Las empresas y organizaciones privadas también juegan un papel fundamental en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Es por ello que la tendencia mundial apunta a responsabilizar directamente a las personas jurídicas, además de las personas físicas, de la detección de riesgos materiales y de la denuncia de los ilícitos cometidos. Así lo expresó la profesora Jennifer Arlen, directora del Centro de Derecho, Economía y Organización de la Universidad de Nueva York, durante la conferencia virtual realizada a través del Instituto BCP.
En su exposición, Arlen reflexionó que las empresas cuentan con una perspectiva ideal para detectar conductas indebidas al interior de sus organizaciones, de modo de proporcionar información material y precisa al Gobierno, facilitando así la investigación de hechos punibles.
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Por ello, las nuevas legislaciones tienden a determinar que las empresas, como personas jurídicas, son también responsables si omiten informaciones y no cooperan, al tiempo de establecer incentivos como acuerdos de enjuiciamiento diferido y sanciones atenuadas cuando lo hacen.
“Las empresas deben estar seguras de que les irá mejor si autodenuncian, cooperan y buscan los remedios legales, entendiéndose la cooperación como una investigación a fondo para determinar el alcance de todas las conductas indebidas; obtener pruebas, identificar a los culpables y compartir la información con los fiscales. Se busca la aplicación de la ley; es decir, el pago de la restitución y disciplinar a los infractores”, enfatizó la catedrática.
A su turno, el profesor Geoffrey P. Miller, director del Centro de Instituciones Financieras de la Universidad de Nueva York, comentó la presentación de la profesora Arlen y enfatizó la importancia de los programas y sistemas de cumplimiento interno en las organizaciones, de cuyo buen funcionamiento depende la prevención de hechos punibles en origen, incluidos los de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La conferencia, que se inscribe en los esfuerzos de capacitación permanente en materia antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo del Banco Central, contó igualmente con la participación como invitado de honor de su excelencia Luis María Benítez Riera, ministro de la Corte Suprema de Justicia, quien brindó una nota de contexto sobre el sistema penal paraguayo para luego exponer sobre la nueva vertiente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, destacando el trabajo de jóvenes académicos que se encuentran investigando tal innovación. El evento estuvo moderado por el miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay, Fernando Filártiga.
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