El gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Pedro Halley, manifestó que el número de trabajadores registradas para el cuarto pago es de 35 mil personas que están en suspensión laboral. Agregó que actualmente se está culminando el tercer pago, con lo que se llegó a más de 320 mil pagos a 150 mil personas durante los tres meses, apuntando incluso a un quinto pago.
Lo dijo esta mañana en comunicación con Radio Uno 560 AM, al tiempo de mencionar que terminó el período de tres meses que tenían las empresas para diferir sus pagos a la institución, y que los ingresos están aumentando de a poco de esa manera.
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“No veo ningún impedimento jurídico ni presupuestario para un 5° pago, porque recursos hay y voluntad del presidente de la institución también hay”, aseveró el gerente de Prestaciones Económicas del IPS.
Hay que señalar que ya se ejecutaron US$ 40 millones de los US$ 100 millones asignados dentro de la Ley de Emergencia para mitigar el impacto del COVID-19, y que el remanente de US$ 60 millones no es solo para compensación económica, sino también para dos beneficios más: el subsidio por aislamiento preventivo en caso de positivos y para casos de asegurados con patología base mayores de 65 años.
Dos nuevos beneficios
Halley aseguró que el remanente se usará para el cuarto pago del subsidio a trabajadores con cesación contractual, a los que se sumarán las dos nuevas figuras que incorpora el Estado para el sector de los trabajadores formales, y que hay suficiente reserva para cumplir hasta lo último con los asegurados.
Así mismo, habló de que el número de personas beneficiadas fue decreciendo, ya que en el primer pago fueron 90 mil, para el segundo 80 mil, 58 mil para el tercer pago y las 35 mil personas previstas para el cuarto pago o cuarto mes de suspensión.
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Para acceder al beneficio, denominado Compensación Económica por Suspensión de Contrato, o más conocido como subsidio por desempleo, es el empleador quien debe comunicar al Ministerio de Trabajo su decisión de suspender sus actividades durante o hasta los tres meses con la nómina de los trabajadores suspendidos, recordó.
Dicho proceso es verificado posteriormente por el IPS y se controla si el trabajador no se trate de funcionario público o jubilado, ya que el beneficio es para aquel que tiene ingreso cero. El Ministerio nos pasa la lista, hacemos la verificación de que el trabajador esté inscripto como asegurado y ahí ya se liquida”, acotó.