Gran parte de las instituciones públicas acatan el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021 que fue elaborado por el Ministerio de Hacienda y que actualmente está en proceso de defensa de parte de los ministros ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, explicó la directora de Política Macrofiscal, Viviana Casco.
Comentó que algunas instituciones han solicitado algún tipo de variación o aumento, pero aclaró que el presupuesto tiene un techo y mas que esos recursos no existen. Casco explicó que el PGN 2021 contempla un total de G. 85,7 billones, es una de las pocas ocasiones que se entrega un plan de gasto menor con relación al vigente (G. 86,3 billones), ya que se acostumbró presentar un proyecto con ampliaciones de recursos.
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Explicó que el PGN 2021 prevé un déficit fiscal del 1,5% sobre el Producto Interno Bruto (PIB) así como explica la Ley de Responsabilidad (LRF), pero la intención desde el Ministerio de Hacienda es la de llegar al 4%. Ante la situación generada por la pandemia del COVID-19, este año Paraguay estima cerrar aproximadamente con un 7% de déficit fiscal, porcentaje jamás registrado en la historia del país, pero la misma ya está contemplada dentro de la Ley de Emergencia Sanitaria decretada en abril pasado.
Por su parte, el viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, explicó que mediante la LRF 2.0 se pretende disminuir gradualmente el déficit de tal manera a llegar en algún momento al 1,5% nuevamente. “Hasta el momento no tenemos aprobada por el Congreso Nacional la LRF 2.0 por lo que necesariamente debemos ajustarnos al 1,5%”, manifestó el subsecretario de Estado.
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El Gobierno dispuso un histórico blindaje del dinero para las universidades públicas
La gratuidad de la educación universitaria pública ha recibido el mayor blindaje posible con el decreto emitido el lunes 15 por el Gobierno. Los alumnos de tales casas de estudio tienen la seguridad jurídica que ninguna otra administración les ha ofrecido para dedicarse a la formación académica que corresponde sin ninguna carga monetaria.
El presidente Santiago Peña firmó el Decreto 1524 que reglamenta el Arancel Cero, con el que garantiza la gratuidad de la admisión y la concurrencia a las clases en todas las universidades públicas del país. El documento oficial establece el blindaje de los fondos y es una garantía para la continuidad del referido programa que afecta a los estudiantes universitarios de entidades nacionales.
El mandatario resumió la relevancia del documento emitido, resaltando que con él se va a proteger el bien tan preciado que es la educación. “Hoy el Arancel Cero tiene más fuerza, blindaje y garantías que nunca antes había tenido; juntos seguiremos haciendo el resurgir de nuestro país para que llegue a su destino de grandeza”, afirmó.
El referido decreto establece que serán considerados gastos prioritarios los créditos presupuestarios asignados en los términos de la Ley de Hambre Cero a las universidades públicas de la nación. Lo que quiere decir que la plata que se prevé en el presupuesto de la nación en la ley referida tendrá preferencia y estará primero que los fondos para otros destinos.
El dinero que se transferirá a las universidades no podrá ser inferior al 100 % de las solicitadas por las entidades, y tampoco será objeto de topes ni recortes presupuestarios. Esta disposición es única, pues habitualmente no se entrega todo el dinero solicitado por las entidades públicas al Tesoro de la nación, pues depende de las disponibilidades de la caja estatal.
Con relación a la ley de presupuesto que rige para este año, se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar las modificaciones que correspondan para incluir los recursos que demandará la aplicación del Arancel Cero.
Hay que resaltar que mediante las disposiciones tomadas por el Gobierno para fortalecer la aplicación del Arancel Cero se está dando la seguridad absoluta a los recursos que requiere. Pues con el blindaje anunciado se están protegiendo sobradamente los fondos que se necesitan para solventar los servicios de la educación terciaria. Lo que quiere decir, en términos prácticos, que los estudiantes de las universidades estatales no pagarán ningún servicio ni arancel para realizar sus actividades académicas, ya que el dinero previsto en el presupuesto para el efecto no se podrá tocar ni recibir otro destino. La ley habla de que los fondos provendrán de la Fuente 10, recursos del Tesoro, que es la caja grande que tiene el Estado para financiar sus principales actividades. El 85 % de los fondos de esa fuente proviene de los impuestos estatales, otra parte corresponde a los royalties de la Itaipú y una porción importante viene de transferencias de las empresas públicas, aranceles o comisiones que cobra el Estado. Lo que significa que habrá suficientes recursos para solventar las erogaciones para las universidades públicas.
Con las medidas adoptadas por el Gobierno, los estudiantes que se están movilizando para forzar la consecución de sus reclamos ya no tienen motivo para continuar con el paro. No tiene sentido seguir pidiendo cosas que ya se han obtenido y continuar con la medida de fuerza. Las autoridades nacionales han dispuesto las normas jurídicas y los recursos financieros para el Arancel Cero y todo lo que implica.
Altos exponentes del Gobierno demostraron su predisposición para conversar con los estudiantes para buscar el entendimiento. Falta ahora la actitud de la otra parte, que no debe proseguir con la medida de fuerza que perjudica a los que quieren estudiar. Ha llegado la hora de concertar un acuerdo que permita continuar con la normalidad de la vida estudiantil, que no consiste en peleas ni enfrentamientos estériles, sino en proseguir la vida académica con sus obligaciones y responsabilidades.
Los estudiantes de las universidades públicas deben considerar que tienen un gran compromiso con la ciudadanía. No tendrían que dar las espaldas a la gente que los beneficia con sus aportes para que puedan estudiar de manera gratuita. Más bien deben apoyarla con actitud positiva mediante su dedicación al estudio.
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La Ley de Hambre Cero garantiza la gratuidad de las universidades públicas
Un sector de los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) ha decidido continuar con el paro académico porque exigen que se mantenga el arancel cero en la institución. En algún momento también se ha sumado gente vinculada al Rectorado de la UNA, que sostiene la misma causa de los estudiantes movilizados. Esto a pesar de las disposiciones de la Ley 7264, más conocida como Ley de Hambre Cero, promulgada el viernes 5, en que se garantiza la gratuidad de los servicios que presta la alta casa de estudios, tal como venía ocurriendo con la norma anterior y de acuerdo con el pedido de los universitarios. Pero como a ciertos grupos políticos no siempre los guía la razón, la medida de fuerza en la UNA se está endureciendo, perjudicando a los estudiantes que necesitan concurrir a sus facultades para sus actividades académicas. Y lo peor, piden derogar la ley que garantiza la alimentación gratuita a 1.300.000 escolares del país, en cuyos artículos está la disposición del arancel cero para la mencionada universidad. Una estupidez difícil de entender en gente que debería manejarse por el razonamiento lógico.
Para desalentar cualquier malentendido y buscar la normalidad, el Poder Ejecutivo dio a conocer un comunicado el domingo 7 en el que se consigna que en dicha ley se prevé y se garantiza el arancel cero del que hablan los estudiantes. Pero, como hay que seguir haciendo ruido sin importar sus consecuencias académicas y sociales, el paro sigue en pie.
El documento oficial señala que “el Gobierno del Paraguay comunica a los estudiantes universitarios y a la ciudadanía en general, que el Arancel Cero está plenamente garantizado y blindado. Es una conquista de la educación superior que se consolida con la asignación del financiamiento del Tesoro público para su cumplimiento irrestricto, que otorgará a través de los impuestos las partidas anuales correspondientes”.
El documento señala que el Gobierno nacional está comprometido con la educación en todos sus niveles. Por ello asegura: “Seguiremos generando espacios de diálogo e instrumentos de mejora para una educación superior de acceso más equitativo y de calidad para todos nuestros estudiantes”.
Sería bueno que los estudiantes de la UNA y los medios que cuestionan al Gobierno por establecer la gratuidad de la educación terciaria pública examinen lo que dice la ley para informarse y no hacer el ridículo.
En el artículo 9 de la Ley 7264 promulgada el viernes último, la norma que afecta a las universidades públicas queda así: “Acápite: Que establece la gratuidad de cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas del país, en el Instituto Superior de Bellas Artes, en el Instituto Nacional de Educación Superior, en institutos de formación docente dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias y en el Instituto Nacional de Salud”.
En el siguiente párrafo señala de dónde saldrán los recursos monetarios para financiar el arancel cero establecido más arriba: “Del Financiamiento de la gratuidad: Los créditos presupuestarios necesarios para garantizar el cumplimiento de la presente ley serán financiados con Fuente de Financiamiento 10 - Recursos del Tesoro. Dichos recursos serán blindados y no podrán ser disminuidos ni reprogramados”.
La Ley de Hambre Cero en las Escuelas que está en plena vigencia a pesar de los que no la conocen, establece que continúa vigente la gratuidad de los servicios académicos de la UNA y otras dependencias públicas. Con claridad menciona de dónde saldrá el dinero, de Fuente 10 - Recursos del Tesoro, que es la parte de los fondos estatales que provienen de los impuestos con que se paga también el salario de los funcionarios. Añade que ese dinero tendrá un blindaje que impedirá disminuirlo o reprogramarlo, con lo cual se le da total seguridad.
Por consiguiente, sostener lo contrario no solo es falso, sino una gran mentira, en el sentido de querer hacer creer a los demás lo que no es verdad. Y, como insinúa el ministro de Educación y Ciencias, parece demostrar que detrás de esa campaña existe un interés político bien determinado.
Lo que está claramente establecido en la Ley de Hambre Cero es que no se cobrarán gravámenes por los servicios académicos de la educación terciaria dependiente del Estado paraguayo. Hablar y actuar desconociendo esa realidad es un grave error que no se puede aceptar.
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Políticas públicas sostenidas en el tiempo deben ayudar al dinamismo
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, fue auspicioso y cauteloso a la vez al presentar los indicadores económicos que posicionan al país con un buen dinamismo, ya que señaló que no debe considerarse como una garantía a largo plazo. Los números alentadores deberán ser acompañados de políticas públicas sostenidas en el tiempo, remarcó.
“Creemos que durante el primer semestre de este año se tendrá muy buen dinamismo económico, que deberá ser acompañado con una serie de políticas públicas, porque este buen momento no es garantía para el futuro”, expresó tras una reunión del Equipo Económico Nacional (EEN) con el presidente de la República, Santiago Peña, en la víspera.
El resumen de los indicadores económicos es que el 2023 tuvo un crecimiento de 4,7 %, por encima de la expectativa que era de 4,5 %, así también un incremento en el desempeño económico interanual de 5,5% para el indicador de actividad económica.
CONSUMO Y CRÉDITOS
Con relación a los números del consumo, destacó al indicador de confianza del consumidor que sigue manteniéndose en terreno positivo. “Tenemos igualmente las recaudaciones tributarias que, si bien hay una parte que deriva de un mejor control y por mayor eficiencia, también refleja mayor actividad económica”, agregó el ministro.
Asimismo, el crecimiento experimentado en los créditos, tanto en moneda local como extranjera, están con un aumento de 10 % y 12 %, respectivamente. Es así que son diversos indicadores que estuvieron analizando en conjunto, los cuales demuestran que la economía tiene un buen momento y que incluso el dinamismo estuvo acelerando en los últimos meses, detalló.
MEDIDAS A CONTINUAR
Respecto a las medidas que deben ser enfatizadas, el titular de la cartera económica citó la continuidad de la normalización de la política monetaria, la cual permitirá bajar la tasa de interés, así como la ejecución de obras públicas y mejorar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas al crédito, entre otras.
Los números presentados se basan en los reportes del Banco Central del Paraguay (BCP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), los cuales evidencian el buen dinamismo económico del país, según el ente de las finanzas.
MOPC logró una ejecución histórica, destacó ministra
Se reactivaron las obras y hubo un movimiento interno de cuantificación y registro de las deudas y expedientes trabados.
La titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, destacó que la cartera de Estado logró una histórica ejecución presupuestaria y de obras en el periodo de gobierno que asumió el 15 de agosto del año pasado. Aseguró que el ministerio logró la ejecución más alta en estos últimos meses. “De agosto de 2023 a marzo de 2024, el Ministerio de Obras, y acá resalto también el Ministerio de Economía, ha hecho la ejecución presupuestaria más alta de su historia. Eso significa haber generado. Hemos reactivado todas las obras y generado un movimiento interno de cuantificación y registro de todas las deudas y expedientes que estaban trabados sin resolución en todo este periodo de tiempo”, acotó al programa “Arriba hoy”, de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Indicó que esto se pudo lograr con el apoyo del presidente de la República, Santiago Peña, y el Ministerio de Economía y Finanzas. “Los números son históricos y los mayores ejecutados presupuestariamente dentro de una gestión y esto es gracias, primero, al respaldo y la indicación del presidente de la República y un trabajo coordinado con el ministro de Economía que ha dispuesto los fondos para que podamos lograr estas metas”, destacó.
Dijo que en diciembre de 2023 el Ministerio de Obras cerró con un récord histórico, que es “básicamente el esfuerzo de haber adelantado toda la deuda, toda la gestión de expedientes posibles que había en el ministerio a esa fecha para poder obligar en el periodo 2023″. Mientras tanto, en los dos primeros meses de este año no se registraron mayores movimientos, ya que el presupuesto general no está aún habilitado.
“En enero y febrero el presupuesto no estaba todavía habilitado, se ha privilegiado el pago de deudas. En enero nosotros, normalmente la administración, salvo aquellos gastos urgentes, no tenemos obligaciones, eso no significa que no hay trabajo, las máquinas y las tareas en obras estaban y están en plena ejecución. También trabajamos muy de cerca con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”, explicó.
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Productores porcinos piden políticas públicas ante bonanza económica
- Por Melissa Palacios
- melissa.palacios@nacionmedia.com
La industria porcina se encuentra pasando por un buen momento gracias a las oportunidades que tiene el rubro en materia de exportaciones. Teniendo en cuenta esto, los pequeños y medianos productores se encuentran esperanzados de poder ser parte de la bonanza económica a través de políticas de Estado que tengan que ver con financiamiento y otros desafíos operativos que deben superar.
El sector se halla mejor posicionado que en los últimos dos años cuando se habían cerrado unas 12.000 granjas y los costos de producción se encarecieron. Desde setiembre y octubre la situación fue repuntando y la proyección es que este año siga potenciándose. Sin embargo, uno de los principales desafíos con los que cuentan es el acceso a créditos con el Banco Nacional de Fomento (BNF). Así lo indicó el nuevo presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores Porcinos (APPC), Enzo Mannarini, quien conversó con La Nación/Nación Media sobre la gestión que inicia y los puntos que precisan reforzar. “A pesar de haber ido por los canales correspondientes con el Banco Central del Paraguay, nos comentaron que a aquellas empresas que tuvieron saldo rojo en los últimos años no se les puede prestar”, expuso.
Consideró que esto es un contrasentido porque, pese a que los pequeños productores fueron golpeados, precisan de financiamiento para agrandar la producción, pagar las deudas anteriores y aprovechar la bonanza económica que está generándose en la industria al igual que los industriales. “Tenemos que sentarnos a hablar con el BCP, explicarles cuáles son las circunstancias que nos llevaron a estar donde estamos y las perspectivas financieras que tenemos”, comentó.
Agregó que el rubro ya cuenta con mayor capacidad de pago, por lo cual sería factible. “No estamos pidiendo ningún subsidio, sino préstamos a una tasa baja de no más de un dígito y con cierto periodo de gracia porque queremos refaccionar las instalaciones”, añadió Mannarini a LN/NM.
Señaló que una sola granja con 50 madres puede producir un ingreso de unos G. 15 a 20 millones y emplea a 4 personas. “Si a través del crédito podemos reactivar por lo menos 100 granjas de 50 madres, estaríamos generando empleos para 500 personas y estas que tienen una familia de 4 personas estaríamos beneficiando a unas 2.500 personas. Lo necesario son unos USD 150.000 a USD 200.000″, sostuvo.