En su última reunión, el Equipo Económico Nacional (EEN) liderado por el Ministerio de Hacienda evaluó el proceso de recuperación de la actividad económica, destacando las medidas implementadas en el contexto de la pandemia por el COVID-19.
En la ocasión, los integrantes del EEN remarcaron el escenario económico del presente año y las proyecciones para el 2021. Así también, resaltaron los indicadores de corto plazo que muestran un repunte de la actividad, con lo que se estima una contracción menos severa, en línea con el proceso de flexibilización de las medidas restrictivas implementadas por el Gobierno. Se analizó asimismo los resultados de la recaudación tributaria.
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Por otro lado, el jefe del Equipo Económico Nacional y ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, expresó que el trabajo coordinado de los integrantes ha sido fundamental para enfrentar los desafíos de la pandemia. Mencionó la importancia de continuar con la implementación conjunta del plan de reactivación económica Ñapu’ã Paraguay.
Recordemos que el Equipo Económico está compuesto por los ministros de Hacienda (jefe), de Obras Públicas y Comunicaciones, de Industria y Comercio, de Agricultura y Ganadería, de la Secretaría Técnica de Planificación. Forman parte también el jefe del Gabinete Civil y secretario general de la Presidencia de la República y el presidente del Banco Central del Paraguay. La Secretaría Ejecutiva está a cargo de la viceministra de Economía del Ministerio de Hacienda, Carmen Marín.
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Caso agua tónica: Tribunal de apelación confirmó condena a Patricia Samudio
El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.
Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución.
Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.
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Corte IDH constató trabajos realizados en favor de la comunidad Yakye Axa
La delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) visitó la comunidad Yakye Axa. El juez Rodrigo Mudrovitsch destacó los trabajos hechos por el Estado paraguayo que permitieron a las familias contar con tierras alternativas, servicios básicos garantizados y un camino de acceso de todo tiempo, que anteriormente no tenían.
“Hoy podemos visitar a la comunidad en sus tierras alternativas y no en la orilla de la ruta, donde permanecieron durante años”, expresó el vicepresidente de la Corte IHD, quien encabeza la comitiva. El magistrado recordó la visita realizada en 2017, cuando la condición de las familias de Yakye Axa era muy precaria.
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Señaló que en aquella ocasión la situación no había variado desde la emisión de la sentencia, debido a que sus miembros continuaban viviendo en condiciones muy precarias y peligrosas, recordó el juez Mudrovitsch. Señaló que en esa ocasión, solo pudieron recorrer el primero de los tres tramos de acceso a las tierras alternativas, sin embargo, hoy lo hicieron en la totalidad del camino, destacó.
Importancia de los caminos
Mudrovitsch destacó que este camino de acceso es fundamental, puesto que la aceptación de las tierras alternativas por la comunidad Yakye Axa estuvo condicionada a su construcción y destacó que se observan algunas diferencias con relación a la situación constatada con anterioridad.
El presidente del Instituto Paraguayo del Indígena, Juan Ramón Benegas, resaltó que el Estado paraguayo está realizando un trabajo interinstitucional, comprometido con hacer llegar los beneficios a las comunidades.
La actual visita de la CIDH tiene como propósito escuchar y verificar “con ojos propios” tanto las preocupaciones de la comunidad como los esfuerzos impulsados por el Estado en los aspectos pendientes de implementación de la sentencia.
La visita permite supervisar la implementación de medidas, contrastar la realidad e identificar las circunstancias que están obstaculizando el pleno cumplimiento de las medidas de reparación pendientes. Asimismo, establecer compromisos concretos para el cumplimiento total de las reparaciones, explicó el juez Mudrovitsch.
La delegación de la Corte IDH concluirá este jueves sus visitas a las aldeas indígenas y para el viernes tiene previsto reunirse con ministros de la Corte Suprema de Justicia, el procurador General de la República, entre otras audiencias en el marco de su misión al país que concluye ese día.
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Nenecho Rodríguez: “Me imputan por hacer mi trabajo”
“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.
“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.
“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.
El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.
También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.
También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.
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Evitaron ejecución de garantía de USD 88 millones
Paraguay logró recuperar USD 3,4 millones del mecanismo Covax, que fueron abonados para la compra de vacunas contra el covid-19 durante la pandemia. Con este logro, Paraguay evitó el pago de una garantía contractual millonaria que fue firmada por el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Esto marca un capítulo cerrado con el mecanismo, ya nosotros no podemos reclamarle nada, ni ellos pueden hacerlo y eso es un gran logro porque el exministro (de Hacienda) había firmado una garantía por USD 88 millones”, señaló a la 650 AM Marco Aurelio González, procurador general de la República.
De acuerdo a lo que explicó, nuestro país había hecho un depósito de USD 6,5 millones y se había comprometido a comprar 3 millones de dosis, pero solo recibió 700.000, lo que representa casi USD 1 millón. Paraguay tenía a su favor USD 5.600.000 y se inició una misión encabezada por el Ministerio de Salud para recuperar ese dinero.
“Pedimos la devolución y ellos decían que nosotros nos comprometimos a comprar las vacunas, que nos comprometimos a pagar las vacunas por más de que no recibamos, firmamos una garantía y nos decían que esa plata debía quedar retenida y además debíamos pagar una tasa de USD 180.000″, relató.
ACOMPAÑAMIENTO DE INSTITUCIONES
El procurador indicó que en esta tarea acompañaron al Ministerio de Salud la Presidencia de la República, la asesoría jurídica del Poder Ejecutivo y la Procuraduría, que lograron que recupere parte del dinero abonado y evitaron que Paraguay tenga que realizar pagos adicionales al mecanismo.
Desde setiembre del año pasado, se escucharon propuestas que se hicieron a nuestro país y luego de un profundo análisis se optó por la opción que ya fue comunicada oficialmente el lunes 22 de julio.
“Esta fue la última propuesta del mecanismo y nosotros estábamos en la disyuntiva de aceptar o tener que ir a arbitraje después de todas las negociaciones. El costo del arbitraje es alrededor de USD 1,5 millones, sin contar peritos y otros costos que pudieran derivarse. Era tener la plata hoy o ir a arbitraje y pagar un monto sideral, estábamos empatados”, manifestó el procurador.
González indicó que con esta propuesta no se corría el riesgo de perder eventualmente la demanda, lo que conllevaba perder la totalidad del dinero abonado e incluso asumir otros gastos.
“Medidos la probabilidad de éxito y el riesgo que teníamos terminamos aceptando la propuesta, lo que implica un reconocimiento de la legitimación del derecho de Paraguay porque se han percibido gran parte del dinero depositado”, concluyó.