La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), en conjunto con estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Luque (UAL), llevaron adelante una encuesta con el fin de relevar la percepción de los consumidores sobre información de precios y promociones en comercios locales.

En este sentido, la medición realizada el pasado 19 de octubre reveló que más del 50 % de los consumidores tienen poca confianza en las promociones ofrecidas por los comercios. “Muchos consumidores enfrentan dificultades para encontrar precios en góndolas y estantes, afectando su decisión de compra.

Además, más del 95 % de los encuestados considera esencial tener precios visibles al momento de comprar. De acuerdo a lo que respondieron las personas consultadas, este inconveniente se registra con mayor índice en supermercados, tiendas de ropa y farmacias.

Lea también: Sigue prófugo el hombre que macheteó a su expareja y quemó su casa

Dentro de este estudio, también se realizan recomendaciones sobre estos dos inconvenientes detectados y entre ellos se encuentra la necesidad de una mejora en la transparencia en promociones y descuentos. “Los comerciantes deben cumplir con la ley a la hora de ofrecer promociones y descuentos de manera clara, evitando información engañosa que pueda vulnerar los intereses económicos de los consumidores”, señalan.

Igualmente aconsejan fortalecer la fiscalización sobre la visibilidad de los precios. “Es fundamental que Sedeco y otras autoridades competentes intensifiquen las acciones de control sobre los proveedores para asegurar el cumplimiento del derecho a la información clara y accesible sobre los precios”, argumentaron.

Por último, sugieren que se desarrollen campañas educativas con el fin de los diferentes segmentos de la sociedad, especialmente los jóvenes estén informados sobre sus derechos y sobre cómo ejercerlos efectivamente. El informe completo está disponible en el siguiente enlace.

Le puede interesar: Operativo Sudamericana: fiscal imputó a cinco personas por narcotráfico

El director del Sistema 911, Hernán Escobar, informó que el proceso de licitación para adquirir las tobilleras electrónicas está próximo a concluir y que en los próximas días, ya se definirá al proveedor de este servicio. Se prevé realizar una implementación gradual adquiriendo 20 tobilleras por mes y se estableció un tope de hasta 1.000 dispositivos.

“Hemos pedido una prórroga para poder esperar que la máxima autoridad esté de vuelta. El ministro Enrique Riera está por Buenos Aires y eso significa que el lunes vamos a estar informando cuál es la empresa ganadora de la licitación y una vez con eso, en 30 días empezar con la implementación de las tobilleras”, explicó a la 650 AM.

Asimismo, indicó que la oficina creada por la ley que regula el uso de las tobillera, está integrada por la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa Pública y la Fiscalía y es en este órgano en el que se está definiendo el protocolo de implementación de los dispositivos.

Lea también: Plantean redireccionar vehículos de la Senabico a sectores vulnerables

“La oficina ahora está trabajando en la reglamentación de la implementación y en el protocolo de reacción. Dentro de eso también se van a establecer los perímetros de seguridad, son muchas las aristas y eso se está trabajando en este protocolo, que es el secreto de la tobillera más que el propio equipo”, afirmó.

Escobar indicó que actualmente están en la fase final de evaluación de las empresas que compiten por prestar el servicio. En el marco de la licitación pública nacional se han hecho pruebas de los equipos presentados por los cinco oferentes y se evaluaron cerca de 30 puntos de modo a determinar cuál es el cumple con todas las especificaciones.

“Fuimos marcando qué cumplía y qué no en cada producto, terminada la prueba tenemos un informe y al regreso del ministro ya tendremos una oferta económica y parte del cumplimiento de cada equipo. La propia ley dice quiénes pueden ser beneficiarios de la medida y nosotros queremos apuntar a los hechos de violencia intrafamiliar”, recalcó.

Le puede interesar: Gobierno prepara agenda para próxima cumbre del Mercosur en Uruguay

El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.

El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.

Le puede interesar: Senado aprueba propuesta de modificación de varios artículos de la Ley de Mipymes

En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.

Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.

“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.

Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.

Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.

“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.

El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.

Siga informado con: Plantean redireccionar vehículos de la Senabico a sectores vulnerables

Cada vez están más en aumento el número de consumidores que se quejan ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) de que se realizan modificaciones en las tarifas y los clientes no reciben la notificación adecuada.

Es por eso que la Sedeco había presentado el pasado miércoles una solicitud formal a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para la modificación de los artículos 30 y 33 del decreto N° 6999/17, que regula la comunicación de cambios tarifarios en los servicios de telecomunicaciones.

Esto debido a que Sedeco ha recibido múltiples denuncias de usuarios afectados por modificaciones unilaterales en las tarifas de sus servicios, sin un aviso adecuado ni consentimiento previo. La notificación en medios masivos con plazos reducidos, según la entidad, vulnera lo dispuesto en la Ley N° 1334/98, que exige claridad, oportunidad y accesibilidad en la información sobre los contratos y sus cambios.

El decreto mencionado permite a las empresas de telefonía realizar aumentos en tarifas, siempre que las mismas sean “puestas a disposición del público” con una antelación de tan solo 72 horas, lo cual a juicio de la Sedeco resulta insuficiente e inadecuado para garantizar una correcta protección de los derechos de los consumidores.

Lea más: Estabilidad monetaria y energía renovable, atractivos que potencian a Paraguay según alemanes

De este modo, desde Sedeco se considera que la normativa actual no proporciona a los usuarios el tiempo necesario para evaluar los cambios o considerar opciones alternativas sin penalización, incurriendo de este modo en prácticas desleales que terminan vulnerando los derechos de los usuarios.

Ante esto, desde la Sedeco se propone un plazo mínimo de 15 a 30 días y que la modificación de tarifa y costos sean notificadas directamente y de manera personal a cada consumidor, para asegurar que los mismos puedan tomar decisiones informadas.

Sedeco también insta a Conatel a exigir a las empresas de telecomunicaciones a dejar de depender de manera exclusiva de publicaciones en medios masivos, especialmente los diarios. “Las empresas que envían promociones directamente a los usuarios pueden y deben informar de la misma manera sobre aumentos tarifarios”, afirmaron.

Lea también: ¿Es factible el tren aéreo en Paraguay? Aquí los fundamentos