El Gobierno oficializó este lunes el plan de reactivación económica confirmando que se apelará a un nuevo endeudamiento por valor de US$ 350 millones para intentar salir de la crisis desatada por la pandemia del COVID-19. Pero aclara que la deuda no contempla gastos rígidos ni pago de salarios.

El mismo presidente de la República, Mario Abdo Benítez, presentó en el Palacio de Gobierno el plan y la forma en que se distribuirán los fondos, aunque significó que no serán suficientes.

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El mandatario especificó que de los US$ 2.500 millones que se inyectarán para dinamizar el comercio, US$ 2.150 millones serán reasignaciones y el restante (US$ 350 millones), nueva deuda a ser contraída por el Estado. “Cero uso para gastos rígidos ni salarios”, aseguró el mandatario al tiempo de dar el detalle de la forma en que se utilizarán los recursos.

De los US$ 350 millones, US$ 100 millones serán para el IPS, US$ 80 millones para fortalecer el programa Pytyvõ, que estará orientado principalmente a ciudades fronterizas. Otros US$ 100 millones serán para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para dinamizar el sector de obras y sostener el empleo.

En tanto, US$ 40 millones serán destinados al fortalecimiento del presupuesto de viviendas a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Por último, US$ 10 millones serán de apoyo al Fondo Ganadero y unos US$ 20 millones para el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). “Estamos construyendo el plan de recuperación basado en planes que tuvieron éxito el año pasado”, afirmó el presidente de la República.

El mandatario también aprovechó la conferencia de prensa para ofrecer un informe detallado del uso de los US$ 1.600 millones aprobados en el marco de la Ley de Emergencia para mitigar los efectos del COVID-19.

Dijo que US$ 61 millones se usaron para capitalización y para las pequeñas y medianas empresas, otros 26 millones de la misma moneda fueron para reforzar el programa Ñangareko. A estos se suman US$ 59 millones para pagar las jubilaciones y US$ 82 millones para programas de adultos mayores y Tekoporã, detalló Abdo Benítez.

Añadió que US$ 77 millones fueron para el pago de deuda pública, mientras que US$ 99 millones están disponibles para salud. En tanto, US$ 100 millones fueron para el IPS y US$ 299 millones fueron usados para pago de salarios al funcionariado público (médicos, docentes y fuerza pública). Y por último, US$ 300 millones fueron para Pytyvõ, aseveró.

“Quedan US$ 497 millones a transferir, quedan 400 millones para Salud y el resto es para el tercer pago del programa Pytyvõ y servicios básicos. Quiero aclarar porque hay muchas dudas sobre la utilización de los US$ 1.600 millones”, acotó el jefe de Estado.

En cuanto a la deuda total, el ministro de Hacienda, Benigno López, indicó que es una “deuda razonable” y que no llega al 30% del Producto Interno Bruto (PIB).

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