Paraguay se encuentra en pleno proceso para someterse a una Evaluación Mutua (EM) ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en la que el país debe defender los avances en materia de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT) ante sus pares o países miembros.

Para entender cómo se está llevando a cabo el proceso y cuáles serían las implicancias para el país en caso de no aprobar, La Nación conversó con Carlos Arregui Romero, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), institución a cargo junto con otras para el cumplimiento de los objetivos.

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El mismo señaló que la evaluación es sumamente importante, ya que los mismos países que componen el grupo regional son quienes examinarán y validarán las políticas que desarrolla el país, tanto en sus fortalezas como en sus defectos. Y que el elemento es de suma relevancia, atendiendo a las características propias del ilícito de lavado de activos y su componente trasnacional.

“Esto determinará principalmente la inclusión o no en listas internacionales elaboradas por el Gafilat, a fin de poner en conocimiento de los países miembros cuáles son las jurisdicciones consideradas de ‘alto riesgo’ por no cumplir con sus recomendaciones, o bien cuáles están siendo objeto de un seguimiento especial por aplicar deficientemente dichas recomendaciones en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, expresó Arregui.

Agregó que naturalmente incidirá de forma directa en la posibilidad de realizar transacciones financieras internacionales, incluyendo el mantenimiento de corresponsalías bancarias, el envío y la recepción de pagos, la constitución de seguros por parte de empresas multinacionales, y la realización de transacciones en el ámbito del mercado de valores internacionales, entre otros.

Por lo tanto, una evaluación satisfactoria resulta de vital importancia para la vida económica-financiera, ya que el proceso permite al país analizado, integrarse a la red global de GAFI y recibir una calificación de aval. Dicha calificación le permite demostrar que su sistema es efectivo en la prevención y represión de los delitos mencionados.

En caso de aprobar el proceso de Evaluación Mutua, Paraguay proyectaría una imagen país que generaría confianza para la inversión tanto local como extranjera, originándose de esta manera oportunidades positivas.

Esto se traduciría en mayores beneficios y menores costos de gestión, creando un efecto en cadena que a la larga redituaría en la creación de nuevas fuentes de trabajo y el fortalecimiento de las que ya se encuentran activas.

Así también, habrá un mejor relacionamiento con los países pares, mayor solidez para lograr otros objetivos trazados como el grado de inversión, la organización para la cooperación y el desarrollo económico, entre otros.

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En cuanto a las implicancias de no pasar la evaluación, Paraguay sería catalogado como un país no cooperante en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, escenario en el que además de tener que impulsar planes y programas de mucha rigidez para salir nuevamente de la lista, impactará negativa y directamente en muchos aspectos.

Es así que un mal resultado reducirá la calificación de riesgo soberano y obstaculizará el desarrollo país, ya que podría darse un encarecimiento generalizado de los servicios financieros, primas de pólizas de seguro, envío de remesas, entre otros, argumentó el titular de Seprelad.

“Lo que queremos que se entienda es que la evaluación no es solo a los organismos, esto es una causa nacional, porque toda la población paraguaya se vería afectada con nuevas limitaciones que encarecerían el costo de vida”, precisó Arregui.