delitos en el caso conocido como filtración de información de Seprelad, volvió a recurrir a chicanas con el objetivo de seguir dilatando para que el presente proceso penal pueda avanzar. Esta vez el citado profesional del derecho presentó una apelación general contra la resolución del tribunal de apelación que confirmó la competencia de la jueza penal de garantía Cynthia Lovera.

Ahora el expediente deberá ser estudiado por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrado por Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Gustavo Santander que tendrá que destrabar por segunda vez el presente proceso penal que involucra al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su gavilla.

El escrito dilatorio de Fuster menciona que el tribunal de apelación no estudió los argumentos de la recusación contra la jueza Lovera por lo que pide a los ministros de la Corte que analicen y hagan lugar a la apelación y separen del caso a la referida magistrada.

Ahora los ministros Ramírez Candia, Diesel y Santander deberán estudiar el presente caso y resolver si corresponde confirmar la competencia de la jueza Cynthia Lovera.

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La Cámara de Apelación, integrada por los camaristas María Belén Agüero, Digno Arnaldo Fleitas y Gustavo Aguade, confirmó la competencia de la jueza penal de garantías Cynthia Lovera tras estar casi 5 meses trabado el proceso penal que enfrenta el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su gavilla por varios hechos punibles que tienen que ver con el caso conocido como filtración de la Seprelad.

Igualmente el tribunal de alzada otorgó seis meses más de tiempo al Ministerio Público para que pueda culminar la presente investigación contra Marito y su exministros. El 11 de marzo del 2025 la fiscalía deberá presentar su requerimiento conclusivo que puede ser la acusación y el pedido de juicio oral y público o una salida procesal.

En el presente caso, están imputados: Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y Mauricio Espínola.

Los supuestos delitos cometidos que se les atribuyen son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

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Los integrantes de la Comisión Conjunta de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado y otros delitos conexos, perteneciente al Congreso Nacional, definieron la nomina de las primeras autoridades nacionales a ser convocadas.

El órgano entrará en vigencia mañana martes 3 de setiembre a las 17:00. Su presidente, el senador Dionisio Amarilla detalló que entre los primeros citados se encuentran el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, Jaime Bestad y Jorge Bogarín.

Señaló que también figuran en la lista la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz y el Superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), Holger Insfran.

“Abordaremos sobre el financiamiento político y las oenegés, su inserción de fondos al sistema financiero que muchas veces no tienen los controles que se aplican sobre los partidos políticos en lo que refiere al financiamiento”, comentó a los medios de comunicación.

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Ante la consulta sobre si o no ser publicas las sesiones de la citada comisión, Amarilla sostuvo que se estará analizando con la finalidad de tomar una decisión en conjunto. “No está demás decir que se ha establecido la sesión de carácter reservado porque empezarán las investigaciones y a nosotros no nos interesa el show. Más que el show nos interesa analizar los documentos que traigan estas instituciones y posteriormente salir a dar una versión solida”, refirió.

El bloque de investigación también se encuentra conformado por los senadores Gustavo Leite, Colym Soroka y los diputados Rodrigo Gamarra, Héctor Figueredo y Jatar Fernández. La comisión tendrá un plazo de sesenta días hábiles, pero su funcionamiento podrá ser prorrogado si así lo deciden sus miembros.

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad) remitió una nota al Senado en la que fundamenta la necesidad de avanzar con la aprobación del proyecto de ley que busca establecer mecanismos de transparencia a las organizaciones sin fines de lucro que actúan o trabajan influyendo en políticas públicas o través de alianzas con instituciones estatales. El ente recalcó el riesgo de que las oenegés sean utilizadas para hechos de corrupción, delitos financieros, financiamiento político, etc.

• Unidad de Investigación
• Nación Media

Lavado de dinero, hechos de corrup­ción y otros delitos financieros. Estos apenas son algunos de los puntos por los que la Seprelad con­sidera necesaria la aproba­ción del proyecto de ley que busca transparentar los fon­dos que reciben oenegés que operan en Paraguay.

Según el documento fir­mado por Liliana Alca­raz, titular de la Seprelad, esta normativa es crucial para prevenir que dichas organizaciones sean uti­lizadas para fines ilícitos, como el lavado de dinero, la corrupción y otros deli­tos financieros.

En la nota dirigida al sena­dor Derlis Maidana, Sepre­lad resalta el riesgo poten­cial que representan las oenegés en Paraguay si no se implementan regulaciones adecuadas. La institución advierte que estas entida­des, al no estar debidamente controladas, podrían ser vulnerables a ser utiliza­das como vehículos para el financiamiento del terro­rismo y otros delitos finan­cieros, especialmente aque­llas que operan en áreas sensibles como la caridad, la asistencia social, la edu­cación, y el desarrollo eco­nómico y religioso.

De hecho, sobradas eviden­cias muestran que algunas oenegés financiadas desde el exterior se convirtieron en guaridas de políticos que se dedican a una real cam­paña de persecución con­tra sus adversarios, con lo que se puede deducir que se volvieron un elemento de financiamiento encu­bierto de ciertos sectores políticos.

La Seprelad sostiene que una regulación prudencial del sector es imperativa, basándose en una Evalua­ción Sectorial de Riesgo (ESR) realizada en 2019. Esta evaluación concluyó que las oenegés que ope­ran en Paraguay, especial­mente en sectores como la asistencia social y la educa­ción, presentan un mayor factor de vulnerabilidad. La razón principal es que muchas de estas organiza­ciones no están bancariza­das ni cuentan con políticas de transparencia adecuadas. Además, podrían estar vin­culadas con socios o redes en jurisdicciones que han sido blanco de ataques terroris­tas o que tienen altos niveles de riesgo.

El informe de 2019 también señaló la ausencia de políti­cas de debida diligencia para identificar a los donantes y beneficiarios de las oenegés, así como la falta de procedi­mientos de control interno y registro de donaciones y fon­dos utilizados. Estos vacíos, según Seprelad, facilitan el uso indebido de estas orga­nizaciones para activida­des ilícitas o el lavado de activos ligados al financia­miento político, tráfico de armas vía bancos y financie­ras, que pasan a constituirse en ejes de investigación de la Comisión Bicameral recien­temente conformada en el Congreso.

El informe de la ENR tam­bién destacó que, aunque hasta la fecha no se han iden­tificado casos concretos de oenegés utilizadas por enti­dades terroristas en Para­guay, las organizaciones que se dedican a la caridad, la educación y los servicios sociales siguen siendo las más expuestas a estos ries­gos. Esta vulnerabilidad fue reiterada en la Evaluación Sectorial de Riesgos de 2019, lo que refuerza la necesi­dad de contar con un marco regulatorio adecuado.

Con base en estos análisis, la Seprelad considera fun­damental la adopción de una ley que regule de manera prudencial el sector de las oenegés en Paraguay. Esta legislación no solo mitiga­ría los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sino que tam­bién alinearía al país con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Inter­nacional (GAFI). Durante una evaluación realizada por el GAFILAT, la obser­vancia de estos estándares por parte de Paraguay fue calificada de forma regu­lar, destacándose la ausen­cia de una normativa ade­cuada para el sector de las oenegés.

En conclusión, la Seprelad insta al Senado a considerar seriamente la aprobación de este proyecto de ley. La falta de una regulación adecuada pone en riesgo no solo la transparencia y la legalidad de las oenegés que operan en Paraguay, sino también la seguridad financiera del país en general.

El proyecto de ley exige que las OSFL registren en sus estatutos sociales las iden­tidades de sus constituyen­tes, su objeto, y sus fuentes de financiamiento. También deberán llevar un libro de registro del financiamiento, ya sea nacional o extranjero, público o privado, y detallar el uso y destino de los fon­dos recibidos con la corres­pondiente documentación de respaldo.

El caso de Soledad Núñez y Bruno Defelippe ilustra cómo algunas OSFL han logrado manejar fondos millonarios. La pareja, que comenzó como volunta­rios, ha tejido una extensa red de negocios operando bajo el disfraz de organi­zaciones sin fines de lucro, todas articuladas a través de la empresa de Defelippe, utilizando la apariencia de “alianzas” y contando con la participación de un selecto grupo de amigos. Esta red moviliza miles de dólares provenientes de organismos multilaterales, con la corres­pondiente contrapartida estatal, financiando proyec­tos que generan lucrativos contratos de consultoría y emprendimientos dirigidos a su círculo cercano.

Días atrás, Nación Media reveló la manera en la que algunas oenegés recibieron fondos extranjeros y nacio­nales que terminaron en manos de supuestos repre­sentantes de la sociedad civil, pero que en realidad hacían política proselitista.

Un convenio firmado el 10 de setiembre de 2020 (tiempos duros de la pan­demia) daba inicio a lo que fue la gran alianza del gobierno de Mario Abdo Benítez y políticos de la oposición que fungían y fungen de representantes de la sociedad civil orga­nizada. La figura para acti­var, financiar estos grupos de políticos aliados con­tra un sector bien defi­nido del Partido Colorado es el acuerdo de Asistencia para el Desarrollo de USD 50 millones entre la admi­nistración de Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

El compromiso estimado de Usaid en 5 años de vigencia del convenio es de USD 44,4 millones y la contrapartida local establecida es de USD 5 millones.

El exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, confirmó este lunes que el expresidente y líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, se encontraba al tanto sobre los presuntos vínculos del diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista con redes narcos.

El dirigente político de Amambay era conocido en la zona por su rol de miembro de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), siendo representante departamental de la organización por varios años. Su ingreso a la arena política en el 2022 se dio de la mano de Fuerza Republicana, apoyando inicialmente la precandidatura presidencial de Hugo Velázquez.

Con la esperanza de recuperar algunas de sus pertenecías, varias familias regresaron este lunes al sitio donde se encontraban sus viviendas antes que fueran consumidas por un voraz incendio registrado en la tarde de ayer domingo en el barrio Ricardo Brugada de Asunción. En total 39 familias perdieron sus casas y piden seguir en la zona.

Divina Romero, una de las afectadas, indicó que pasaron la noche en albergues de la zona, pero que la solución más rápida sería la limpieza de la zona y la construcción de viviendas provisionales hasta darse una solución definitiva. En cuanto a la propuesta del titular del MUVH, Juan Carlos Baruja, de que estas familias se sumen a un proyecto habitacional, la mujer aseguró que no es de interés de los que habitan la zona mudarse, ya que la mayoría trabaja en las inmediaciones del lugar.

La última semana de agosto inicia con temperaturas muy bajas y sin probabilidades de lluvias. A partir del jueves se prevé un ascenso gradual. Este lunes se presentará frío a fresco, con cielo escasamente nublado y vientos del sureste, luego variables. La máxima será de 19 °C.

Para mañana martes se anuncia un día frío a fresco, cielo mayormente nublado y vientos del sureste. Las extremas oscilarán entre 11°C y 17°C. El miércoles persistirá el ambiente fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables. Las temperaturas irán de 12°C a 23°C.

El Banco Central del Paraguay (BCP) habilitó el botón de postulación a los 81 cargos para diferentes áreas. Todos los salarios son de 6 millones de guaraníes. Conozca aquí los requisitos, perfiles y el temario de examen. Desde este lunes los interesados en concursar por una de las vacancias pueden hacerlo a través de la web, en el botón “postúlate aquí”.

Las áreas requeridas son: Economía, Matemática y Estadística, Ingeniería Industrial, Contabilidad, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Licenciatura en Ciencias Informáticas, Ingeniería Electrónica le Ingeniería Informática.

La Comisión Conjunta de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado y otros delitos conexos se instala este lunes a las 11:00 en el Congreso Nacional. El senador Dionisio Amarilla indicó que, primeramente, se instalará la mesa de trabajo, se elegirán sus autoridades y se definirá el reglamento, para que luego se puedan definir los temas que serán investigados.

“Se instala la comisión, se eligen las autoridades y, a partir de ahí , la propuesta que yo haré, que tengo en borrador, es aprobar la resolución que establece entre otras cosas, los días de reuniones, horarios de reunión y un plan de trabajo”, señaló. En relación con la línea de trabajo, mencionó que será definida por sus miembros; sin embargo, existen varios casos que están en la intención de investigar, como, por ejemplo, el caso del banco Altas y un caso similar que surgió recientemente, el del banco Zeta.