El viceministro de Tributación, Óscar Orué, anunció que está impulsando un decreto que reglamente las actividades de servicios para el régimen de zonas francas.
Esta propuesta será analizada en el Consejo Nacional de Zonas Francas que preside, y que además evalúa la posibilidad de gestionar un acuerdo con el Brasil a través de la Cancillería Nacional para las exportaciones que se realizan desde las zonas francas de Paraguay.
Orué dijo que promoverá el régimen para abrir mercados, no solamente lo relacionado con la industria y el comercio, sino también lo que respecta a servicios. “Al respecto, estamos impulsando un decreto que reglamente las actividades de servicios para el régimen de zonas francas”, expresó.
Varios regímenes
El país tiene varios regímenes que benefician a inversionistas como aranceles bajos, tasas de impuestos bajas, mano de obra, entre otros. “Queremos mostrar que hoy en día Paraguay es una vidriera, más todavía con las leyes de transparencia internacional y el convenio de asistencia mutua le da la posibilidad de ser un lugar donde puedan venir a invertir”, significó.
Estos anuncios fueron hechos en el marco de una reunión con representantes de Ciudad del Este y de la que también participaron el director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas, Roque González; el presidente de la Zona Franca Global, Pedro Céspedes; el presidente de Zona Franca Trans Trade, Óscar Samudio, y empresarios representantes de los usuarios de las zonas francas.
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Ejecutivo reglamenta ley para indemnizar a excombatientes del 2 y 3 de febrero
El Ejecutivo promulgó hoy lunes el decreto reglamentario de la Ley N° 7081/23, que establece un régimen de indemnización para los soldados que participaron en la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989.
De acuerdo con los datos, alcanzaría a 1.400 personas y demandaría un monto superior a los G. 104.000 millones. Este decreto es un paso para reconocer y compensar a aquellos que estuvieron directamente involucrados en estos eventos históricos. A cada soldado que participó en esos días libertarios le correspondería unos G. 73 millones en promedio.
Los antecedentes señalan que el Congreso Nacional había sancionado este proyecto el 12 de abril del año pasado. El 25 de setiembre de 2023, el Poder ejecutivo había promulgado este régimen de indemnización de los soldados conscriptos que prestaron servicio durante la gesta libertaria de febrero del año 1989.
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Con esta reglamentación, se definen los procedimientos para la tramitación y evaluación de las solicitudes, así como los mecanismos de control de la documentación requerida. El proceso de revisión cuenta con la intervención del Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y la Procuraduría General de la República, quienes velarán por el cumplimiento riguroso de lo establecido en la ley.
Además, el decreto impone un carácter de “falta grave” a cualquier acción u omisión por parte de funcionarios públicos que busquen alterar información relevante para el otorgamiento de estas indemnizaciones. Esta medida busca garantizar la transparencia y la integridad del proceso, protegiendo así los derechos de los beneficiarios.
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Exportaciones de maquila registran crecimiento del 6%
Las exportaciones nacionales bajo el Régimen de Maquila han experimentado un crecimiento del 6% al cierre de julio de 2024, alcanzando un impresionante total de más de USD 618 millones. Este aumento no solo supera los 581 millones de dólares registrados en el mismo período del año pasado, sino que también refleja una tendencia alcista continua para el sector.
El último informe del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras (Cnime), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), revela que los envíos en julio ascendieron a USD 105 millones, marcando un incremento del 18% en comparación con el mismo mes de 2023. Este repunte es el más significativo desde julio de 2022 y ha contribuido a la consolidación de un valor global creciente para el sector.
El informe detalla que el 81% de las exportaciones bajo el régimen de maquila se concentraron en cuatro sectores principales. Las autopartes lideran con un 28% de participación, seguidas por confecciones (19%), productos alimenticios (14%) y aluminios y plásticos (13%). Esta diversificación resalta la vital importancia del sector maquilador para la economía paraguaya, ya que representa el 68% de las exportaciones de manufacturas industriales del país.
En los primeros siete meses de 2024, el 77% de las exportaciones maquiladoras se destinaron a países del Mercosur. Brasil se mantiene como el principal destino, con una participación del 63%, mientras que Argentina sigue en segundo lugar con un 10%. Países Bajos y Estados Unidos también figuran entre los destinos destacados, con un 5% cada uno. Además, el Régimen de Maquila ha logrado abrir 14 nuevos mercados globales en el último año, lo que augura un dinamismo aún mayor para el sector en los próximos años.
Los nuevos mercados han incorporado una variedad de productos, incluyendo etanol, biodiésel, tripas, fibra sintética para hormigón, coco rallado y gelatinas. Esta diversificación está alineada con la estrategia del gobierno de ampliar destinos y productos exportados desde Paraguay, fortaleciendo así la presencia internacional del sector maquilador.
El sector de maquila ha generado un impacto positivo en el empleo, con un aumento del 4% en los últimos 12 meses, alcanzando un total de 26.909 empleos hasta julio de 2024. Solo en el mes de julio se crearon 369 nuevos puestos de trabajo. Los principales sectores de empleo incluyen confecciones, textiles, autopartes y plásticos, que emplean al 71% de la mano de obra del segmento.
El 90% de las empresas maquiladoras están ubicadas en los departamentos de Alto Paraná (47%), Central (28%), Capital (8%) y Amambay (7%). Las importaciones de las industrias maquiladoras sumaron 332 millones de dólares, un incremento del 14% respecto al periodo anterior. Con exportaciones superando en un 86% a las importaciones, la balanza comercial del sector continúa siendo positiva para Paraguay.
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Autoridades acuerdan con camioneros y se suspende la huelga
Tras la reunión de la mesa tripartita entre el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Carga Nacional e Internacional, la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), y el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social se dispuso la suspensión de la huelga de camioneros prevista para este martes 20 de agosto a fin de exigir el cumplimiento de la ley que establece el precio referencial del flete. Según informaron, se está cerca de llegar a “un acuerdo” para beneficiar la logística en el país y garantizar la continuidad del transporte.
La medida de fuerza fue suspendida hasta el 10 de setiembre, aunque se espera llegar próximamente a un acuerdo para desactivar definitivamente la huelga, según explicó a la prensa el viceministro de Trabajo, César Segovia. De ahí que, por medio de la mesa tripartita, se pretende avanzar en una solución favorable para el sector de transporte y el productivo, asegurando el funcionamiento de la cadena logística en el país.
Desde el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Carga Nacional e Internacional se venía reclamando por la falta cumplimiento del decreto 5.791/21, que se creó para la elaboración del precio referencial del flete (carta flete) y denunciaban que las empresas que contratan sus servicios se valen de la poca claridad de la norma para intentar pagar sumas mínimas por sus servicios y sacar provecho en perjuicio de los transportistas.
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“Si bien no se pueden establecer costos mínimos, sabemos que es necesario establecer el costo referencial y ese punto vamos a estar conversando con el sector productivo, las transportadoras y camioneros, lo que seguramente va a permitir que antes del 10 de setiembre pueda lograrse el levantamiento total de la medida de fuerza”, expresó el viceministro de Trabajo.
Segovia puso énfasis en el compromiso del Gobierno en dialogar hasta encontrar una respuesta favorable a la problemática, atendiendo la vigencia de la normativa que estable la obligatoriedad de la utilización de la carta flete, donde se establecen a la vez costos referenciales. “El transporte de carga es fundamental por toda la logística que mueve. Lo ideal es encontrar una solución y no llegar a la medida de fuerza”, señaló.
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Nueva reglamentación de ley de compras públicas corrige lagunas y establece reglas claras
El pasado 1 de agosto, el Poder Ejecutivo firmó el decreto que reglamenta la ley 7.021 “de suministros y compras públicas”, el cual incorpora parámetros claros para dar seguridad jurídica, tanto a los oferentes como al Estado, explicó Óscar Lovera, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“A lo que apuntamos sobre todo en este proceso es a que las reglas sean claras, que todos los actores, en este caso los que son proveedores del Estado como las convocantes tengan reglas claras y no haya controversias al momento de un proceso de licitación y al ejecutar un contrato firmado”, detalló.
Lovera indicó que este decreto corrige ciertos aspectos de la anterior reglamentación que fue emitida el última día del gobierno de Mario de Abdo, es decir, el 14 de agosto del 2023. De acuerdo a lo expuesto, en dicho documento había ciertas lagunas y criterios que no estaban bien delimitados respecto a la intervención que debían tener los diferentes actores.
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“Es un paso más adelante de lo que era la anterior ley 2.051, una ley de compras públicas que solamente se enfocaba en el proceso de gestión de las compras y donde el rector era la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Ahora tenemos una visión de cadena de lo que es el suministro público y el sistema nacional de compras públicas”, sostuvo.
De esta forma, la nueva ley parte desde la planificación, es decir, desde la programación de compras, prevé todo el proceso de adquisición de los bienes y servicios sobre el cual hay un registro y posteriormente se realiza una evaluación a los efectos de determinar si el proceso fue eficiente, si logró cubrir las necesidades que estaban determinadas que ese era el bien y servicio que se debía adquirir.
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Incorporaciones
Algunos aspectos que introduce la ley 7.021 es la incorporación de las pequeñas y medianas empresas (Mipymes) al proceso a los efectos de incentivar su participación como proveedoras del Estado, señaló Lovera, quien añadió que entendían que era insuficiente lo que estaba previsto y por eso se profundizó en este sentido, en un trabajo en conjunto con el Viceministerio de Mipymes y otros sectores para que existan reglas claras.
“En lo que hace a los demás proveedores, hemos hecho algunas precisiones para que el proceso en lo que hace a consorcios y a la terminación de los contratos, para que tengan una claridad definida porque en la anterior reglamentación había cuestiones ambiguas que no daban seguridad jurídica a los oferentes respecto a cómo podía impactar una situación”, refirió a la 1080 AM.