El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que el aumento en la recaudación a través de la fusión de Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en USD 457 millones es un resultado esperado, pero mucho más rápido que lo proyectado inicialmente.

El hecho otorga tranquilidad para alcanzar a fin de año los planes de convergencia fiscal previstos. “Esta parte de los impuestos es fundamental para hacer frente a los gastos o los planes de Gobierno. Lógicamente, el hecho de estar recaudando esta suma, que es bastante importante, da un poco más de tranquilidad”, comentó.

El ministro estuvo en comunicación con el programa Arriba Hoy emitido por Canal GEN/970 y también señaló que la recaudación permitirá tener recursos para gastar en los sectores prioritarios como salud, educación, seguridad y transferencias sociales.

Sobre la optimización del gasto público, acotó que acciones como haber fusionado el Ministerio de Hacienda con la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de la Función Pública permitieron eliminar más de 80 cargos gerenciales que se tenían.

“El ahorro que se tiene en el rubro de salarios es de alrededor de 9 millones de dólares. Creemos que vamos en la dirección correcta a través de las fusiones de las entidades”, manifestó.

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Valdovinos remarcó que otra cuestión es la nueva ley de Compras Públicas, que será implementada entre el MEF, la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), y el Banco Central del Paraguay (BCP).

“Entre todos vamos a ser los encargados de la implementación que hará las compras públicas mucho más rápidas, eficientes, transparentes, y baratas”, agregó.

Expresó que estos son pasos graduales con los que se avanza en la dirección correcta y que permitirán que con los recursos que se dispongan tengamos más bienes.

Acerca de la creación de empleos, dijo que el Estado tiene que generar las condiciones adecuadas para que el sector privado pueda invertir. “De a poco está dando resultados todo lo que se está haciendo para demostrar al Paraguay como ese país que es previsible y tiene un esquema tributario competitivo”, puntualizó.

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Una de las noticias financieras importantes de la semana es que el miércoles la Cámara de Sena­dores sancionó una ley que per­mitirá al Poder Ejecutivo obtener présta­mos por 600 millones de dólares. Esta gran suma de dinero que gestionará esta admi­nistración es para pagar la deuda contraída irresponsablemente por el gobierno de Mario Abdo para hacer obras que no tenían financiamiento y pagar medicamentos. Es un clavo más que afrontan las autoridades actuales para compensar la mala actuación de los que se fueron, con todas las cargas financieras que pesan en el débito total oca­sionado por los irresponsables.

La ley autoriza la contratación de emprés­titos varios por un total de 600 millones de dólares norteamericanos. Otorga faculta­des al Ministerio de Economía y Finanzas para emitir y colocar títulos de la deuda del Tesoro de la Nación. Dichos papeles podrá comercializarlos en el mercado nacional como en el mercado internacional. Autoriza al Gobierno a firmar contratos de présta­mos con organismos financieros interna­cionales, multilaterales y de ayuda estatal.

La suma aludida será para cubrir la deuda del Estado con las empresas constructoras viales que asciende a 350 millones de dóla­res. Los 250 millones de dólares restantes serán destinados para pagar a las empresas farmacéuticas por compras de medicamen­tos. Todas son sumas que el gobierno ante­rior no pudo cubrir ni previó en su presu­puesto.

Algunos legisladores señalaron en el Senado que, en caso de detectarse irregu­laridades cometidas en estas obras, como lesión de confianza o enriquecimiento ilí­cito, se perseguirá a los indiciados como responsables para que no haya impunidad.

Entre las entidades beneficiadas con las construcciones realizadas en la adminis­tración que se fue el 15 de agosto está una empresa de propiedad del expresidente Mario Abdo, que durante los últimos años vio crecer extraordinariamente sus factu­raciones a las constructoras viales por sus servicios. Es un tema que en el mejor de los casos riñe con la ética y que tendría que ser investigado por el Ministerio Público, por si haya habido algún delito.

La prensa amiga de la administración anterior criticó la ley aprobada en el Senado el miércoles último diciendo que otorga polémicas atribuciones al Minis­terio de Economía, que tiene que hacer frente al delicado tema. No se acordó de la imprudencia cometida por los responsa­bles de contraer las deudas con las empre­sas vialeras y farmacéuticas sin haber pre­visto cómo pagarlas.

Cuando un Gobierno va a construir obras, las proyecta teniendo como financiador a organismos internacionales o bancos que ofrecen planes especiales, porque no hay plata local. Luego se hacen las licitaciones con pliegos de bases y condiciones esta­blecidos con anterioridad. Lo habitual, y prudente, no es hacer las obras sin saber cómo se las pagará ni de dónde saldrán los recursos, que es lo que hizo el grupo de Abdo.

No se puede reprochar la construcción de nuevos caminos, el asfaltado de las rutas rurales y las obras que ayudan a terminar el aislamiento físico de muchas localidades del interior del país. Es una tarea necesaria teniendo en cuenta los requerimientos cre­cientes de las poblaciones con dificultades de comunicación.

Pero son proyectos que se deben encarar de acuerdo con las normas vigentes y las prácticas de la buena administración, pre­viendo el financiamiento con antelación, con dinero a buen precio y en condiciones favorables. No realizar las construcciones sin saber de dónde ni cuándo sacar los fon­dos necesarios. Y menos sin tener idea de cuánto le costará al país, como ha ocurrido por la desprolijidad del último gobierno.

Una de las promesas que hicieron las auto­ridades actuales antes de asumir es pagar la enorme deuda a las empresas constructoras dejadas por las que se fueron. Y en menos de 90 días de su gestión ya tiene la ley que per­mitirá obtener los fondos para cubrirla.

A pesar de las críticas escuchadas contra la ley que permitirá conseguir los fondos para pagar la deuda, es un paso crucial que se está dando ahora para poder estabili­zar a las empresas que dan trabajo a miles de paraguayos y están pagando los costos financieros. Es la mejor señal de que se está ante una administración política seria que quiere resolver los problemas y dar tran­quilidad a los que invierten en el país.

La comunidad de profesionales y expertos en Latinoamérica y el Caribe en gestión para Resultados en el Desarrollo (Coplac-GPRD), perteneciente al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reconoció el trabajo que ha realizado en los últimos años el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Presupuesto (DGP).

El reconocimiento tuvo lugar en la octava edición del premio anual, correspondiente al año 2022, en Gestión para Resultados en el Desarrollo en la categoría “Planificación estratégica y Presupuesto por Resultados (PpR)”, donde Paraguay ocupa el primer lugar con el trabajo de rendición de cuentas por la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Desde la cartera económica buscan mantener informada a la ciudadanía mediante la web “Paraguay en Resultados”, que permite conocer la trazabilidad de los recursos para seguir el camino de la transparencia y fomentar la participación civil en el manejo de la cosa pública, también para que se conozca en dónde se invierte y a su vez realizar el seguimiento de las asignaciones.

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Hacienda obtuvo otro galardón por “Gestión por Resultados con enfoque de género”, ya que la cartera tiene como objetivo asociar los programas/proyectos y actividades del Presupuesto General de la Nación (PGN) que contribuyen a la reducción de brechas e igualdad de oportunidades, proveyendo información útil que sirve como insumo para la mejora de la gestión presupuestaria con enfoque de género y la toma de decisiones futuras.

Entre otros premios que menciona, en 2021, Hacienda obtuvo un premio por el trabajo de metodología de medición de la inversión en niños y adolescentes de Paraguay, en la categoría “Premio a experiencias en el nivel nacional”. En 2020, en la categoría de monitoreo y evaluación con la “Metodología para la vinculación del Presupuesto General de la Nación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

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El nuevo representante del Ministerio de Hacienda ante la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Carlos Augusto Liseras, habló acerca de cómo se encuentra la institución actualmente y cuáles son las áreas que se deben reforzar.

Además, recordó la importancia de la Conajzar por ser un ente recaudador de una gran cantidad de dinero que va destinado a áreas de salud, educación y municipios, además de deportes. “Esta institución depende administrativamente de Hacienda. Es un ente que recauda muchos millones de guaraníes al mes y transfiere a salud, educación, municipios. Tenemos que ir mejorando su funcionamiento”, expresó Liseras a la 650 AM.

Con respecto a las funciones de la Conajzar, mencionó que en el Congreso de la Nación existe un proyecto de ley a los efectos de actualizar su competencia, ya que es un ente sin autonomía. “Existe un proyecto de ley para elevar la institución, para resolver cuestiones de su competencia”, indicó.

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Acerca de los reglamentos de los juegos de azar en Paraguay hizo hincapié en la vigente ley que establece las medidas correspondientes para proteger a los menores de edad ante los juegos, pero especialmente las máquinas tragamonedas. “Hay una ley en vigencia que establece las medidas de protección a los menores de edad ante la influencia de las máquinas tragamonedas, eso está en proceso de reglamentación. Tenemos que intervenir en esto con mucha fuerza”, dijo Liseras.

Por otro lado, expuso que como existe un proceso de transición aún por el nuevo gobierno, su equipo está trabajando en un corte administrativo para saber cómo se deja la casa. “Estamos pidiendo informes a todas las dependencias, accediendo a las informaciones, en el proceso de corte administrativo”, remarcó.

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