Los exrepresentantes de la agrupación política Frente Guasu niegan que hayan firmado un préstamo con la entidad bancaria ueno Bank. A través de un comunicado a la opinión pública, refieren que las firmas que aparecen en los pagarés no les corresponden. De acuerdo con los documentos, figuran como codeudores Carlos Filizzola, Aida Robles y Óscar Rojas.

El abogado Ricardo Preda, representante legal de ueno bank, la semana pasada había indicado que la deuda de la concertación Frente Guasu, es por valor de G. 2.021.219.253 correspondientes al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022. Esta deuda se había generado cuando la entidad bancaria era Financiera ueno S.A.E.C.A.

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“El 23 de junio de 2023, fuimos demandados por la entonces Financiera ueno, hoy ueno Bank, por una supuesta deuda de G. 2.021.219.253. Según la entidad, el monto resulta de la reestructuración de un crédito anterior con la firma Credicentro, absorbida por la primera. Aclaramos que no hemos tramitado con la entidad financiera ueno, hoy ueno Bank”, refiere el texto publicado.

Así mismo, se menciona en el comunicado que, las firmas en el pagaré no les corresponde, que la fecha de certificación de las firmas en el pagaré difiere de la fecha indicada en el mismo. Además, señalan que en la fecha de las supuestas firmas en la solicitud, el pagaré y la liquidación del crédito, Carlos Filizzola ya no ocupaba el cargo de presidente de la concertación Frente Guasu.

También piden a la entidad bancaria el mayor control al momento de otorgar este tipo de créditos. El comunicado está firmado por Carlos Filizzola, Aida Robles y Oscar Dario Rojas.

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El abogado Ricardo Preda, representante legal de ueno bank, explicó cuál es la situación de la deuda de la concertación Frente Guasu, por valor de G. 2.021.219.253 correspondientes al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022. Esta deuda se había generado cuando la entidad bancaria era Financiera ueno S.A.E.C.A.

“Efectivamente hay una deuda de la concertación Frente Guasu y la codeudoría de tres personas físicas con ueno bank y en su momento, cuando aún tenía la denominación de Financiera ueno se había promovido una acción ejecutiva en junio del año 2023″, explicó Preda en entrevista a la 1020 AM.

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Refirió que “en esa acción ejecutiva, los demandados, las personas físicas son Carlos Filizzola, Aida Robles y Óscar Rojas”, sin embargo, estas tres personas se presentaron a plantear una “excepción de falsedad” y negaron que las firmas consignadas en un pagaré en febrero del 2022 les pertenezcan.

“Entonces, en función a eso yo recibí la instrucción del banco de formular una denuncia penal para que esto se esclarezca y se determine que efectivamente esas firmas son falsas o no. Si son falsas, buscaremos a los responsables de haber creado ese documento”, mencionó.

En contrapartida, el abogado resaltó que “la certificación de firma por una escribana pública no son documentos simplemente, sí certificación de firma, si eventualmente estas firmas no les corresponden a estas personas, también hay la intervención de una escribana pública”.

Esta denuncia está en el Ministerio Público para aclarar el caso de la negación de las firmas. “Lo cierto y lo concreto es que la deuda no ha sido negada por nadie, simplemente es la firma en el documento que, entiendo yo, se niega. Nosotros queremos que esto se esclarezca en función a la gravedad de sucesos de todo esto”, sentenció Preda.

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Luego de la denuncia por una supuesta millonaria apropiación por parte Anadelia Acosta, ahora exfuncionaria de la Cámara de Diputados, desde la Administración Nacional de Electricidad (Ande) señalaron que existe actualmente una deficiencia en el sistema de pago de indemnizaciones que se realiza a través de entidades bancarias.

“Nosotros estamos conmocionados y simplemente esto nos lleva a la siguiente reflexión, estamos en situación de vulnerabilidad de instrumentos públicos en primer lugar, y en segundo lugar de una vulnerabilidad atribuible al banco que debe efectivizar los cheques”, expresó Nelson Medina, asesor jurídico de la Ande.

En este sentido, señaló que la institución no realiza estos pagos abonando en efectivo a ninguna persona, tampoco se emiten cheques al portador, lo que permitiría reducir el margen de que terceros se apropien de dinero que no les corresponde, tal y como sucedió aparentemente con Acosta, quien se habría quedado con parte de los G. 800 millones que pagó la Ande a una familia vulnerable.

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“En todos los casos nosotros hemos emitido un cheque nominal, en el que se consigna de forma clara y contundente la identidad del beneficiario y lleva una leyenda con mayúscula y negritas con el término no transferible. Si el beneficiario no quiere percibirlo en ventanilla, se deposita a una cuenta que tenga a su nombre”, explicó.

No obstante, Medina indicó que el principal problema radica en que los beneficiarios confían en terceras personas y le entregan un poder mediante el cual realizan gestiones, motivo por el que es difícil para la Ande determinar de primera mano si el dinero llegó realmente a las personas que tenía como destino.

“Nosotros no podemos anticipar el desenlace en ese tipo de situaciones, sin embargo, ayer el presidente de la Ande sacó una resolución que dispone que tratándose de pagos administrativos, solamente se va a entregar en propias manos en nuestra sede central y si no puede trasladarse esa persona, porque siempre son personas del interior, vamos a trasladarnos con todo nuestro equipo para que ese cheque llegue a manos del beneficiario”, indicó a la 1080 AM.

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El Estado honrará su histórica deuda con la entidad previsional, que son alrededor de 590 millones de dólares, según Jorge Brítez.

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) dispuso la realización de un estudio georreferenciado de sus propiedades a fin de revalorizarlas y actualizar el costo de las rentas, informó el doctor Jorge Brítez, titular del ente. Afirmó que al Departamento de Inmuebles le sobrepasa manejar los alquileres en el sector.

“Nosotros ahora estamos haciendo un estudio georreferenciado de cada inmueble y vamos a valorizar, tasar los inmuebles y ver todas las rentas de acuerdo al valor del inmueble”, señaló en entrevista en Unicanal. En cuanto a la situación financiera y la cuenta que la institución mantiene con proveedores, Brítez comentó que también se realizó una actualización de datos que fue evaluado en plenaria del consejo. “Estuvimos haciendo unos análisis y tenemos más de tres billones de guaraníes en licitaciones solamente para medicamentos, insumos y materiales para laboratorio”, manifestó. En este punto, manifestó que existen buenas perspectivas con el Ministerio de Economía y Finanzas y “más temprano que tarde vamos a tener buenas noticias”, el Estado honrará su histórica deuda con la entidad previsional. “Haciendo un cálculo, la famosa deuda histórica del Estado son de 590 millones de dólares por ahí”, detalló.

Consultado sobre el motivo por el cual no se inician acciones legales que posibiliten obligar al Estado a depositar esos fondos, el presidente respondió que actualmente hay un diálogo sobre el tema con las autoridades. “Yo mantuve conversaciones con el ministro de Economía al respecto, pero en forma todavía superficial. Me dijo que hay intenciones, que busquemos las alternativas. Hasta se habló de unos bonos perpetuos donde uno pueda cobrar intereses. Es decir, en forma muy superficial todavía se está hablando”, puntualizó.

El médico mencionó que el Ministerio de Economía también está en una situación similar al IPS “y se están acomodando todavía”. “Se está mejorando la recaudación, nosotros también estamos haciendo lo mismo. Pero de todas formas pienso de que tenemos que cambiar la Carta Orgánica del instituto, es una carta de 70 a 80 años, desde que se fundó el IPS”, expresó.