Desde hace varias semanas obran en poder del Ejecutivo todas las documentaciones remitidas por las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS), en las que se informa sobre el importante remanente existente de los US$ 100 millones destinados al pago de la compensación económica a trabajadores con cesación laboral en el marco de la Ley de Emergencia. Asimismo, se sugiere que el monto del subsidio sea elevado al equivalente al 75% del salario mínimo vigente, es decir G. 1.700.000.
Sin embargo, el desembolso del dinero está sujeto a la firma de un decreto, que debe autorizar si el monto se mantendrá en G. 1.096.000 o se otorgará el aumento. A casi diez días del mes de julio, los trabajadores cesados siguen sin poder acceder a este beneficio que representa un sustituto temporal del salario.
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“El trabajador con contrato suspendido es el que puede acceder al subsidio. Hasta la fecha ya cobraron un primer y segundo pago, equivalentes al 50% de un salario mínimo o G. 1.096.000. En total fueron beneficiadas 150.000 personas aproximadamente”, recordó el gerente de Prestaciones Económicas del IPS, Pedro Halley, a medios estatales.
El Consejo de Administración propuso elevar el monto de la ayuda económica, e inclusive que el pago sea con efecto retroactivo, para que los trabajadores que siguen afectados por la cesación contractual por causa de la pandemia del COVID-19 puedan recibir esta compensación económica. Se incluye a los que perciben más de dos salarios mínimos.
Según datos suministrados por las autoridades de la entidad previsional, la ejecución de los US$ 100 millones alcanzó 25% hasta el momento y tras el tercer pago se llegaría a gastar US$ 47 millones, por lo que seguiría sobrando una importante suma de dinero.