“La inseguridad en Alto Paraná está en auge. Estamos cerca de fin de año y las olas delictivas pueden empezar a aumentar”, sostuvo el senador del movimiento Yo Creo, Rubén Velázquez, tras referirse sobre el atraco registrado en la noche de este último miércoles a una entidad bancaria por parte de un grupo de diez delincuentes fuertemente armados.

“Fue un episodio muy importante lo que pasó en Naranjal, un asalto tipo comando con explosivos y armas de grueso calibre. Los pobladores de Alto Paraná están muy preocupados por estos hechos y considero que el Ministerio del Interior tiene que tomar acciones inmediatas”, indicó a los medios de comunicación.

Durante el atraco, los malvivientes esparcieron clavos miguelito por toda la zona y dañaron dos patrulleras policiales y al menos tres vehículos particulares. Según el informe proporcionado por las autoridades del banco, mediante un arqueo se determinó que la cifra sustraída equivale a G. 2.800 millones en billetes de varias denominaciones, entre dólares y reales.

“Voy a reunirme con el ministro Enrique Riera y con mi equipo pediremos informes para tener mayor información sobre los hechos acaecidos. Los datos que pueda obtener serán muy importantes porque me permitirá plantear una declaración de emergencia contra la ola de inseguridad existente, los hechos delictivos aumentan con la llegada del fin de año”, comentó.

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Asimismo, el parlamentario de la oposición dijo que no se puede descartar una posible complicidad policial. “Hay una desidia total de la Policía Nacional, es muy llamativo que el servicio de inteligencia ya tenía conocimiento que se estaban organizando grupos criminales para perpetrar atracos en el departamento, sin embargo no están haciendo nada al respecto. Tres horas después de una alerta policial la entidad bancaria fue sujeto a un asalto”, refirió.

Velázquez acotó que “me preocupa aquí que exista una complicidad por parte de policías. Por qué no actuaron si ellos ya tenían informaciones. Esto es mucho más preocupante más allá de una suerte de desidia o inoperancia”.

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El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las ONG que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.

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“Hoy se abre un camino hacia la transparencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillonarias inversiones. “Este es un curro de $800 millones al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los $775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación invirtió en nuestra educación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no descartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la distribución de esos recursos.

El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa, la formación docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garantizar la inclusión educativa.

Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios problemas educativos. Más del 65% de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resultados son aún más alarmantes: solo el 13% supera los niveles mínimos establecidos por las evaluaciones internacionales como PISA. Además, los docentes enfrentan graves dificultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en condiciones deplorables.

A pesar de los millonarios desembolsos, la situación de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), más del 30% de las escuelas públicas tienen infraestructura precaria, y un 20% no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones adecuadas. Además, el abandono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10% de los estudiantes no culminan la educación primaria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.

Otro punto crítico es la falta de formación y capacitación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limitado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos innovadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las ONG a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.

El FEEI ha financiado proyectos como el programa de primera infancia “Abrazo”, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, y la dotación de tecnología para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magnitud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.

La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacional. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado significativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la eficacia y la correcta ejecución de estos recursos.

El desafío no solo radica en determinar si hubo irregularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los programas de inversión educativa para que realmente beneficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la transparencia parece abrirse con fuerza, y el escrutinio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en beneficio del futuro de Paraguay.

El Poder Ejecutivo emitió el decreto 2868 que reglamenta la Ley de Manejo Integral del Fuego, con la finalidad de optimizar la gestión y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de su aplicación.

De esta forma se busca asegurar una respuesta integral, eficiente y oportuna hacia la prevención de los incendios forestales. A la vez refiere que el Instituto Forestal Nacional (Infona) será responsable de aprobar y publicar anualmente un calendario de quemas, que incluirá los distritos y requisitos necesarios para otorgar permisos. En caso de condiciones climáticas adversas, podrá suspender temporalmente las actividades de quema.

Asimismo, se establece la creación del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales, dependiente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF), como un conjunto de herramientas y procesos diseñados con el objetivo de recopilar, sistematizar, analizar y proveer información necesaria para la detección temprana, prevención, monitoreo y mejora en la capacidad de respuestas ante los incendios forestales.

Durante la jornada de ayer sábado, la Policía Nacional recibió un total 2.121 llamadas en el sistema 911 de los cuales el 75 % fueron de no emergencia, situación que retrasa las atenciones a aquellas personas que realmente necesitan ayuda. Asistieron a 114 casos de violencia familiar en un día.

Según el informe emitido por la institución, durante la jornada del 2 de noviembre ingresaron 2.121 llamadas al sistema de emergencias, de las cuales 1.490 representan a aquellas que no necesitaban de ayuda. La mayoría de estos contactos era de personas que llaman, pero no contestan, así como de niños jugando.

La mayor cantidad de ingresos fueron de ciudadanos que llaman y no contestan, con 1.128 casos registrados ayer, y 120 de aquellos que contactan en forma equivocada. En tanto que, hay personas que marcan para pedir información, que totalizaron 101 llamadas, y también un caso de contacto por mensajería.

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Siguen en la lista los niños que juegan con los aparatos celulares y marcan al sistema 911, en esta oportunidad fueron 44; también figuran los que llaman para insultar o decir obscenidades a las operadoras con 3 contactos y suma la lista las llamadas operativas fueron 29 en total.

Fueron atendidos 631 casos de emergencias reales, entre ellos: 114 hechos por violencia familiar, 133 denuncias e intervenciones por polución sonora y 80 casos por perturbación a la paz pública. La lista sigue con reportes de 64 accidente de tránsito y 10 casos de hurtos o robos, todos fueron asistidos por la Policía Nacional.

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