La construcción de la primera ruta de pavimento rígido en Paraguay, en el tramo de la Ruta PY05 que conecta Pozo Colorado con Concepción, se encuentra en fase inicial. Algunos de los preparativos incluyen la instalación de campamentos y los estudios técnicos previos a la intervención con las maquinarias, según precisaron desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Esta etapa consta de instalar servicios básicos y la construcción de infraestructuras necesarias para comenzar la obra. Mientras se alista el terreno, una tarea fundamental es la ejecución de calicatas, excavaciones que permiten evaluar las condiciones de los materiales existentes.

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Además, se están efectuando ensayos de materiales en las canteras que proveerán los recursos para el pavimento, con el fin de garantizar que los materiales cumplan con los estándares de calidad exigidos. También se están realizando trabajos de topografía para ajustar a las características del terreno y se llevan a cabo tareas de mantenimiento en la pista.

Respecto a las infraestructuras de los campamentos, se trabaja en la preparación de las bases para oficinas, talleres y viviendas, así como en la construcción de un tajamar para el reservorio de agua, que servirá para abastecer las necesidades de la obra.

La iniciativa contempla un total de 90,2 kilómetros de pavimento rígido, distribuidos en dos lotes. El Lote A, que abarca 53,3 km, está a cargo del Consorcio Avanza Chaco, compuesto por Tecnoedil S.A. Constructora, Ocho S.A. y Construpar S.A. El Lote B, de 36,2 km, será ejecutado por Ecomipa S.A. El plazo de ejecución para ambos lotes es de 20 meses a partir de la orden de inicio.

La inversión de la obra es de aproximadamente USD 78 millones, y es financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Este proyecto cumple con la Ley 5.841/17, que establece el uso obligatorio de pavimentos rígidos en obras viales.

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La normativa busca garantizar infraestructuras más duraderas, seguras y de mayor calidad, al mismo tiempo que promueve el uso de materia prima nacional, lo que fomenta la generación de empleos directos e indirectos en el sector.

El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció ayer miércoles que intervendrá diariamente en el mercado cambiario con USD 15 millones para contener la volatilidad del dólar, moneda que está a punto de alcanzar los G. 8.000 en casas de cambio. Para el analista económico Daniel Correa, se trata de una estrategia de la banca matriz para dar tranquilidad a los agentes económicos y evitar una escalada especulativa en el dólar.

Correa señaló al programa “Así son las cosas”, emitido por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, que la presión actual en el tipo de cambio responde a un incremento en las importaciones y una menor oferta de divisas debido a la caída en las exportaciones, principalmente de la soja. Sin embargo, señaló que el aumento de la demanda de bienes importados sugiere una dinámica positiva en la actividad comercial.

“Estamos viendo que las importaciones están creciendo. Crecen porque también se está empezando a demandar un mayor volumen de bienes importados, eso implica que, en cierta medida, se está teniendo una dinámica positiva”, explicó el especialista, este jueves, en comunicación con Nación Media.

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Agregó que el desafío del BCP es diferenciar entre la demanda producida por factores económicos y aquella que es provocada por cuestiones especulativas. “Cuando el BCP toma esta decisión, lo que está tratando de hacer es transmitir tranquilidad al agente que piensa que el dólar va a seguir subiendo y que proveerá la cantidad de dólares necesaria en caso de que haya una demanda adicional”, afirmó.

El analista refirió que la banca matriz venía interviniendo en el mercado con un promedio diario de USD 5 millones, pero que a partir de ahora triplicará su intervención para contrarrestar la incertidumbre de los actores económicos que pronostican nuevas subas y se refugian en el dólar. Asimismo, Correa apeló a una intervención prudente ya que la venta de dólares implica la absorción de guaraníes del mercado, lo que puede tener un impacto en la liquidez del sistema financiero y desacelerar la actividad económica.

“Esos guaraníes pueden terminar saliendo del mercado y por eso, de alguna manera, este tipo de situaciones tiene su contracara. Si bien puede estabilizar el dólar, también puede quitar dinámica en la actividad económica que estamos viendo que hoy está teniendo un crecimiento positivo”, concluyó a través de pantallas de GEN.

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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) procedió a la incautación de varias maquinarias agrícolas en la zona de Canindeyú durante un control rutinario y derivadas hasta la base central en la ciudad de Asunción.

En conversación con el programa “Dos en la ciudad”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el jefe operativo de la DNIT, Martín Cáceres, explicó que desde hace meses se encuentran realizando controles a camiones que transportan maquinarias pesadas, en especial de uso agrícola, para corroborar si las mismas cuentan con las documentaciones legales que avalen el ingreso al país de contrabando.

“En el último operativo logramos incautar de una retroexcavadora y una sembradora que eran transportadas desde la zona de Amambay hasta Canindeyú, donde durante una barrera de control los funcionarios se percataron de que estos vehículos no contaban con documentación que avale que fueron nacionalizados, ni tampoco una cédula verde para confirmar su legalidad”, explicó Cáceres.

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El funcionario destacó que el costo de estas maquinarias incautadas oscilaría entre los 1.500 millones de guaraníes, recordando que en lo que va del año ya han incautado vehículos y maquinarias similares por un valor aproximado de 7.000 millones de guaraníes, todos por carecer de documentos identificatorios y que continúan en la base de la DNIT porque nadie los ha reclamado.

“Cuando se dan este tipo de incautaciones, lo que hacemos es notificar a las autoridades correspondientes para que se abra un sumario para la investigación de la procedencia de los mismos y que también quienes sean propietarios puedan acercar los documentos en caso de que los tengan para que se les sea devuelto. Queremos recordar a los propietarios u operarios que este tipo de vehículos debe contar con documentos porque es igual que cualquier otro vehículo”, subrayó el jefe operativo.

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de la unidad de Proyectos Defensa Costera y Puentes, socializó cómo se está trabajando en la segunda etapa de la construcción de la Costanera de Pilar, con una inversión total de G. 422.586 millones. Durante la exposición, explicaron la metodología de trabajo y se respondieron consultas sobre la futura infraestructura.

Al respecto, el director de Defensa Costera y Puentes, Víctor Olmedo, habló con La Nación/Nación Media y precisó que de momento ya se pagó un anticipo del 10 % a la empresa contratista (en base al monto total) para avanzar con la etapa de fiscalización. Esta etapa consta de la implementación de un sistema de desagüe pluvial y cloacal para toda la ciudad, incluyendo la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

“Todos los trabajos, de al menos los últimos 3 meses, estaban en revisión para hacer ajustes. Ya se hicieron los levantamientos correspondientes al levantamiento topográfico completo de la ciudad y la muestra del tipo de suelo”, señaló Olmedo a LN.

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Olmedo recordó que, al tratarse de un proyecto multifase, que consta de tres etapas, la principal, el proceso de obras/construcción, ya finalizó. La actual tiene un periodo máximo de ejecución de 24 meses, y la etapa de mantenimiento (fase C) estaría terminada entre marzo y abril de 2027.

Respecto al impacto económico que esto trae tanto en la zona como en el departamento, el jefe de Puentes dijo que durante la fase B se generarán aproximadamente 600 empleos directos, beneficiando a los pobladores de Pilar y dinamizando sectores como el comercio y los servicios.

Además, con estas mejoras se logrará encauzar y tratar adecuadamente las aguas servidas antes de su disposición final en el río Paraguay, además de prevenir inundaciones y mejorar las condiciones sanitarias de aproximadamente 34.000 habitantes.

La segunda etapa del proyecto del MOPC fue adjudicada al Consorcio Sanitario Ñeembucú, compuesto por las empresas Benito Roggio e Hijos S.A., Constructora Heisecke S.A. y LT S.A.

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