Los sectores gastronómicos, hoteleros, turísticos y de eventos esperan que el Congreso Nacional apruebe sus principales peticiones de manera urgente y de esa manera evitar una catástrofe en estos rubros que han sido golpeados tremendamente por las medidas impuestas por el Gobierno Nacional en su búsqueda de frenar el avance del COVID-19.
El primero de ellos es el pago diferenciado a IPS del aporte obrero/patronal para no dejar desprotegida a la gente y seguir formalizando empresas. Además, solicitan la extensión de la Ley de Emergencia hasta marzo del 2021 como mínino para seguir protegiendo el empleo formal y el cambio transitorio del 1,5% del aporte a IPS actualmente destinado a Senepa para combatir el paludismo (enfermedad erradicada del país).
Estos requerimientos actualmente se encuentran en el Congreso Nacional para su aprobación o rechazo, según señaló Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay. “La semana pasada estábamos con este mismo proyecto de ley, pero no fue tratado. Hoy está en el punto 20, veremos si llegan a tratar. Son propuestas nuestras que venimos trabajando con varios gremios, así como consultamos con el Ministerio de Trabajo al igual que Industria para no cometer errores”, sostuvo.
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En el caso de que se siga dilatando su aprobación, mencionó van a buscar por todos los medios que el Congreso no se vaya de vacaciones hasta tratar todos los puntos. “Seguimos estando perjudicados. Uno de los problemas es que todo lo previsto por el Gobierno era para el 2020. Nosotros necesitamos que se extienda al 2021. Tenemos varias personas suspendidas hasta el 31 de diciembre”, expresó.
Al respecto, señaló que han conversado con el Ministerio de Trabajo para prorrogar las suspensiones hasta marzo del 2021, pero no garantizan el subsidio del IPS. “Hay 20 millones de dólares que no se gastaron, tiene IPS, pero depende de que se extienda o se amplíe la ley por lo menos hasta marzo del 2021.
Mencionó que solamente en el rubro gastronómico este año perdieron su trabajo unas 10.000 personas y otras 25.000 están en riesgo. “Tenemos 10.500 personas en suspensión y si esta propuesta no se aprueba podrían quedar en la calle y será catastrófico. De suceder esto, muchas personas quedarán sin empleo e irá en contra de las empresas para ser indemnizadas, lo que causaría el quiebre de las empresas. Pedimos que aprueben las medidas. Vamos a exigirle al presidente que convoque a una extraordinaria de ser necesario”, sostuvo. Acotó que es más fácil convocar a 78 diputados y 40 senadores que tener 20.000 personas protestando frente al Palacio.
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