Con el fin de introducir modificaciones al actual régimen de financiamiento de las campañas políticas, mejorar los mecanismos de control y simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos, un grupo de diputados presentó el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Electoral.

Los diputados Raúl Latorre, Miguel Del Puerto, Rocío Abed, Daniel Centurión y Hugo Meza presentaron el proyecto “que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes Nros. 4743/2012 y 6167/2018”.

El documento argumenta que existe “una preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que han enfrentado las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente”.

Se menciona también que los controles establecidos en la ley actual, resultan excesivos, complejos o pocos accesibles para las agrupaciones políticas, principalmente en las elecciones.

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Entre las modificaciones planteadas se encuentra el reconocimiento anticipado de los movimientos políticos, ya que la ley actual no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas, y con el cambio se establece formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

La digitalización de declaraciones propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

En otro punto se plantea la presentación individual por candidato, que a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Igualmente, se incluye mayor transparencia y fiscalización, previendo la publicación obligatoria en un plazo de diez días hábiles de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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En cuanto a las sanciones, se establece más severidad “en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente”.

Son varias las modificaciones que plantea este documento que ya se encuentra en la Cámara de Diputados para ser analizado, primeramente por las comisiones asesoras y posteriormente ante el pleno.

• Víctor Pavón (*)

Cuando se dice que la competencia es sinónimo de libre mercado, se cree que esa cualidad la define. No es así. La competencia, es cierto, permite a las personas participar en el mercado comprando y vendiendo a sus prójimos, productos y servicios sin privilegios para nadie, cumpliéndose así el principio de igualdad ante la ley.

Mediante la competencia personas y empresas se deben a los consumidores que a cada instante deciden qué comprar, vender o intercambiar der o intercambiar según sus arreglos voluntarios. Nadie es coaccionado en las transacciones de productos, servicios, conocimientos o cualidades relacionadas al talento de una persona.

El vendedor tratará de obtener el precio más alto y el comprador el precio más bajo posible. Para que el intercambio se haga efectivo las partes deberán llegar a un acuerdo donde no es necesario que una entidad u organización (el Estado) les diga a qué precio hacerlo, sencillamente las partes celebrarán la compra venta porque saldrán beneficiadas según el precio voluntariamente acordado.

En el libre mercado no existe tal cosa como aquello de alguien pierde y el otro gana. Las partes salen ganando porque se benefician según sus propias escalas de necesidades y deseos. El comprador desde luego tratará de obtener el precio más bajo posible pero también el vendedor bajará el precio hasta donde todavía siga ganando.

Si entre A y B no hubiera acuerdo tienen la posibilidad de buscar a otros como C, D y más. De modo que si bien la competencia es relevante en la economía de mercado, lo fundamental es la libertad económica; es decir, una cuestión de orden moral por el cual las personas pueden trabajar, comprar, vender, y contratar libremente sin estar sometidas a la voluntad de otros.

Es la autonomía del individuo libre frente a la coerción. Y el daño ocasionado a otros por estafa, robo o mentiras es remediado por el propio mercado excluyendo al agresor.

Estamos ante un proceso virtuoso en el que resulta necesaria la propiedad privada porque nadie puede disponer de lo que no es suyo, al menos que sea un delincuente. De ahí que el libre mercado es sinónimo de libertad y propiedad. No es necesario usar la fuerza para que las personas colaboren entre sí, apoyándose mutuamente. De igual importancia, la economía de mercado no lo creó nadie y el intervencionismo estatal solo acarrea daños y fracasos. El libre mercado es un proceso natural y moral del ser humano mediante un amplio e insustituible orden de cooperación social.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.

Puente Casa de Bolsa, en su objetivo de impulsar constantemente el mercado de capitales local, estructura, emite y coloca bonos corporativos de la firma PTP Paraguay S.A.E. en su tercer programa de emisión de bonos corporativos, por el valor de USD 2.000.000.

Los bonos corporativos de PTP Paraguay fueron emitidos el 10 de abril en la moneda dólares americanos, distribuidos en dos series con plazos de 3,8 y 5,2 años y con una tasa de interés anual del 8,00% y 8,50%, respectivamente, con pagos de intereses mensuales y amortización del capital al vencimiento. La garantía de esta emisión sería a sola firma con codeudoría de PTP Argentina y PTP Uruguay.

La calificadora de riesgo Feller Rate, otorgó la calificación de riesgo “A+py Estable” a la solvencia de PTP Paraguay, reflejando una posición financiera satisfactoria para la empresa paraguaya dedicada principalmente a la logística integral, equipada con una terminal en Villeta.

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Esta infraestructura cuenta con más de 20.000m2 distribuida equitativamente para almacenaje de graneles sólidos y líquidos; como también, se cuenta con 5 hectáreas aptas para contenedores y productos siderúrgicos.

PTP Paraguay es parte de PTP Group, una empresa privada y familiar que inició en 2010 como operador portuario y evolucionó hacia una plataforma logística integral.

Con presencia en Sudamérica y Europa, conecta mercados y regiones con soluciones eficientes y personalizadas. Representantes de PTP Paraguay: Presidente: Hugo Rene Gorgone Directores Titulares: Fernando Hoppe González, Amílcar de Jesús Ayala, y Santiago Galeano Tomboly.

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La Cámara Paraguaya de la Industria del Software (Cisoft) emitió un comunicado informando que la industria nacional constituye un sector estratégico para el desarrollo económico y social del Paraguay. Por eso, desde el gremio reafirman que las empresas tecnológicas están comprometidas con la excelencia del servicio que ofrecen al mercado.

“Como representantes del sector, reafirmamos que las empresas tecnológicas del país están comprometidas con la excelencia del servicio y con la continuidad de las operaciones que sostienen los sistemas financieros, comerciales y gubernamentales. La ciudadanía puede tener la plena seguridad de que estos servicios continuarán funcionado con normalidad, conforme a los más altos estándares técnicos y de calidad”, expresaron en el comunicado.

En ese marco, la Cisoft hace un llamado a todas las partes involucradas en controversias privadas a que sus diferencias sean canalizadas de manera ética, transparente y dentro del marco legal vigente. Afirman que es fundamental que se respete la dimensión técnica y estratégica de la industria, evitando generar incertidumbre que pueda afectar la confianza ciudadana o poner en riesgo infraestructuras clave sostenidas por el software nacional.

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“Recordamos a nuestros asociados, aliados estratégicos, autoridades y ciudadanía en general que el respeto a los derechos de autor y a la propiedad intelectual son pilares fundamentales para el desarrollo de la economía del conocimiento. Asimismo, subrayamos que los acuerdos comerciales, sean en forma de licencias, contratos o convenios, deben ser cumplidos con responsabilidad, garantizando la seguridad jurídica como base del crecimiento sostenido del sector”, refieren.

Finalmente, reiteran su firme compromiso con la construcción de un ecosistema tecnológico sólido, transparente y ético, respaldando el crecimiento de sus asociados, sin embargo, resaltan que también serán firmes en rechazar cualquier conducta que comprometa la integridad del sector y que tomarán las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica como base del crecimiento sostenido de la industria.

“Nuestra visión no se limita a la defensa coyuntural del sector. Trabajamos día a día para que la industria del software sea motor de transformación y competitividad para el Paraguay. Confiamos en que los desafíos actuales serán superados mediante el diálogo y responsabilidad compartida”, termina el comunicado.

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