Según el informe Escenario macro sobre Paraguay de Itaú, la proyección de la inflación para Paraguay bajó, tras ser menor a la esperada en el mes de octubre. Además de otras cifras que también revisaron a la baja para este 2024, quedando así la previsión en 3,7 % del 4,0 % previsto.

Esto, ya que el Índice de Precios del Consumidor (IPC) se situó en 0,0 % mensual en octubre, frente a 0,5 % de hace un año, aunque en el resultado del mes, el comportamiento del grupo alimentos fue mixto, conforme a los datos del Banco Central del Paraguay (BCP).

Este reporte explica que se dieron retrocesos esperados en los precios de los productos hortícolas, que bajaron 12,1 % mensual, aunque fueron compensados por subas en la carne y en las frutas en un 2,1 % mensual y 3,8 % respectivamente.

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Por otro lado, el IPC subyacente que excluye frutas y verduras, precios de servicios regulados y carburantes, se situó en 0,4 % frente a 0,5 % de hace un año. Mientras que la inflación interanual general bajó a 3,6 % en octubre, desde el 4,1 % de setiembre, en tanto que el IPC subyacente descendió a 4,0 % desde 4,1 %.

Para Itaú, la inflación general y subyacente se mantienen dentro del parámetro o tolerancia del objetivo de inflación del BCP, que es del 4 % +/- 2 %. La entidad remarca a la vez que las expectativas de inflación para finales de este 2024 y el próximo 2025 se mantienen estables en 4 % durante varios trimestres.

Y es que para el siguiente año 2025, la proyección de la inflación para Paraguay, se mantendría en el centro del objetivo o meta del BCP de 4,0 %, conforme la estimación de la banca privada. Otro aspecto importante incluido en el reporte, es que con la tasa de interés oficial ya en niveles neutrales, la estimación de Itaú es que se den menos recortes de la FED, con lo que esperan que el BCP mantenga la tasa de interés de referencia en 6 % hasta finales de 2025.

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Los países emergentes tienen un rezago en la construcción y mantenimiento de diversas obras públicas. Afortunada­mente, con las legislaciones de alianza público-privada (APP), los contratos de concesión y llave en mano aprobadas durante el gobierno del entonces presi­dente de la República Horacio Cartes, nuestro país fue logrando importantes avances en la materia.

Como sucede en todas partes, el pro­blema es conseguir los fondos necesa­rios para la construcción de infraes­tructura. Las empresas privadas deben contar con el incentivo necesa­rio mediante una rentabilidad acorde con sus costos. Para ello, la captación de recursos es de vital importancia y la manera de conseguirlos es mediante modernas reglas de juego de carácter normativo.

Precisamente, es lo que viene impul­sando el gobierno del presidente San­tiago Peña con agregados acordes a la experiencia lograda en estos años para volverlos todavía más accesibles para las empresas privadas dedicadas al ramo.

El Ejecutivo, en efecto, ha tomado la iniciativa de modernizar el régimen normativo relacionado a las políticas públicas que hacen a la construcción y mantenimiento de las diversas obras de infraestructura mediante procedimien­tos menos engorrosos y de esa manera aprovechar el grado de inversión obte­nido recientemente. Esto hará que cor­poraciones de porte internacional se interesen en esta área incluso en asocia­ción con empresas nacionales.

Existen importantes fondos en el mer­cado internacional con dinero dispo­nible para su radicación en nuestro país debido a su estabilidad tanto polí­tica como económica cuyo corolario de explicación está en el grado de inversión recientemente obtenido.

De igual manera y en atención a tan importante tema de interés nacional, resulta importante dejar expresado que en ningún modo es necesario romper o debilitar la sostenibilidad fiscal para lle­var a cabo obras de infraestructura.

El involucramiento del sector privado mediante su adecuada redefinición en la búsqueda de la eficiencia y transpa­rencia del sector estatal con incenti­vos en áreas fiscales como de procedi­miento permitirán que los recursos no tengan que ser proveídos únicamente por el Estado con medidas de expansión monetaria y fiscal que, como sabemos, conducen irremediablemente a que­brantos que dañan a los contribuyentes.

Es un error conceptual desde el punto de vista de las finanzas y de la economía, por ende, considerar que el control del déficit fiscal –como se está haciendo en este momento– sea una forma de frenar las obras de infraestructura.

Por el contrario, no podemos darnos el lujo de romper con lo que nos permite ser vistos como estables y seguros ante los mercados internacionales y obtener el grado de inversión.

Los recursos están disponibles en los mercados internacionales para de ese modo no tener que cargar sobre la ciuda­danía los desvaríos de teorías y prácticas fracasadas, motivo por el cual está muy bien lo que el Gobierno pretende hacer mediante medidas fiscales y de proce­dimientos menos burocráticos para el involucramiento del sector privado en las obras de infraestructura.

La tasa de pobreza en América Latina disminuirá 0,5 puntos porcentuales en 2024 respecto al año anterior, para alcanzar al 26,8 % de la población regional, la cifra más baja desde 1990, estimó este martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

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La pobreza afectará en 2024 a 170 millones de latinoamericanos. De esa cifra, 66 millones viven en la pobreza extrema, equivalente al 10,4 % de la población, cuyo nivel de ingresos no permite satisfacer sus necesidades básicas, detalló la Cepal en el documento “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024″ divulgado este martes en rueda de prensa.

Pese a la caída respecto a 2023 (27,3 %), “América Latina ha mostrado en los últimos diez años un progreso lento en la reducción de la pobreza”, agregó el reporte.

Desde 1990 a 2014 la pobreza se redujo de manera sostenida en América Latina, pasando de 51,2 % a 27,7 %. “Pero su reducción se atenuó a partir de entonces y aumentó con la pandemia”, aseguró el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.

Según el organismo dependiente de Naciones Unidas, la lenta disminución de la pobreza se debe a la “baja capacidad (de las economías regionales) para crecer” y “alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social” que presenta la región.

Los países de América Latina alcanzarán este año un crecimiento de 1,8 %, siguiendo una trayectoria de bajo crecimiento económico debido a la alta inflación y a tasas de interés que se mantienen altas a nivel mundial.

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En 2023 la disminución de la pobreza regional fue de 1,5 puntos porcentuales frente al año previo (28,8 %), debido principalmente a la evolución de los indicadores de Brasil.

“El número de personas que salieron de la pobreza en ese país equivale al 80 % de la variación del indicador a nivel latinoamericano”, sostuvo el informe.

Fuente: AFP

El presidente de la República, Santiago Peña, había anunciado la semana pasada el aumento en la creación de empleos en unas 57.000 personas, que forman parte de la recuperación de la mano de obra en el tercer trimestre del año, comparado con el segundo trimestre, según los datos oficiales.

Estos datos fueron analizados por la Dirección del Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). De acuerdo a ese análisis, entre abril y junio del 2024, el país había registrado 2.849.766 ocupados, mientras que, entre julio y setiembre, este indicador se elevó a 2.906.475 ocupados, destacando el incremento de 56.709 empleos.

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Este informe señala, que gran parte del aumento de la población ocupada es parte de los 41.000 empleos adicionales generados en el sector privado. Esto también se debe a las actividades económicas que se dinamiza en términos intertrimestrales del sector de la industria, que creó 36.000 nuevos empleos, al igual que el sector primario con más de 29.000 empleos, mientras tanto, hubo bajas en los sectores de transporte y construcción.

El informe del Ministerio de Trabajo señala que, en cuanto al nivel de desempleo, en el último trimestre se redujo en casi 32.000 personas, bajando de 195.948 entre abril y junio del 2024 a 164.000 entre julio y setiembre, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El aumento de empleo, también tiene un importante incremento en la dinámica de seguro social, ya que los trabajadores son incluidos en el registro del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre setiembre del 2023 y el mismo mes de este año, la cantidad de cotizantes pasó de 710.973 a 753.777, lo que da como resultado un adicional de 42.804 nuevos trabajadores y sus familiares ingresados al seguro social, reflejando un crecimiento interanual del 6 %.

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