Hugo Franco, repre­sentante de la Mesa Nacional Intersecto­rial de Competitividad Bana­nera (Menicob), destacó la recepción del Ministerio de Obras Públicas y Comunica­ciones (MOPC) de las ofertas para avanzar con la construc­ción de la Ruta de la Banana. Puntualizó que el hecho res­ponde a un reclamo histórico de los productores.

“Con esto evitaríamos el cruce de las balsas, con todo el peligro que implica y tam­bién brindará muchas facili­dades a aquellos que viajen desde Campo 9 hasta Asun­ción. Para quienes se encuen­tren en el norte del país, con­tarían con un camino más unificado, se puede llegar a Concepción, Pedro Juan Caballero, zonas más fron­terizas”, explicó para La Nación/Nación Media.

Unas 15 empresas presenta­ron sus ofertas para la licita­ción de la construcción de la ruta, que conectará Tembia­porã, Raúl Arsenio Oviedo y José Domingo Ocampos, en Caaguazú, mientras que en Paraguarí se llevará a cabo el asfaltado del tramo Quyqu­yhó-María Antonia. Franco indicó que se prevé iniciar con la obra en diciembre. “Este noviembre se cumple seis años de la presentación de nuestro pedido de la ruta asfáltica. Primero, porque debemos cruzar el lago con los peligros que acarrea, y segundo, porque durante el camino se golpea mucho la banana y se estropea”, señaló, destacando el impacto posi­tivo para miles de producto­res.

La propuesta del MOPC tiene como objetivo principal mejo­rar la infraestructura vial y la calidad de vida de las zonas mencionadas, beneficiando así a más de 50.000 habitan­tes de todos los municipios involucrados.

Las obras se dividirán en tres lotes: el primero abarcará al departamento de Caaguazú, con los distritos de Tembia­porã, Raúl Arsenio Oviedo y José Domingo Ocampos, desde el km 0 hasta el km 21. El lote 2 continuaría los mis­mos distritos, desde el km 21 hasta el km 41,6 km, totali­zando así una extensión de 41,6 km.

El lote 3 abarcará el depar­tamento de Paraguarí, con el tramo Quyquyhó-María Antonia, que sería de 31,5 km. De este modo, cada lote ten­drá un plazo de ejecución de 24 meses desde la notificación de la orden de inicio.

Las pésimas condiciones en que se encuentra la ruta PY01 (exAcceso Sur) preocupan a la ciudadanía, principalmente en el tramo comprendido entre las ciudades de Ypané y Guarambaré. La capa asfáltica está muy deteriorada y presenta cráteres enormes que podrían generar incluso una desgracia para los automovilistas que no conocen la zona.

Ante quejas reportadas, un equipo periodístico del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media efectuó un recorrido por el lugar y mostró que efectivamente el problema vial existe y amerita una inmediata intervención de la cartera del Estado encargada de garantizar el tránsito seguro.

Lo peligroso es que, para eludir los pozos, los conductores tanto de autos, camiones de gran porte y de los buses tienen que pasar necesariamente al carril contrario momentáneamente, con el riesgo de generar un accidente fatal como consecuencia de las bruscas maniobras.

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Se observan profundos baches en el trayecto de la ruta que une Itá y Paraguarí, rumbo a la ciudad de Encarnación, hacia la región sur del país. Así también, la vía alternativa que une una parte de Itá con Nueva Italia y Carapeguá presenta verdaderas zanjas que exigen destreza al volante para evitar caer en ellas y que, aparte de dañar el vehículo, podrían incluso derivar en un accidente fatal.

Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) habían anunciado la renovación de un tramo de 93 kilómetros de la ruta PY01, señalando que seis empresas están compitiendo para ocuparse de las obras de mejoramiento del trayecto Ypané-Quiindy, mientras se aguarda la duplicación de la ruta internacional, aunque no se especifica cuándo iniciarían los trabajos.

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• Por Juan Carlos Lezcano

El senador opositor Rafael Filizzola fue uno de los rostros de la supuesta marcha contra la impunidad y las injusticias que se inició el fin de semana en Caacupé. El legislador lleva más de una década sin responder ante la justicia por los hechos de corrupción por los que fue acusado.

Rafael Filizzola, exsenador y exministro del Interior de Paraguay, fue una de las figuras públicas que participó el lunes en una marcha contra la impunidad y la injusticia que se prevé continuar en distintos puntos del país. Las movilizaciones se iniciaron el fin de semana en Caacupé con un confuso objetivo si es por el acceso a la justicia o una medida de presión para el retorno de la expulsada Kattya González al Senado.

A simple vista, esta acción podría parecer un compromiso genuino con la causa ciudadana de exigir transparencia y rendición de cuentas en un país donde la corrupción y la falta de justicia son problemas estructurales. Sin embargo, la participación de Filizzola en este evento resulta, cuando menos, irónica, considerando las circunstancias que rodean su historial judicial y las estrategias que ha empleado en sus procesos legales.

Filizzola enfrentó varias causas judiciales relacionadas con su gestión como ministro del Interior entre 2008 y 2012. Entre las más destacadas, figura el caso conocido como las “Comisarías de Oro”, donde se lo acusa de lesión de confianza por la adjudicación irregular de un contrato de más de G. 1.100 millones para la construcción y reparación de celdas en comisarías. Según los fiscales, estas obras no fueron concluidas, se realizaron pagos anticipados indebidos y se generó un perjuicio de más de G. 400 millones al Estado.

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A esto se suma el caso de la compra de helicópteros, en el que se lo acusa de irregularidades administrativas durante el proceso de adquisición. Aunque los detalles específicos de esta causa no son tan ampliamente conocidos como los del caso de las comisarías, ambos procesos han estado plagados de retrasos, apelaciones y controversias legales.

Lo que más llama la atención en las causas de Filizzola no son solo las acusaciones en su contra, sino las maniobras legales que han prolongado los procesos por más de una década. El uso de chicanas judiciales —estrategias legales destinadas a dilatar el avance de los casos— ha sido una constante. Incluso, en 2022, un juez declaró la prescripción del caso de las comisarías y sobreseyó definitivamente al exsenador. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema revirtió esta decisión en 2023, indicando que la causa no había prescrito y ordenando que se continúe con el proceso penal.

Además, en abril de 2024, la restitución de sus fueros por parte de la Cámara de Senadores generó indignación en amplios sectores de la sociedad. Esto permitió a Filizzola evitar ser llamado a juicio, al menos temporalmente, y provocó que el fiscal general del Estado presentara una acción de inconstitucionalidad contra dicha decisión.

En setiembre de 2024, las causas judiciales contra Filizzola han superado los diez años sin una resolución definitiva, y se encuentran pendientes de decisiones judiciales y posibles acciones legales adicionales

La participación de Filizzola en una marcha contra la impunidad no solo resulta contradictoria, sino también un ejemplo del doble discurso que tanto daño hace al sistema político y judicial de Paraguay. Mientras que públicamente se posiciona como un defensor de la justicia, en la práctica ha utilizado todos los recursos a su alcance para evitar enfrentarla plenamente.

La lucha contra la impunidad y la injusticia requiere de un compromiso real y coherente, no solo en palabras o apariciones públicas, sino también en los actos individuales. Resulta cuestionable cómo alguien que ha utilizado chicanas para prolongar procesos judiciales y que ha sido beneficiado por decisiones políticas que obstaculizan la justicia puede erigirse como un referente en una causa tan noble.

La participación de Rafael Filizzola en esta marcha pone en evidencia una desconexión entre el discurso público y la realidad de quienes deberían rendir cuentas ante la justicia. Esto no solo socava la credibilidad de quienes lideran estas causas, sino que también afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la posibilidad de construir un Paraguay verdaderamente justo.

Si Filizzola realmente desea luchar contra la impunidad, debería comenzar por dar el ejemplo, enfrentando de manera transparente y sin obstrucciones los procesos judiciales en su contra. Solo entonces, su participación en marchas como esta tendría el peso moral y ético que la causa exige.

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Ayer se abrieron los sobres del llamado a licitación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio­nes (MOPC) para los tra­bajos de mejoramiento y ampliación de la ruta PY01. La convocatoria reclutó a 6 empresas oferentes para la ejecución de las menciona­das obras en el tramo Ypa­né-Quiindy, de unos 93 kiló­metros en la citada ruta, una de las más importantes del país que conecta la capital con la zona sur.

Los benefi­cios del proyecto incluyen la reducción de los tiem­pos de viaje, la mejora de la conectividad regional, la disminución de los riesgos de accidentes y el impulso al desarrollo económico de las comunidades ubicadas en el trayecto. Además de con­tribuir al proceso de dupli­cación de la ruta mediante una alianza público-privada (APP).

Las firmas constructo­ras que se presentaron son Construpar SA., T&C SA, LT SA, Benito Roggio e Hijos SA y dos consorcios; por un lado Paraguarí, integrado por Tecnoedil SA junto con Concret Mix SA, y por otro lado WG de Wheelco SA y el ingeniero Carlos Gueyraud.