El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promete financiamiento eficiente y productivo para la recuperación económica a través de créditos que impulsen el desarrollo. Durante la presentación de su informe anual ante el Congreso Nacional, el jefe de Estado también esbozó más datos del plan de reactivación de los US$ 2.500 millones, de los cuales US$ 350 millones implicarán nueva deuda.
Abdo Benítez habló del alcance de cada uno de los tres componentes del plan: protección social, inversión pública para empleos y créditos para el desarrollo.
“El plan de reactivación económica se relaciona directamente con el proceso de transformación estructural del Estado, que conllevará un antes y un después de los servicios públicos y el fortalecimiento de la institucionalidad con una visión estratégica que con toda seguridad nos permitirá incrementar la capacidad del país para acceder a los mercados de capitales internacionales”, aseguró.
Dijo que el componente de protección social permitirá prevenir y aliviar la vulnerabilidad social y garantizar un mínimo nivel de ingreso para los ciudadanos. “Lo que permitirá a la economía avanzar hacia la recuperación progresiva con la consigna de no dejar a nadie atrás”, señaló.
Luego indicó que el segundo pilar permitirá contar con más infraestructura y más inversión pública “con alto impacto en el empleo y creando las condiciones necesarias para un desarrollo sustentable”.
“El tercer pilar que va a tener financiamiento eficiente y productivo asegurando los recursos y mejorando las condiciones de acceso al financiamiento para la recuperación económica y para las inversiones a mediano y largo plazo, ofreciendo medidas de acceso al crédito para generar mayor desarrollo, inversiones y crecimiento de las empresas mipymes”, garantizó.
Según lo proyectado por el Gobierno la distribución de los recursos en el plan para revitalizar la economía se hará de la siguiente manera: US$ 1.372,3 millones serán para obras públicas y generación de empleos, US$ 676 millones se destinarán para apoyo crediticio y US$ 465,3 millones para ayudas sociales y formalización de empleos.
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