El presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, explicó esta mañana el motivo de la discrepancia hacia el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), de ejecutar de manera arbitraria y acelerada obras de construcción de viviendas sociales bajo el concepto de excepción de la Ley 2051.

El representante del gremio de la construcción, en contacto con Universo 970 AM y GEN, señaló que si bien la citada Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas no es perfecta y es la que se tiene; no obstante, se pueden hacer bien las cosas sin tener que recurrir a procesos excepcionales, donde al parecer salen beneficiadas algunas empresas constructoras, a más de existir el Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis), que exigen que se transparente.

Nota relacionada: La Capaco exige que se transparenten procesos de adjudicaciones del Fonavis

Heisecke mencionó que desde que asumió el titular del MUVH, Dany Durad, intentaron acceder al listado de las empresas que forman parte de los denominados Servicios de Asistencia Técnica (SAT), que reciben el dinero y son los que deciden con qué empresas constructoras van a trabajar y muchas de ellas tienen su propia empresa constructora, que se avalan por el Fonavis para poder ser parte de las obras, con lo que se evidencia la poca transparencia y arbitrariedad con que se opera, denunció.

“Hasta el momento no tenemos respuesta a ese pedido, pero de forma extraoficial contamos con un listado y nos sorprende que aparezcan desde agroganaderas, importadoras, exportadoras y evidentemente algunas constructoras, que es lo que nos preocupa”, expresó Heisecke.

Al tiempo de aclarar que no se trata de una lucha de clases sociales de empresas constructoras, ya que también en la Capaco, de las 220 socias, existen pequeñas, medianas y grandes empresas, ya que la justificación de Durand de realizar los llamados de forma rápida y acelerada bajo los estamentos del Fonavis sería que quiere apelar a las pequeñas empresas, a lo que Heisecke ratificó que no debería pasar por esa premisa.

“No queremos una lucha de clases sociales de constructoras, ese no es el objetivo, lo que queremos es que todo el dinero que viene al MUVH sea transparentado y pueda ejecutarse con mucho cuidado bajo la Ley 2051, que es la normativa con la que nos manejamos, la de Contrataciones Públicas, que sabemos que no es perfecta, pero es la que se tiene”, expresó el titular del gremio.

Te puede interesar: Viceministra ratifica que ritmo de endeudamiento no es sostenible

El ingeniero ejemplificó el caso de la donación de Taiwán, parte de ese dinero se está ejecutando para el viaducto 3 bocas a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se realizó una licitación ad referéndum, quedó una empresa y de esa manera hoy está avanzando.

Pero con el mismo fondo, el MUVH licitó unas 600 viviendas para el barrio San Blas, bajo la Ley 2051, pero como excepción, creando criterios en las cuales discrecionalmente adjudica a cualquier empresa, ya que tal excepción le da libertad para terminar la obra de la manera más rápida y como sea. Que es lo que objetan desde la Capaco, ya que alegan desconocer cuál es la urgencia por querer terminar tales viviendas de manera excepcional.