En esta edición de Mano a mano de La Nación abordamos la economía y las finanzas del Paraguay a futuro, en exclusiva con el ministro de Hacienda, Benigno María López Benítez. Ante su virtual salida de la cartera económica y su nominación para la vicepresidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), analizamos los logros, los desafíos, la administración de pasivos, la reprimarización de la economía, el plan Ñapu’a Paraguay, además de su visión de Paraguay a futuro.

Lo que yo creo es que pudimos enfrentar con fortaleza y políticas sensatas años muy difíciles. El año pasado con una situación climática adversa y severa; el plan anticíclico nos dio 8 meses de crecimiento y parecía que todo estaba encaminado para un buen 2020. Sin embargo, la pandemia destruyó todas las expectativas. Hemos decretado un plan sensato de emergencia ante esta situación inédita. Ese plan hoy está funcionando en todas sus aristas.

El sistema de salud pública hoy está más fortalecido de lo que estaba en marzo. Hemos llegado a los sectores vulnerables a través de Pytyvõ de manera eficiente y rápida. Adquiriendo a la vez mucha información a través de esta alianza con el sector privado, para hacerlo de manera tecnológica. Fogapy, que era desconocido al inicio de la pandemia y que había otorgado 32 créditos en toda su historia, hoy está llegando a 17.000.

Pudimos financiar el funcionamiento del Estado. Si bien va a seguir siendo duro esto, vamos a seguir teniendo gente que va a quedar atrás. Habrá incremento en la tasa de desempleo y en la caída de los ingresos. No obstante, comparativamente hablando, tendremos la mejor performance de la región. Hemos conseguido aprobar una reforma tributaria después de 27 años. La calificación de riesgo de Paraguay se mantuvo estable pese a la pandemia global. La salida de esta crisis está englobada en el plan Ñapu’a Paraguay.

Los efectos pospandemia los tenemos que enfrentar de manera responsable. Ñapu’a Paraguay apunta a crear empleos, proteger empleos y a generar un paquete importante de inversión pública y de inversión privada a través de la banca, las APP y la construcción de viviendas de forma masiva. Esto apunta a resolver un problema que fue clave y doloroso en la pandemia, que es la informalidad. El plan pretende incentivar al sector informal a que se formalice.

La reforma estructural por el lado del gasto es donde creemos que está el verdadero desafío. El incorporar una ley de la función pública y el servicio civil que apunte a la meritocracia. Una nueva forma de hacer las compras públicas que apunte a la eficiencia y a costo más efectivo. Además, la reciente aprobación del proyecto de administración de pasivos permitirá a Paraguay ser más previsor a la hora de ir mirando sus vencimientos. La ley de Superintendencia de Pensiones es clave para regular un sector que no está controlado.

La reforma de la educación y la salud está prevista presentarse el año que viene. Yo creo que si todo lo mencionado se lleva adelante en estos tres años tendríamos un país más ordenado, que va a crecer de manera más inclusiva, que dará desarrollo y bienestar a la gente.

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Yo parto primero agradeciendo al Congreso por haberla aprobado. Es una ley que aún no dimensionamos el impacto que va a tener, es una ley de extrema necesidad para el Paraguay, desde el momento de decisión de salir a los mercados internacionales y usar la emisión de bonos como instrumento de fomento de la inversión pública y el impacto que tienen estas inversiones en la conectividad paraguaya.

Dejo claro que la deuda sigue siendo la misma, no aumenta, lo que se cambia es el instrumento, que es accesorio a la deuda. Se establece que el cambio tiene que ser siempre favorable al Paraguay conforme a la ley. Esto va a permitir que en un determinado momento nos beneficiemos con tasas más bajas y generar ahorro en el pago de intereses. Nos permitirá tener previsibilidad a la hora de los vencimientos.

Los procesos de administración de pasivos no son obligatorios, sino son voluntarios, prever lo que va a pasar en el 2023 es clave para la economía paraguaya. Esta herramienta no implica, como se cree erróneamente, que es un cheque en blanco, una autorización para endeudar al país más de lo que está, sino que es un instrumento justamente para administrar esa deuda. Es una cuestión exclusivamente administrativa que recae dentro de las atribuciones constitucionales del presidente de la República.

La deuda que ya se autorizó es la que se permite que sea administrada. No se permite asumir otra deuda más. Si bien se pueden emitir nuevos títulos, son dentro de la autorización que ya está. Esta ley es un paso adelante en la institucionalidad fiscal del Paraguay.

Yo creo que eso es parte de un debate más grande de cómo vamos diversificando nuestra economía. El sector primario sigue siendo importante, nos ha sacado de este atolladero, que está funcionando, incluso en un año muy complicado. Tenemos que hacer énfasis en las políticas que apunten a la diversificación de la matriz productiva y de mayor industrialización de Paraguay, para darle valor agregado a lo que hacemos.

No creo que sea una vuelta atrás, pero tiene que servirnos para reflexionar y ver cómo podemos generar sinergia en este desafío enorme. Creo que el sector primario sigue siendo importante, pero tenemos que diversificarlo y esto debe estar dentro de una gran discusión, que hace a la matriz productiva y a la matriz tributaria. Tenemos una presión tributaria baja y tenemos que ir pensando cómo vamos a satisfacer y cómo vamos a distribuir también la obligación de manera más equitativa.

Si bien el sector servicios representar el 40% del PIB, hubo ya una diversificación que debemos profundizar a través de la elaboración de los incentivos correctos para que estos mecanismos funcionen. Una parte importante de la diversificación se dio en el sector de la construcción. Hoy nos salvó el sector primario, el sector de la construcción y el sector eléctrico, pero habrá un impacto importante en el sector servicios, no todo es color de rosa.

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Paraguay tiene todo para salir adelante de este problema. El camino es claro. Nosotros hemos tomado el desafío de una reforma estructural a través de la mejora en la calidad del gasto. Creo que si hacemos eso y seguimos trabajando de manera responsable, porque lo que se logró en este tiempo, una responsabilidad fiscal y una reforma monetaria, un pacto importante en la inversión de obras públicas, son bienes que hay que mantener.

Nos faltan los indicadores de eficiencia, efectividad, responsabilidad y transparencia. Paraguay está condenado a seguir estando bien. En esta situación de dificultad tiene todo el espacio. Si llega una segunda ola de la pandemia vamos a estar preparados para generar el financiamiento necesario para hacerle frente. Tenemos espacio para mejorar la calidad del gasto, para financiar este desafío. La matriz tributaria una vez resuelto el problema del gasto se llegará a hablar de un pacto social tributario para financiar todo lo que puede costar la pandemia.

No, yo no me siento incomprendido, yo creo que es la función del ministro de Hacienda. No conozco un ministro de Hacienda que sea comprendido. Administrar escasos recursos y recaudar del lado del sector privado y poner límites en cuanto a los gastos no es una tarea que generalmente se comprenda. Se comprende después seguramente. El tiempo valorará si se hizo bien o no. Vamos a estar pendientes del juzgamiento de la historia.

Todos somos humanos, por tanto falibles; seguramente me he equivocado millón de veces, pero siempre pensando que lo que hacemos es para el bien del país y a su gente.

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Cientos de campesinos llegaron a Asunción desde diferentes puntos del país para reclamar sus derechos y dialogar con autoridades del Gobierno, por la mañana de este martes. Los labriegos piden la condonación de las deudas y un plan de reactivación económica, además de la recuperación de tierras malhabidas y el acceso a la tierra para la reforma agraria integral.

Luego de convocarse en la plaza Uruguaya, los agricultores llegaron al Congreso Nacional, tras pasar frente al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), además del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). También se sumaron grupos de indígenas que acompañan los reclamos de los labriegos, unidos a integrantes de asentamientos ubicados en distintos puntos del país.

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Los campesinos están agrupados en la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y en la Articulación Campesina Indígena y Popular (ACIP), y solicitan la condonación de las deudas que aumentaron a causa de la pandemia por COVID-19 y la crisis económica.

Son más de 1.500 campesinos que se encuentran en las plazas frente al Congreso, cuyas calles adyacentes se encuentran clausuradas al tráfico vehicular. Además, los agricultores se encuentran movilizados en 10 departamentos del país realizando cortes de ruta en puntos específicos.

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Asimismo, marcharon pobladores de distintos asentamientos que solicitan que no se recorte el presupuesto para el Ministerio de Urbanismo y Vivienda (MUVH), específicamente para el Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis), que son los recursos para la construcción de viviendas para sectores vulnerables. El Congreso solicitó el recorte del 35% para el presupuesto que los afectará.

Alrededor del mediodía se desarrolla una cumbre de poderes solicitada por las organizaciones de campesinos junto a representantes del Poder Legislativo, que acordaron recepcionar y tratar sus reclamos.

Desde Itapúa, Guairá, San Pedro y Central llegaron los labriegos al centro de Asunción para movilizarse por sus derechos. En el lugar se registra una aglomeración importante debido a que muchas personas no utilizan tapabocas o comparten rondas de tereré. Incluso entre adultos mayores que se encuentran movilizados en el sitio al igual que adolescentes y niños.

Un paquete de acciones económicas para sectores que siguen afectados por las medidas restrictivas por el COVID-19 se dio a conocer este lunes desde el Palacio de Gobierno. Como parte de las disposiciones, se informó que hoy inicia el pago del subsidio Pytyvõ 2.0 para trabajadores informales inscriptos al programa.

Igualmente se anunciaron otras medidas paliativas para los sectores de hotelería, turismo y eventos, cuyas actividades siguen pausadas por la pandemia.

Desde la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), el viceministro Óscar Orué dio a conocer sendos decretos, uno de ellos establece la reducción del IVA del 10% al 5%, que tendrá vigencia hasta junio del 2021 y beneficiará aparte de los gastronómicos a los sectores: eventos y turismo.

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“En el otro decreto se establece un régimen excepcional para contribuyentes que tienen determinaciones impositivas o tienen ya casos judicializados. A los efectos de establecer una tasa de interés del 0%. Entonces, son casos en los cuales al contribuyente se le aplicó una determinación impositiva con las multas correspondientes. Esos contribuyentes pueden acercarse y pueden financiar sin interés”, puntualizó Orué en conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno.

A su vez, el titular del Banco Nacional de Fomento (BNF), Carlos Florentín, informó que en el marco de la cuarentena social el ente actualizó sus programas de créditos y fortalecerá su estructura para atender a la gente. Para ello habilitará una ventanilla especial de atención a los sectores de evento, gastronomía, hotelería y turismo. Esto debido a la gran demanda que existe, a lo que se pretende dar un trato preferencial a sus pedidos, conforme explicó.

“Adicionalmente estamos prolongando el tiempo de nuestros productos de zonas fronterizas y condiciones especiales de créditos para setiembre y octubre. Y estamos fortaleciendo las sucursales con funcionarios”, dijo. El BNF también pone a disposición una línea especial de crédito con fondo de G. 100.000 millones, a tasas reducidas (7%) con un plazo de un año, postergable por 12 meses más para estos sectores.

En tanto desde la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), que administra el Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy), se anunció la ampliación de la línea de garantía especial de emergencia económica que ya se está ejecutando desde hace cuatro meses.

En este contexto, se incorporará dentro de los beneficiarios de esta garantía especial a las grandes empresas, siempre y cuando sus actividades estén enmarcadas dentro de lo que son los rubros de gastronomía, turismo, hotelería y eventos.

El Fogapy apoyará con estas garantías. Hasta el momento la ejecución llegó al 52% del total asignado a unas 39 entidades que están trabajando en el Fogapy. Queda pendiente de utilización 1,3 billones aproximadamente. De este total G. 350.000 millones es el monto de garantía que se estaría destinando a los sectores mencionados.

Los créditos a ser garantizados podrán llegar hasta G. 500.000 millones, con una tasa de interés del 10% como máximo. La cobertura de la garantía de los créditos llega al 70%.

Por último, desde la Ande se otorgará el beneficio del diferimiento del pago del consumo de energía eléctrica por tres meses y posterior refinanciación por un período de 18 meses sin intereses. Será aplicable a facturas vencidas de setiembre, octubre y noviembre. Para esta línea de acción se habilitará un período de registros. Es decir las empresas que van a recibir estos beneficios van a tener que inscribirse a través del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que habilitará una plataforma especial.

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El proyecto de ley del programa Pytyvõ 2.0, con media sanción del Senado, priorizará a trabajadores informales de ciudades fronterizas, entre ellas Ciudad del Este, que nuevamente es sometida a medidas restrictivas en su actividad comercial tras decretarse el retroceso a una cuarentena casi total.

Esta nueva versión del plan de transferencia monetaria establece que se podrán realizar hasta cuatro pagos a trabajadores no cotizantes. En el caso de Pytyvõ, en su primera fase, quienes hayan recibido algunos de los dos primeros pagos deberán inscribirse como contribuyentes de Tributación, como una forma de impulsar su formalización.

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Para el financiamiento del programa se utilizará el remanente del fondo social de la Ley de Emergencia, que asciende a unos US$ 95 millones, sumados a otros US$ 45 millones de los US$ 514 millones reservados para el Ministerio de Salud Pública, dentro de la mencionada legislación.

Tras el pedido de celeridad en el tratamiento en el Congreso Nacional, hecho por el ministro de Hacienda, Benigno López, se prevé que esta mañana se reúna en sesión extraordinaria la Cámara de Diputados, a fin de sancionar la ley y remitirla cuanto antes al poder Ejecutivo para su promulgación.

La idea es contar cuanto antes con la autorización del uso de estos fondos de modo a iniciar los desembolsos en los próximos diez días a más tardar, de acuerdo a lo afirmado por el titular de la cartera fiscal. Se prevén cuatro pagos de G. 500.000 cada uno, a aproximadamente 770.000 trabajadores informales afectados por las medidas de cierre de fronteras. Es así que el subsidio estatal tendrá cobertura hasta el mes de noviembre.

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