La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores emitió en la fecha un dictamen a favor, con 5 votos, por el desafuero del senador vitalicio y expresidente Mario Abdo Benítez. En tanto, que 3 legisladores votaron en contra y otros 3 se abstuvieron.

Al respecto, el titular de esta mesa asesora, Javier Zacarías Irún, explicó que tras la deliberación encontraron que se reúnen todos los criterios para otorgar el desafuero solicitado por el propio afectado.

Este martes, la comisión asesora convocó al senador vitalicio Mario Abdo, o en su efecto a sus abogados defensores para responder o explicar acerca de la acusación que pesa en su contra por el caso de las filtraciones de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes) durante su mandato. Sin embargo, no convocaron a la contraparte, que es la defensa del expresidente de la República, Horacio Cartes, para que puedan brindar igualmente su versión de los hechos.

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Al término de la reunión, Zacarías Irún explicó que el artículo 17 de la Constitución es muy clara al hablar del debido proceso. “A nuestro criterio, absolutamente no se ha avasallado, ni se ha atropellado el artículo 17 de la Constitución. Ahora el resto de lo que se cuestione, debe ser analizado por los fiscales y jueces de la República del Paraguay. Nosotros no somos los jueces, qué debemos decir si está bien o está mal, si es culpable o es inocente. Eso le compete a la Justicia resolver. Nosotros lo único que debemos analizar es si se cumple con el artículo 17 de la Constitución nacional”, insistió.

Remarcó que, en este caso, existen los méritos suficientes para otorgar el desafuero; así como existieron en los casos en que los senadores activos fueron solicitados sus desafueros y fueron aprobados. “Creo que nosotros no podemos obstruir el estudio o investigación de la Justicia, cuando no se refiere a opiniones que pudiéramos haber dado como senador de la nación. Cuando se trata de delitos comunes, creo que tenemos la obligación de dar el desafuero para cualquier senador de la república”, acotó.

Por otra parte, el senador Zacarías Irún señaló que, al contar ya con los dictámenes en ambos sentidos por parte de los miembros de la comisión, el tema ya podría ser incluido y analizado en la sesión ordinaria de este miércoles de la Cámara de Senadores.

El legislador, señaló que detrás de este pedido de desafuero solicitado por el propio afectado, le da la impresión de que, hay otros intereses, ya que mientras Abdo dice en redes sociales que personalmente solicita su desafuero, a un año que la Justicia haya solicitado el mismo; mientras que sus aliados buscan por todos los medios, trabar el avance del estudio en el plenario, o bien oponiéndose a la aprobación.

“Ahora, lo que sí me llama la atención es el pedido con piolita que realiza Mario Abdo, con relación a que se otorgue su desafuero. Digo esto, porque si realmente uno quiere su desafuero y realmente buscas adherirte a los mandatos de la justicia, no tenés temor a ser investigado. Ahora, si yo digo que quiero el desafuero por una cuestión política, por una cuestión de populismo, o quiero el desafuero con piolita, mientras tanto quedarme escudado en mis fueros mientras mis amigos son juzgados; entonces hay otra cosa. Por eso, a mí me llama la atención, porque ahora sus aliados rechazan el desafuero”, acotó.

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La Contraloría Gene­ral de la República (CGR), encabezada por Camilo Benítez, pre­sentó ayer el plan estratégico para la implementación del Régimen Nacional de Inte­gridad, Transparencia y Pre­vención de la Corrupción que tiene como finalidad princi­pal impulsar la integridad pública y la transparencia gubernamental.

“La corrupción debe lucharse siempre con medidas repre­sivas, es decir, la Contraloría debe hacer su trabajo de audi­toría, la Fiscalía debe impu­tar y perseguir penalmente a los corruptos mientras que el Poder Judicial debe enviar a la cárcel a las personas que cometen actos de corrup­ción. Esta medida no se puede suplantar con ninguna otra y es importante que se poten­cie”, sostuvo Benítez.

Asimismo, el titular del órgano extrapoder acotó: “Esto no es la única manera de luchar contra la corrup­ción, hay otras maneras pre­ventivas que tiene que ver con la promoción de políticas de integridad y con criterios de transparencia que es reque­rido a las autoridades”.

El plan estratégico surge en el marco de la ley promulgada el pasado mes de diciembre que instituye a la Contraloría como el órgano de prevención de la corrupción teniendo presente su independencia constitucional, así como su alcance a nivel nacional.

“Este flagelo no tiene color, desconoce las barreras tem­porales, los límites territoria­les y desafía todas las herra­mientas tecnológicas que podamos presentar para fre­narla, se requiere el esfuerzo de todos los actores. Nosotros hoy ratificamos como Con­greso Nacional nuestro com­promiso de luchar contra la corrupción y la impunidad, nuestro compromiso con la transparencia”, mencionó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Por su parte, la titular de la Unidad de Gestión de la Pre­sidencia de la República, Marianna Saldívar, respaldó las declaraciones del parla­mentario sosteniendo que “la corrupción es un problema que ningún poder del Estado puede atacar solo, esto es algo que requiere no de una política de gobierno, sino de Estado”.

La Comisión de Presupuesto de Diputados, encabezada por Cristina Villalba, aconseja al pleno de la cámara aprobar el proyecto de la reforma del Tren de Cercanía. La propuesta remitida por el Poder Ejecutivo ya cuenta con media sanción del Senado y figura como uno de los principales puntos a ser analizados en la última sesión prevista para el próximo martes 17 de diciembre.

El documento se encuentra en el punto 6 del orden del día. También aconsejan la aprobación para su posterior promulgación o veto, las comisiones asesoras de Asuntos Económicos y Financieros, de Legislación y Codificación, de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, de Energía y Minería y de Entes Binacionales Hidroeléctricos que recomienda, por un lado, la aprobación y por el otro, el rechazo.

La iniciativa remitida por el gobierno de Santiago Peña trata de un tren eléctrico que cubriría un tramo de 43 kilómetros, uniendo las ciudades de Asunción e Ypacaraí, utilizando la vía histórica del ferrocarril Carlos Antonio López.

El proyecto establece una franja de dominio de 14 metros en ambos lados de la vía, requiriendo una inversión aproximada de USD 600 millones para la ejecución. La propuesta promovida por el Ministerio de Obras Públicas, plantea que la obra sea encarada a través de una licitación pública internacional, facilitando, a su vez, la participación de empresas paraguayas.

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También el proyecto del Ejecutivo que plantea crear el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional (RUN), fue evaluado por la comisión de presupuesto. Con respecto a este punto se emitió un dictamen aconsejando aceptar la versión Senado en su cuarto trámite constitucional.

La Cámara de Senadores había aceptado los cambios introducidos por los diputados, ratificándose en los artículos 122 y 126. El artículo 122 dispone que no podrá expedirse otro certificado de condición de dominio sobre el mismo inmueble y titular durante todo el plazo de vigencia.

Mientras que el artículo 126 menciona que la inscripción del título sin certificado de condición de dominio no perjudica la seguridad jurídica, ya que los registros públicos analizarán la inscripción una vez ingresada, emitiéndose una nota negativa en caso de corresponder el rechazo.

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La Contraloría General de la República (CGR) detectó que el gobierno de Mario Abdo Benítez entregó fondos a la oenegé Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) para la realización de cursos y talleres, pero no existen datos sobre la existencia o realización de estos. En apenas un año, el 2021, la administración de Carla Bacigalupo al frente del Ministerio del Trabajo entregó más de G. 32.783 millones a organizaciones sin fines de lucro.

Un informe reciente de la Contralo­ría General de la República (CGR) revela un preocupante cúmulo de irregularidades en la admi­nistración de fondos públi­cos por parte del Ministe­rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), durante la administración de Carla Bacigalupo, puesta al frente de la institución por el expresidente Mario Abdo Benítez.

Las falencias en los con­troles internos, la falta de transparencia y los manejos cuestionables de millona­rios convenios con entida­des sin fines de lucro, como el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), dibujan un pano­rama de grave ineficiencia y presunta negligencia en el uso de recursos estatales.

Entre los hallazgos más graves, la CGR señala que el MTESS transfirió al CIRD G. 1.789 millones (casi USD 250.000) para la ejecución de 18 cursos de capacitación en diversos departamen­tos del país. Sin embargo, no se encontró un desglose detallado de los costos aso­ciados, lo que imposibilita verificar la razonabilidad y sostenibilidad de estas acti­vidades. Esta falta de trans­parencia incumple las dis­posiciones legales vigentes, como el artículo 7.° de la Ley n.º 6672/21, que exige un riguroso control sobre los recursos públicos.

Pero esto es solo la punta del iceberg. Otro conve­nio otorgado al CIRD, por G. 124 millones, contem­plaba la realización de cinco talleres, de los cua­les solo se ejecutaron tres. Peor aún, no se presenta­ron evidencias documen­tales básicas, como listas de participantes o fotogra­fías de las actividades. Este incumplimiento refleja una ausencia total de con­trol por parte del ministe­rio, que parece operar bajo una lógica de complacencia ante la falta de rendición de cuentas.

La CGR también denun­ció el desembolso de G. 239 millones para asesorías a micro, pequeñas y media­nas empresas (mipymes), cuya ejecución no pudo ser verificada. Los listados de empresas supuestamente beneficiadas carecían de información básica, como direcciones o números de contacto, lo que hace imposible determinar si el dinero cumplió su propósito. Este episodio evi­dencia no solo negligencia, sino una preocupante per­misividad en la gestión de fondos públicos.

Otra situación alarmante involucra a la organización La Victoria, que recibió G. 1.132 millones para reali­zar 20 capacitaciones. Sin embargo, tampoco se pre­sentó información deta­llada sobre los costos ni se justificaron las erogacio­nes realizadas. La falta de informes de razonabilidad presupuestaria va en contra de las normativas que regu­lan la ejecución de recursos estatales, dejando en evi­dencia un patrón repetitivo de descontrol.

Lo que agrava aún más la situación es el contexto en el que se desarrollan estos convenios. A lo largo de la última década, el CIRD ha manejado proyectos con el MTESS, que suman un total de G. 67.501 millo­nes, de los cuales alrede­dor del 86 % fueron adju­dicados durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Si a esto se suman los contra­tos otorgados a la Federa­ción de Entidades Vecina­les del Paraguay (Fedem), el monto total asciende a G. 68.801 millones, cerca de USD 10 millones. Estas cifras siderales demandan un escrutinio exhaustivo, especialmente conside­rando las deficiencias recu­rrentes en la rendición de cuentas y el control de estos fondos.

El informe de la Contralo­ría no deja lugar a dudas: el MTESS, durante la admi­nistración de Bacigalupo, falló sistemáticamente en su deber de garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públi­cos. Desde la falta de eva­luaciones detalladas hasta la aceptación de informes incompletos y la omisión de controles básicos, las irre­gularidades son alarman­tes y revelan una gestión ineficaz e irresponsable.

El impacto de estas fallas no es menor. Cada gua­raní mal administrado representa una oportuni­dad perdida para mejorar las condiciones labora­les, fomentar el empleo y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas del país. La falta de planifica­ción y control en los conve­nios denunciados no solo compromete la confianza en las instituciones, sino que también perpetúa un modelo de gestión donde la opacidad y la improvisación son la norma.

Es imprescindible que el MTESS asuma su respon­sabilidad y adopte medi­das urgentes para corre­gir estas prácticas. Esto incluye la implementación de controles más rigurosos, la exigencia de rendiciones de cuentas claras y detalla­das, y la sanción a quienes incumplan sus deberes. Asimismo, el Poder Legis­lativo y la sociedad civil deben exigir una fiscali­zación más estricta de los fondos públicos, especial­mente en sectores tan crí­ticos como el laboral.

Lo que está en juego no es solo el uso eficiente del presupuesto nacional, sino también la credibilidad de las instituciones y la posi­bilidad de construir un sis­tema más justo y transpa­rente. Los hallazgos de la CGR son un llamado de atención que no puede ser ignorado.